El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, vinculó recientemente la protesta contra el proyecto de modificación de la ley de ejecución penal con Vatayón Militante, la agrupación surgida durante el kirchnerismo en el ámbito carcelario, y con el Centro Universitario Devoto. Más allá de la efímera existencia de aquél, colocó al CUD como la usina de ideas contra el proyecto que con un tono macartista denominó “ideológicas”. Es decir, hizo uso de distintas falacias argumentales para descalificar legítimos cuestionamientos.

Efectivamente, el proyecto en cuestión genera una fuerte resistencia en distintos sectores –organizaciones defensoras de los derechos humanos, privados de la libertad y sus familias, movimientos y partidos populares, entre otros–, porque afecta conquistas democráticas. El Gobierno, que no sabe cómo resolver un grave problema social, apela a una “solución” oportunista inspirada en un “clamor social”, adobado por los medios masivos de comunicación, donde confunde la mala aplicación de la actual legislación, a partir de casos de gran resonancia mediática, con la existencia de una “mala ley”.

Las señales dadas por el Ejecutivo han despertado legítimas prevenciones y rechazos ya que son conocidas las consecuencias de las políticas de endurecimiento –como las efectuadas bajo el “efecto Blumberg”–, que representaron un fracaso. En cambio, se teme, legítimamente, por la dilución o relegamiento de políticas que estimulan prácticas virtuosas, como el estudio superior, que la comunidad en general ha saludado y que la universidad valora fuertemente por su aporte a la formación académica y al fortalecimiento de valores que ennoblecen al ser humano y contribuyen a la inclusión social.

El CUD es un lugar de estudio y reflexión propio de la práctica científica. Es posible que esta circunstancia haya llevado al ministro Garavano a identificar la reflexión con “la ideología”, como si ella fuera un pecado o un delito. Quizás este incidente tenga la utilidad de anoticiar al ministro de Justicia que la ideología atraviesa no solo los muros de la cárcel sino también las paredes del Ministerio de Justicia y que ésta es una virtud de la sociedad democrática, no un defecto. Para que ello sea efectivo, las garantías constitucionales que el encierro no clausura no tienen que ser obstruidas por las autoridades.

El Programa UBA XXII nació con la recuperación de las libertades democráticas y se ha mantenido a lo largo de más de tres décadas. En todos estos años nadie podría afirmar que las improntas ideológicas existentes en las distintas épocas estuvieron ausentes. Posiblemente, el ministro solo crea conveniente que se practique la ideología del orden, de allí su enojo y el impulso de una legislación que aplica una política restrictiva y conservadora. 

Todos los argumentos esgrimidos desembocan en el señalamiento del CUD como el origen de todos los problemas. El macartismo puesto en práctica y las ideas que se impulsan en el proyecto de reforma se corresponden más con el pasado que con el porvenir que se anuncia en los discursos oficiales. Habría que recordarle al ministro que si hay algún futuro dentro de la cárcel éste se encuentra fuertemente ligado a los centros universitarios que funcionan en el contexto de prisiones que, vale recordar, no son ni sanas ni limpias como establece la Constitución. 

Las nueva ley es la reiteración de fórmulas fracasadas y las declaraciones ministeriales son un ataque a una de las pocas excepciones al estado deplorable existente dentro de las cárceles, que es la presencia de la universidad. 

Parece no importar la labor desarrollada en el Centro Universitario Devoto, por donde han pasado miles de personas y de donde han salido abogados, economistas, licenciados en administración de empresas, sociólogos, psicólogos. Resulta extraño que se realice un cuestionamiento contra el CUD en ocasión de discutirse una norma que implica parte de la población penal. Especialmente cuando se lo realiza identificando al CUD con experiencias pasadas, reflotadas sin ningún pudor, cuya mención pareciera estar más ligada a intereses de la coyuntura política que a la preocupación por el buen funcionamiento de las instituciones.

* Sociólogo; coordinador de Sociología Programa UBA XXII.