Durante la 16° sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta los ediles decidieron aprobar nuevas medidas para desalentar la realización de las fiestas clandestinas en la ciudad.

Dentro de lo establecido, fijaron un nuevo procedimiento contravencional de excepción para juzgar y sancionar en trámite sumarísimo a los organizadores de estos eventos ante la Justicia de Faltas Municipal. Post sentencia, se tendrá que publicar el nombre de los infractores y las sanciones en Boletín Oficial del municipio. 

La ordenanza tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia, y el juzgamiento de las contravenciones será de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 11.846/20, de fiestas clandestinas. También se dispone que el Tribunal Administrativo de Faltas habilitará un procedimiento de tramitación urgente, y deberá notificar la sentencia en un plazo perentorio de 48 horas. 

La autora del proyecto, Frida Fonseca (Salta Tiene Futuro), expresó en la presentación de la iniciativa que “hay muchas personas que lejos de tener una posición de responsabilidad social y comunitaria, organizan este tipo de eventos clandestinos que ponen en altísimo riesgo a la comunidad por la potencialidad de ser super contagiosos”. Por lo que consideró que estos eventos se convierten en una de las principales vías de la transmisión del virus. 

En ese sentido, sostuvo que es necesario publicar los nombres de las personas que organizan las fiestas clandestinas porque son quienes "están poniendo en riesgo la vida de los salteños". Indicó que mientras hay personas que hacen sacrificios, como los comerciantes, están quienes promueven romper las normas en plena pandemia, afectando no sólo a los jóvenes, sino a todo el círculo familiar de quienes asisten. 

La edil recordó que durante los fines de semana se suelen clausurar entre 15 y 40 fiestas clandestinas en toda la provincia, siendo la Capital el lugar donde más suceden. Por eso cuestionó que no se establezca con celeridad la "sanción máxima prevista en la normativa vigente", la ordenanza N°11.846, que considera multas de hasta $180 mil. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad y encontró el respaldo de los ediles en la sesión, como fue el caso de su par de bancada Raúl Córdoba, que señaló que la iniciativa "tiene que quedar en el tiempo, porque en este tipo de reuniones clandestinas se producen otro tipo de situaciones ilegales”. 

Fue la concejala Susana Pontussi (PARES), quien propuso modificaciones y pidió que se estableza un convenio de articulación con el Ministerio de Seguridad de la provincia, para la ejecución de las infracciones correspondientes. La edil dijo que "la justicia municipal va a poder actuar en tanto y en cuanto haya la posibilidad de demostrar que ha habido un hecho comercial, para esto hace falta la tarea de inteligencia de la policía”. 

Por su parte, Romina Arroyo (STF), propuso que se dé una amplia difusión a la norma como así también a la Ordenanza Nº 11.846, que establece las multas. En tanto, Liliana Monserrat (STF) bregó para que los comercios formales también tomen conciencia de la situación y respeten la normativa vigente.

Cortarle la luz

En referencia a las fiestas clandestinas, también se aprobó sobre tablas el pedido para que la Legislatura de la provincia dé la posibilidad de penalizar a los propietarios de los locales donde se efectúen fiestas clandestinas. 

El proyecto de declaración establece que se vería con agrado que ambas cámaras modifiquen la Ley Provincial N° 8.206, con el objeto de incorporar que se retire el medidor de luz a los propietarios de locales donde se hagan fiestas clandestinas. 

El autor del proyecto, Raúl Córdoba, sostuvo que es necesario “adoptar este tipo de acciones (que) permite acompañar al gobierno de la provincia, para terminar con estos eventos que son totalmente ilegales y ponen en riesgo a las personas”. 

Informó que la medida ya se está llevando adelante en la provincia del Chaco, precisamente en la ciudad de Resistencia.

Un registro de jubilados y pensionados 

Los ediles también dieron el visto bueno para la creación de un Registro Único Tributario y Social de Contribuyentes Jubilados y Pensionados, dependiente de la Municipalidad de Salta, para que los adultos mayores reciban los servicios y beneficios de sus derechos. 

La norma consigna que será el Ejecutivo municipal el que designará a la autoridad de aplicación, y también, podrá firmar convenios de cooperación con el fin de lograr una correcta confección del Registro. Su autor, Julio Romero (STF), aseguró que este registro permitirá que la municipalidad pueda tener una base de datos de adultos mayores, para "generar nuevas políticas públicas destinadas a un sector tan vulnerable”. 

Sobre tablas también se aprobó el proyecto de resolución que requiere a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que agilice la atención al público, otorgue una mayor cantidad de turnos y optimice el sistema de entrega de estos turnos, sea vía web o telefónica. Además, se instó a que haya una mayor disponibilidad de agentes públicos para la atención y abran otras delegaciones dentro del área metropolitana. 

La autora de la iniciativa, Romina Arroyo, dijo que se funda en "la ineficiente atención a los ciudadanos salteños por parte del organismo nacional. Hoy un vecino tiene diez minutos para sacar turno dos veces a la semana y los otorgan de acá a un mes y medio, es denigrante”.

También el municipio deberá construir el monumento "Heroínas de la Patria", de acuerdo a la normativa N° 15507, que remite al emplazamiento de monumentos en el espacio público. En la obra deberán estar representadas aquellas mujeres que tuvieron una actuación relevante en la lucha por la independencia de nuestro país, como Juana Arzuduy. 

“Las mujeres en la época patriota también participaron en el frente de la batalla, algo que la historia y que nuestros monumentos no muestran, porque la historia durante muchos años la escribieron los hombres”, dijo Arroyo.