Un proyecto de ley aprobado este martes por el gobierno español, que lo considera a la vanguardia de la protección de derechos de la mujer en el mundo, aumenta las garantías sobre la libertad sexual de las mujeres, situando al consentimiento expreso como clave para juzgar cualquier agresión.

El proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocido en España como la "ley del solo sí es sí", se inspira en el Convenio de Estambul, la convención del Consejo de Europa de lucha contra la violencia hacia la mujer.

El texto, que ahora debe tramitar el Parlamento español, amplía el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja o la expareja, pues toda violencia sexual se considera violencia machista, como estipula ese convenio.

El consentimiento será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y la violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación, como demanda el movimiento feminista en el país, en especial desde un polémico caso de violación grupal en 2016.

Para eso, se modifica el Código Penal para definir el consentimiento expreso y acabar con la distinción entre abuso y violación, además de incluir como delito leve el conocido como acoso en la calle y perseguir todo tipo de proxenetismo, incluido el alquiler de locales para la explotación sexual.

La norma establece como agravantes de agresiones y violaciones la comisión de los delitos en grupo, el uso de armas, la violencia extrema o el trato degradante, la especial vulnerabilidad de la víctima, que el agresor sea pareja o expareja o tenga relación de parentesco y la utilización de sustancias para anular la voluntad de la mujer.

"Hagamos de nuestro país un lugar más libre y seguro para las mujeres. Con la ley del solo sí es sí protegemos su derecho a la libertad sexual y continuamos trabajando para erradicar la violencia contra ellas. Construyamos una sociedad donde todas/os, vivamos sin miedo y en igualdad", publicó en Twitter el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

"De esta manera España da cumplimiento al Convenio de Estambul sobre la máxima del solo sí es sí, dejando claro que el silencio o la pasividad no significa consentimiento y que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima", destacó en rueda de prensa en Madrid la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El proyecto fue aprobado cuando se cumplen 5 años de la violación grupal de una joven en la popular fiesta de los Sanfermines en la ciudad española de Pamplona, el conocido en España como caso de La Manada, que desató una ola de protestas ante la escasa pena inicial para los cinco agresores, que fueron condenados por abuso sexual, pero no por violación, aunque luego el Tribunal Supremo del país determinó que sí hubo un delito continuado de violación y elevó las condenas. 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció en 2020 haberse inspirado en una ley sueca pionera que considera violación todo acto sexual sin acuerdo explícito desde 2018.

España está considerado como un país de referencia en el ámbito de la lucha contra la violencia machista desde la adopción en 2004 de una ley pionera que introducía la diferencia de género como circunstancia agravante de la violencia.

Según la ONG Amnistía Internacional, solo algunos países europeos definen la violación como un acto sexual no consentido. Algunos países reforzaron recientemente su legislación sobre este tema o valoran hacerlo.

Alemania considera desde 2017 la ausencia de consentimiento como único criterio para definir una violación, mientras que en Francia la ley que fija el umbral del consentimiento en 15 años, y 18 en caso de incesto, fue votada en abril.