El martes 22 de junio comenzará a funcionar en el departamente Anta el Juzgado de Personas y Familia con competencia en violencia familiar y género. También se abrirá una Oficina de Violencia Familiar y de Género que contará con un equipo interdisciplinario para recibir denuncias, brindar asesoramiento, realizar informes de riesgo y trabajo estadístico.

En la actualidad se tramitan 2500 causas de violencia familiar y de género en Anta. Por otro lado, hay en trámite 1.800 causas solo del fuero de familia. 

El departamento Anta tiene cinco municipios, Joaquín V. González, El Quebrachal, Las Lajitas, Apolinario Saravia y General Pizarro, localidades que cada semana son noticia por la vulneración de derechos a las mujeres, niñas y adolescentes. 

La jueza de personas y familia con competencia en violencia familiar y de género, Verónica Viarengo, fue designada para este cargo en 2019, pero recién asumió el 14 de junio de este año. La apertura del juzgado estuvo demorada por la falta de presupuesto y por la pandemia.

Respecto a las causas de violencia de género, la magistrada señaló que "hay muchos casos acrecentados y visibilizados por el tema de la pandemia". También indicó que "desde que arrancó el juzgado multifueros (en 2012), estadísticamente se tiene un femicidio por año. A eso hay que sumarle los intentos de femicidio. No estamos hablando de una zona tranquila y pacífica". 

En Anta, la jueza Patricia Rhamer, tenía a cargo múltiples fueros (civil, comercial, laboral, de personas y familia, y luego también violencia familiar y de género) desde 2012, cuando se creó el juzgado en esa jurisdicción. Fue una de las funcionarias que alertó sobre la cantidad de denuncias por violencia contra las mujeres que recibía. 

En la actualidad dijo que el 80% de las denuncias, de 2500 causas en trámite, tienen que ver con violencia contra las mujeres que ejercen sus parejas o exparejas. También indicó que hay 10 causas vinculadas a cuestiones de género pero fuera del ámbito familiar, relacionadas con violencia institucional y laboral y en ámbitos como el de Educación y de la Policía. 

La jueza Viarengo seguirá con el trámite de las causas que ya tramitaba Rahmer y se encargará de intervenir ante las nuevas denuncias. También le compete tomar medidas cautelares en los delitos penales vinculados a la violencia de género. "He visto muchos casos de abusos sexuales, si bien se tratan en sede penal, la jueza de personas y familias se encarga de la protección", explicó. También indicó que estos delitos se cometen sobre todo contra niñas, niños y adolescentes en Anta. 

Por disposición de la Corte, Viarengo también será la "reemplazante natural" del juez de Garantías, Héctor Sebastián Guzmán. 

El horario de atención al público del juzgado será de 8 a 13. Pero, como "La violencia no tiene horario", anunció la jueza que cuando esté cerrado el juzgado, las denuncias deben ser recibidas en las dependencias policiales, y también indicó que se pueden realizar en las fiscalías, en las asesorías de incapaces y que jueces y juezas de paz tienen facultades para recibirlas, aunque detalló que no ha visto nunca que se realicen ante estxs últimxs en la zona. "Cuando es algo grave la Policía se comunica para que por vía telefónica se tomen las medidas cautelares", precisó.

Viarengo dijo que hay pocos policías para garantizar las consignas fijas y que no tienen otros recursos para el cumplimiento de las cautelares. "El ministro de Seguridad (Juan Manuel Puelleiro) dijo que más adelante tratarán de mandar al interior tobilleras electrónicas, botones antipánico, este tipo de tecnología preventiva con la que ahora no contamos".

Tanto Viarengo como Rahmer dijeron que en estos años no hubo denuncias de personas de género no binario en el juzgado multifueros. Viarengo aclaró que el juzgado con competencia en violencia familiar y de género también estará para actuar ante hechos de vulneración de derechos al colectivo LGBT y brindar medidas de protección.

Este miércoles se anunció que también se dará apertura en Anta a la OVIFG. La jueza Rahmer, que estará a cargo de su inauguración, dijo que la Oficina cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por la abogada y prosecretaria Mariana Barrera, por la psicóloga Laura Álvarez y un trabajador social. Estos cargos tienen contratos temporales, la jueza explicó que fue una decisión de la Corte para que empezara a funcionar el espacio y que no se demore por las dificultades de los llamados a concurso en este período de pandemia. Sin embargo, señaló que los llamados a concurso por los cargos se harán después. 

Rhamer destacó que la OVIFG elaborará informes de riesgo a partir de un diagnóstico psicológico y social de cada denuncia que reciban y éstos se enviarán a los juzgados para que se tomen las medidas cautelares. "Lo único que teníamos antes era la denuncia de la víctima y nada más. Ahora la jueza recibirá la denuncia acompañada por un informe de riesgo", precisó. Además, la OVIFG deberá trabajar en la elaboración de estadísticas, entre ellas deberá enviar información para el Registro Nacional de Femicidios "que sirve luego para que se tomen decisiones gubernamentales". 

"La Oficina va a poder recepcionar todas las denuncias. La ciudadanía (de Anta) en 2012 no tenía bien claro lo que significaba la violencia de género, pensaban que solo podían denunciar cuando había lesiones. Con mucho camino recorrido, la gente empezó a comprender que había otras cosas que son violencia de género", manifestó Rahmer.  

La funcionarias destacaron la necesidad de que también haya una fiscalía especializada en violencia de género porque en la actualidad hay una sola fiscala que actúa en todas las causas penales, civiles. También señalaron que falta una defensoría de género para las víctimas, la más cercana se encuentra en el departamento Metán y muchas mujeres pobres que la requieren no tienen acceso por la distancia y el costo que implica trasladarse. 

Entre las necesidades de la zona, también está la de la creación de otra asesoría de menores e incapaces. Viarengo dijo que la creación de estos organismos fue aprobada. Sin embargo, faltan los concursos para las designaciones y la puesta en funcionamiento. Para una asistencia más integral también falta un refugio para derivar a las víctimas.