Con un Verdurazo frente al Congreso en el que regalaron 10 mil kilos de mercadería, los productores de la UTT reclamaron a los diputados que den tratamiento a la Ley de acceso a la tierra. El proyecto propone la creación de créditos blandos, a la manera de un Procrear Rural, para que quienes se dedican a la Agricultura Familiar puedan ser dueños de los predios que cultivan. Los datos de la organización indican que apenas el 13 por ciento de los quinteros acceden a la propiedad de la tierra.
La sanción de esta ley es reclamada desde 2016, cuando el proyecto se presentó por primera vez, con el primer verdurazo realizado al gobierno de Mauricio Macri. Luego volvió a ser ingresado al Congreso en 2018 y en 2020, ya con un diálogo abierto con el Frente de Todos. De hecho, algunos de los actuales integrantes del gabinete, siendo diputados, dieron su apoyo a la propuesta, como el actual ministro de Agricultura Luis Basterra.
Este año hay una mayor expectativa en que tenga sanción porque el presidente Alberto Fernández recibió en febrero a una delegación de la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas y expresó su respaldo al proyecto. En mayo, en Diputados, se llegó a realizar una reunión conjunta de las comisiones de agricultura y legislación general para tratarlo, pero en concreto el proyecto todavía no obtuvo dictamen favorable.
“Queremos que la ley tenga tratamiento. La situación de los productores hoy está peor por el aumento de los alquileres. Una familia del cinturón hortícola de La Plata está pagando 15 mil pesos mensuales por hectárea y en algunas provincias, como es el caso de Jujuy, el pago del alquiler es es anual, con lo que la familia tiene que juntar cientos de miles de pesos sólo para empezar a trabajar. Por otra parte, el productor tiene insumos dolarizados, como el nylon para los invernaderos o las mangueras de riego, pero cobra en pesos y de manera irregular, y eso genera su empobrecimiento", señaló a PáginaI12 Rosalía Pellegrini.
"Desde la UTT impulsamos la transición hacia la agroecología, reemplazando los fertilizantes y plaguicidas --que son importados-- por bioinsumos, con lo que no sólo se cultivan alimentos sanos sino que los costos de producción bajan hasta un 40 por ciento. Pero para sostenerlo tiene que haber acceso a la tierra, promoción de la agroecología, financiamiento, políticas públicas... no se puede pretender que las familias solas, en territorios cada vez más empobrecidos, cambiemos un modelo de producción. Se necesitan políticas que arranquen desde el acceso a la tierra".
Agustín Suárez, referente también de la UTT, señaló la preocupación que tienen como productores por estar "a mitad de año y que el dictamen de las comisiones todavía no haya salido. La jornada de lucha es para recordar la necesidad de que este proyecto entre en agenda, que termine de ser analizado en comisiones y pueda pasar al recinto".
Frente a la plaza del Congreso se formaron largas colas para recibir los bolsones de verduras frescas. Algunos productores llevaron también plantines de flores, que regalaron a quienes se acercaron. También en Misiones, Río Negro, Chubut, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, y Salta fueron organizados feriazos y verdurazos para mostrar la capacidad del sector, que se estima produce el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el mercado interno.
De cara a los legisladores, los quinteros marcaron la importancia de que apoyen medidas para democratizar la producción de alimentos. “En este contexto de miseria y pobreza que trajo el gobierno neoliberal de Macri y la pandemia, es cuando hay que avanzar hacia un nuevo sistema agroalimentario que garantice el derecho a la alimentación sana, segura y soberana a todos los argentinos y argentinas que pasan hambre”, planteó Zulma Molloja.
Pablo Acota, delegado de la UTT Patagonia, agregó que “desde el campo que alimenta construimos y proponemos un modelo productivo que sea política pública, con acceso a la tierra, agroecología para desdolarizar la producción, diversificación y desconcentración, fortalecimiento de las economías regionales y acuerdos de precios transparentes”.
