La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo volvió a regir plenamente en todos los efectores de salud de la Argentina, luego de que el juez federal N° 2 de Mar del Plata, Santiago José Martín, suspendiera este jueves la medida cautelar dictada por su par Alfredo Eugenio López, que había frenado la aplicación de la norma en hospitales públicos nacionales. “Esta resolución es muy importante porque implica que en todos los hospitales y centros de salud del país las interrupciones voluntarias del embarazo se pueden llevar adelante”, destacó en diálogo con Página 12 la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. El magistrado dispuso que sean notificados de su resolución todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad.

El juez Martín concedió el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Salud de la Nación con efecto suspensivo al considerar la “relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y por lo tanto la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso”. Es decir, la cautelar dictada por López quedó sin efecto momentáneamente hasta tanto resuelva el recurso la Cámara Federal de Mar del Plata.

Martín interviene en la causa luego de que el Estado recusara a López, a cargo del juzgado federal N° 4 de Mar del Plata, por su falta de imparcialidad. Como reveló este diario participó en marchas convocadas por sectores “celestes” y se manifestó en Twitter y en programa de televisión en contra de la despenalización y legalización del aborto.

“La resolución del juez Martín es coherente con lo que dice la ley y pone de resalto la gravedad institucional que significa una medida como la que pretendía el juez Alfredo López”, consideró Gómez Alcorta.

El martes, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la ONG tucumana Mujeres x Mujeres se presentaron en la causa como representantes del colectivo de mujeres y personas con capacidad de gestar potencialmente afectadas por la decisión del juez López. También pidieron, en sintonía con el Estado nacional, que se deje sin efecto la cautelar dictada por el magistrado, abierto militante celeste, por ser “inconstitucional e inadmisible”.

Como contó la semana pasada Gómez Alcorta en una entrevista con Página 12, desde enero están trabajando el área jurídica del Ministerio de Salud junto la Procuración del Tesoro, con el acompañamiento de un equipo que se conformó con la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de las Mujeres para responder cada uno de los recursos de amparo que se han ido presentando en distintos juzgados desde sectores conservadores y religiosos para intentar declarar inconstitucional la Ley de IVE, sancionada por el Congreso. Ya presentaron alrededor de treinta, que fueron oportunamente rechazados en su mayoría o se encuentran en trámite.

Este último pedido para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de IVE --que había hecho lugar el juez López--, lo presentó Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado ligado siempre a la derecha y a la Iglesia Católica, que a mediados de los ’90 fue candidato a diputado provincial por el Movimiento por la Dignidad y la Independencida (Modin), del carapitanda Aldo Rico. Y actualmente está procesado, con prisión domiciliaria, en el marco de una megacausa que investiga estafas millonarias cometidas contra la Anses, donde Seri trabajó durante varios años en la seccional Puertos del organismo en la ciudad balnearia.