Lo que empezó como amague orientado a responsabilizar de la muerte de Alberto Nisman al gobierno anterior, toma cada vez más forma en las decisiones del fiscal Eduardo Taiano. Ayer firmó una lista de medidas que siembran sospechas sobre comunicaciones que mantenía la Cancillería con la Casa Rosada a través de una línea llamada “punto a punto” que sólo funcionaba cuando la Presidencia la habilitaba. Taiano pide específicamente los registros de esas llamadas de diciembre de 2014 a febrero de 2015, si hay constancia de los motivos y qué otras dependencias gubernamentales utilizaban la misma tecnología. En el mismo paquete rechazó convocar a declarar al ingeniero José Luis Manzano, del laboratorio de Salta que realizó el barrido electrónico para rastrear restos de fulminante en las manos de Nisman; rechazó citar a los expertos que sugirieron en una autopsia psicológica que el fiscal no tenía perfil suicida; tampoco admitió interrogar a los peritos informáticos que ya actuaron y ordenó un nuevo peritaje que comienza hoy. Todas eran medidas pedidas por la defensa del informático Diego Lagomarsino. La junta médico-criminalística todavía no terminó de leer el expediente.

Los destinos del expediente sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman comenzaron a virar en dirección a los pedidos de su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, desde el día que reapareció en tribunales el ex jefe de Operaciones de la vieja Side, Antonio Horacio Stiuso, y declaró durante nueve horas. Había estado fuera del país durante más de un año, después de que Nisman apareció sin vida. Ahí el espía dijo su teoría de que al fiscal lo habrían matado, habló de comandos iraníes y salpicó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa declaración –sustancialmente distinta de la primera, de cuatro páginas, que había ofrecido un año antes– fue el puntapié para que la causa se mudara, por decisión de la Corte Suprema, al fuero federal, donde muchos de los jueces acostumbran a seguir los vientos políticos. La investigación está delegada en Taiano, y el juez es Ercolini.

Desde que cambió de fuero, todo lo que sucedió fue que se puso en duda buena parte de lo realizado con anterioridad, incluso las conclusiones de los peritos forenses y criminalísticos. Taiano mandó a hacer todo de nuevo, esta vez con masiva presencia de peritos de la Gendarmería. Hay una junta médico criminalística ordenada desde el año pasado cuyos miembros todavía no terminaron de leer los documentos de la causa. Una nueva cumbre informática comenzará hoy, con los peritos de parte que ya participaron. ¿Qué habían dicho los estudios anteriores? La junta médica había afirmado, con trece de quince peritos (dos de la querella) que no había elementos para afirmar que a Nisman lo mataron. Otra junta criminalística sostuvo con cinco votos de seis expertos que no había señales de que hubiera habido otra persona en el baño donde apareció el cuerpo, ni rastros de que hubiera sido arrastrado. El peritaje tecnológico fue menos concluyente, pero revelaba que la computadora del fiscal tenía actividad el domingo 18 de enero de 2015 por la mañana, lo que va en contra de la teoría de que Lagomarsino, que estuvo el sábado en su casa, tuvo algo que ver.  

En una nueva disposición de medidas firmada ayer, Taiano empieza a apuntar más explícitamente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le pide a la Dirección General de Asistencia Judicial en Delitos Complejos –que depende de la Corte y maneja las escuchas telefónicas– que le diga si las personas denunciadas por Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida, entre ellos el ex canciller Héctor Timerman y la propia CFK, así como ciertos teléfonos a nombre de los Ministerios de Planificación y de Seguridad tuvieron sus teléfonos intervenidos entre diciembre de 2014 y febrero de 2015. Nisman apareció muerto en el medio, el 18 de enero. También pide información sobre los teléfonos de Lagomarsino y del propio fiscal.

En el punto cuarto, Taiano se detiene puntualmente en decir que la Dirección de Tecnología de la Información del Ministerio de Relaciones Exteriores le informó que Timerman utilizaba una línea “punto a punto” “para comunicarse con Presidencia de la Nación únicamente cuando era habilitada por este último organismo”. Por eso le pide más detalles a la Secretaría General de Presidencia, y que informe “con cuántas líneas de estas características cuenta el organismo, las dependencias que ofician de destinatario”, cuál es el prestador de telefonía y las constancias que haya de las comunicaciones de ese verano 2014-2015. Pide registros de fechas, duración de la llamada y motivos. Timerman y la ex mandataria son los blancos principales de la denuncia de Nisman, reflotada recientemente por el juez Ariel Lijo.

En la misma tónica, Taiano rechaza pedidos de los abogados de Lagomarsino. El barrido electrónico que se había hecho en los laboratorios de Salta, los mejores del país, arrojó que no convergían juntos el antimonio, plomo y bario, que es el indicador de fulminante en las manos, pero sí alguno de ellos. Había partículas también. Igual la querella se empeñó en decir que no había fulminante, ergo, que Nisman no se había disparado a sí mismo. Pero no lo que decía el estudio. El fiscal, de todos modos, decidió rechazar la declaración de Manzano, el experto que se ocupó del estudio. Tampoco quiso que declaren los peritos que participaron de la llamada autopsia psicológica, en la que participó Gendarmería. Y rechazó el testimonio de los peritos informáticos, que también tendrán que hacer un nuevo estudio, que hoy comienza.