Desde Santa Fe.
Miguel Lifschitz ordenó esta semana revisar la "causa" por la que canceló la concesión de la autopista Santa Fe Rosario a la empresa Arssa hace apenas cuatro meses y dispuso un plazo de 180 días para concretar "esa revisión definitiva". En diciembre, el gobernador había ratificado un convenio entre su ministro de Infraestructura José Garibay y la concesionaria que extinguió el contrato de "mutuo acuerdo" y liberó a ésta de su obligación de repavimentar el corredor en diez años. Los diputados del Frente para la Victoria denunciaron que esa medida significaba para la provincia un "perjuicio" de 1.554 millones de pesos y le pidieron que la anule. Ahora, Lifschitz la mandó al freezer por seis meses, a pedido del fiscal de Estado Pablo Saccone, quien dictaminó que el acuerdo que negoció Garibay "no logra justificar la solución a la cual se llegó", es decir, no ejecutar las garantías ni sancionar a la contratista. El diputado Roberto Mirabella interpretó que el dictamen de Saccone confirma sus denuncias. "Teníamos razón", dijo. Mientras que su colega y jefe de bloque, Héctor Cavallero, lo consideró "un hecho escandaloso".
La decisión de Lifschitz abre interrogantes sobre el intento de reprivatizar la autopista que también pilotea Garibay. La apertura de ofertas está prevista para este martes 2 de mayo, después haberse postergado dos veces, en marzo y en abril. El mismo día que los diputados del PJ advirtieron sobre el "perjuicio" de los 1.554 millones de pesos, le pidieron a Lifschitz que suspenda esa licitación de la autopista. Y esta semana se supo que legisladores del Frente Progresista hicieron el mismo planteo en una audiencia con el gobernador y Garibay. Si la provincia va a invertir casi 2.000 millones de pesos en repavimentar las dos calzadas -que es lo que no hizo Arssa- "consideramos que el cuidado y mantenimiento del corredor, tranquilamente, lo puede hacer también el Estado", dijo el diputado del PDP, Gabriel Real, a la colega Ivana Fux.
Garibay quedó en la mira porque negoció y firmó el cese del contrato con Arssa, sin dictamen del fiscal de Estado. Es más, Saccone interviene no por Garibay sino a pedido del ministro de Gobierno, Pablo Farías, según se desprende del decreto 1017/07 del 25 de abril, en el que Lifschitz ordenó revisar la causal del "común acuerdo".
El punto de cambio fue un pedido de informes del Tribunal de Cuentas. El expediente pasó al Ministerio de Gobierno y allí el secretario Legal y Técnico "consideró necesaria la intervención del fiscal de Estado". El dictamen de Saccone revela que los "informes" que consideró Garibay "no logran justificar con claridad la solución" a la que llegó el ministro, es decir extinguir el contrato por la causal del "mutuo acuerdo", sin ninguna consecuencia para la concesionaria. Y propuso "una nueva instancia de análisis técnico de las consecuencias económicas de la rescisión del contrato".
La decisión de Lifschitz abre interrogantes sobre el intento de reprivatizar la autopista, que también pilotea Garibay.
"El gobernador Lifschitz nos dio la razón -dijo el diputado Mirabella-, firmó un decreto que somete a revisión el convenio de extinción del contrato con Arssa y encomienda un plazo de seis meses para determinar las responsabilidades de la empresa y de la provincia". "Teníamos razón cuando señalamos que debía intervenir la Fiscalía de Estado, que ahora dice que no se logra justificar la solución a la cual se llegó, es decir de no ejecutar las garantías ni sancionar a las empresas y sugiere una nueva instancia de análisis de las consecuencias económicas derivadas de la recisión del contrato, para determinar las responsabilidades de cada una de las partes".
"Esto determinará si existe algún crédito para el Estado o para la contratista. Teníamos razón en todo: que no había intervenido Fiscalía de Estado y que estaba mal no rescindir el contrato por el incumplimiento de la empresa. Está claro que se actuó mal y que en esta actuación equivocada hubo un daño y un perjuicio contra la administración pública, con cual queremos saber qué va a hacer el gobernador frente a esto, quiénes son los responsables y cómo se los va a sancionar", planteó Mirabella.
Su colega de bloque, Héctor Cavallero coincidió que el dictamen de Saccone "confirmó nuestras denuncias" sobre las "irregularidades" en la salida de Arssa del negocio y ratificó que "a valores actuales, el monto de la obra no ejecutada alcanzaría 1.554 millones de pesos". "Es un hecho escandaloso que venimos denunciando desde hace tiempo. Fundamentalmente, el grado de incumplimiento de Arssa, cuya principal obligación en materia de obras era repavimentar los 313 kilómetros de la traza total, pero en los cinco años de concesión sólo hicieron 75 kilómetros".
"No hacen falta 180 días para evaluar la situación, los antecedentes son suficientemente claros. Las auditorias dicen que hubo un flujo mayor al ofertado y que el estado de la autopista era conocido al momento de ofertar. Es muy grave la situación de la concesión de la autopista y las responsabilidades que le conciernen a los diferentes actores del gobierno".
Cavallero reiteró a Lifschitz que "declare la nulidad de todo lo actuado", cancele el contrato por "incumplimiento de la concesionaria", haga "efectiva la garantía prevista en el contrato" y aplique las "sanciones que correspondan" a todas las empresas que integran el consorcio.
