Los trabajadores de la salud nucleados en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) suspendieron la medida de fuerza que habían anunciado para este jueves y viernes --en reclamo a sus empleadores por mejores salarios-- debido a que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. La decisión de la cartera que conduce Claudio Moroni, también obligó a los empresarios a levantar el lock out que pretendían llevar a cabo los mismos días en un intento por debilitar el reclamo sindical. Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (Faps) que los nuclea, habían anunciado que iban a suspender por dos días la atención programada de casos no urgentes y aseguran que sólo si el Gobierno les autoriza actualizar los aranceles podrían ofrecer un aumento a los trabajadores. El Ministerio de Trabajo convocó a las partes a una audiencia para el miércoles de la semana que viene pero desde el gremio avisaron que "la lucha no ha terminado".

El plan de lucha del gremio incluía dos días de paro de cuatro horas por turno en distintas clínicas y sanatorios privados, institutos de diagnóstico, geriátricos, psiquiátricos y sectores de emergencias médicas. Los trabajadores reclaman un aumento del 45 por ciento en sus salarios. Sin embargo, más allá de que las negociaciones se vienen desarrollando hace más de un mes, el gremio no consigue que las organizaciones patronales hagan una oferta salarial. 

Por el otro lado, los empresarios de la Faps argumentan que no pueden pagar ese aumento y señalan al Gobierno nacional como el responsable de esta imposibilidad que tienen. En ese sentido, piden que la Casa Rosada autorice a "las financistas" --la Superintendencia de Seguros de Salud, el PAMI y las obras sociales provinciales, entre otros-- a aumentar el costo de las prestaciones y deben ser en un porcentaje similar al 45 por ciento que exigen los trabajadores. "Tenemos los mismos aranceles que en 2019 entonces no hay forma de pagar. Pedimos una actualización por inflación porque en términos reales tenemos un 20 por ciento menos de ingresos que en enero del 2020. Si pagamos un 45 por ciento de aumento salarial el desfasaje es del 60 o 65 por ciento hasta fin de año", expresó en diálogo con Página/12 el presidente de la Faps, José Sánchez. En tanto, el secretario general de Fatsa, Carlos West Ocampo, indicó a este diario que está de acuerdo con eso, pero que los empresarios "deben demostrar su estructura de costos y mostrar los balances", para que el Gobierno acepte el aumento que exigen.

"Aceptamos responsablemente lo resuelto por la Autoridad de Aplicación, pero consideramos que la medida dispuesta es injusta y desproporcionada", opinaron en un comunicado desde el gremio de la Salud tras enterarse de la conciliación obligatoria. También subrayaron que "los empresarios en una demostración acabada de mala fe se han negado a negociar y a formular una propuesta. Los trabajadores solo hemos ejercido el derecho constitucional de protestar y reclamar frente a la irresponsable actitud empresaria". En ese sentido, los trabajadores de la sanidad reclamaron a Moroni a que "inste con el mismo rigor legal a los empresarios a negociar de buena fe y aplique las sanciones que correspondan a quienes se nieguen a negociar".

Los empresarios, en tanto, luego de la conciliación obligatoria, informaron que quedaba sin efecto la suspensión de los turnos programados --medida que se había anunciado por la mañana en la Convocatoria Nacional de Prestadores de Salud de la que participaron más de 700 instituciones de forma virtual-- y puntualizaron que "es muy importante que el Gobierno haya tomado nota del conflicto y busque las soluciones necesarias para lograr un acuerdo. Pero este conflicto no se soluciona solamente entre la Faps y los trabajadores. Si los financiadores no garantizan una actualización de los aranceles, será imposible avanzar en una solución". 

Además de reclamar que el Gobierno autorice el aumento en las cuotas de la medicina prepaga, Sánchez argumentó que "necesitamos actualizar también los aranceles del PAMI y de las obras sociales provinciales, porque IOMA, por ejemplo, el año pasado no dio ningún aumento y tiene dos millones de afiliados". Desde Fatsa dicen que "el Plan de Lucha no ha terminado, solo aceptamos postergarlo unos días para seguir negociando en procura del aumento salarial".