El principal punto de conflicto en el Frente de Todos respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es si debe establecer un plazo de devolución de la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos de 10 o 20 años. Son 45 mil millones de dólares que Mauricio Macri gestionó entre junio de 2018, cuando la Argentina recibió el primer desembolso del mayor crédito del organismo en su historia, hasta julio de 2019, cuando se concretó el último envío. Semejante cantidad de dinero en apenas 13 meses no logró detener la crisis económica engendrada en esa administración, que terminó en medio de un caos generalizado.

Si la Argentina hubiera recibido 45 mil millones de dólares entre junio de 2020 y este mes, las posibilidades de dar respuesta a la pandemia y al desastre económico que trajo aparejado hubieran sido radicalmente distintas. El IFE, el ATP,  el plan Potenciar Trabajo, la construcción de hospitales e infraestructura, el Repro 2, la Tarjeta Alimentar y todos los demás sistemas de ayuda a empresas y familias hubieran tenido un respaldo sustancial para ampliar montos y cobertura.

Las reservas del Banco Central se encuentran en la actualidad en 42.727 millones de dólares. Al gobierno de Cambiemos se le esfumaron 45.000 millones que le prestó el FMI. Y la fuga total durante sus cuatro años de gobierno llegó a 86.000 millones. Es decir, se patinaron dos reservas.

La referencia es conocida, pero necesaria para encuadrar el debate. De lo contrario se impone el recorte de consultores y medios que acompañaron la etapa del endeudamiento salvaje respecto a las diferencias internas del oficialismo, ocultando su responsabilidad en el desastre que dejaron y hay que reparar.

En lugar de recibir fondos en la emergencia, la Argentina en pandemia tuvo que pagar. Alberto Fernández recordó este viernes que de acá a fin de año hay que devolver 5000 millones de dólares al FMI. En lo que va de 2021 ya se saldaron 900 millones.

El organismo, a su vez, girará al país 4300 millones a fines de agosto o principios de septiembre por la capitalización que decidieron las principales potencias, a modo de socorro de los países asociados por la crisis sanitaria. No se trata de un préstamo, porque no son divisas que haya que devolver. Es un auxilio excepcional, como se implementó en 2008 tras la crisis financiera internacional con epicentro en Estados Unidos.

El Gobierno está avanzando en las negociaciones con el FMI para un acuerdo a 10 años. Martín Guzmán explicó que eso es lo máximo que ofrece el organismo en su estructura jurídica actual. No existen programas a plazos más largos.

El ministro aclara que la Argentina solo firmará un nuevo convenio si incluye una cláusula que garantice que el país accederá a mejores líneas de financiamiento en caso de que el organismo las implemente más adelante. Entiende que el mundo está girando en esa dirección, la misma por la que empuja el gobierno nacional, y que las soluciones se irán conquistando y perfeccionando en el tiempo.

Un ejemplo es el impuesto global a las multinacionales, menciona, que el país reclamó en la cumbre de ministros de Economía del G-20 del año pasado y ahora se está transformando en realidad a partir del impulso del nuevo gobierno estadounidense y el apoyo del G-7.

La estrategia del Gobierno es acordar con el Fondo en las mejores condiciones posibles en la actual coyuntura y lograr nuevos créditos o mecanismos de apoyo más convenientes más adelante.

“Necesitamos una modernización de las líneas de crédito de bancos multilaterales de desarrollo. Los mercados no van a proporcionar el tipo de financiamiento que necesitan las economías para hacer frente a los problemas de desigualdad, cambio climático y digitalización. El multilateralismo es un medio para encontrar soluciones. Somos positivos y esperamos trabajar juntos para lograrlo de manera efectiva”, transmitió el ministro este viernes en su participación en el encuentro de ministros de Economía del G-20, en Venecia.

De todos modos, para firmar un nuevo programa con el FMI el Gobierno exige que elimine la sobretasa por haber excedido el límite de lo que se podía pedir prestado. Como el gobierno de Macri superó largamente el monto del crédito al que podía aspirar el país por su cuota en el organismo, ahora debe afrontar un recargo de entre 900 y 1000 millones de dólares por año en intereses.

Guzmán ya transmitió al Fondo que no hay posibilidad de llegar a un entendimiento si eso no se anula. La diferencia son cerca de 10 mil millones de dólares en diez años. “Es un costo que no podemos aceptar. Si hubo un arreglo político para darle recursos extraordinarios al gobierno de Cambiemos, ahora el FMI tiene que aceptar también una solución política”, dicen en el Palacio de Hacienda.

Máximo Kirchner, desde el Congreso, planteó todo el asunto de otro modo: “¿Ustedes creen que se puede pagar a 10 años el préstamo?”. “Si no nos ponemos de acuerdo a la hora de negociar esta deuda, la inversión que necesita el sector privado va a ser imposible. No se puede servir a dos señores”, advirtió esta semana al exponer en la Cámara de Diputados. “Esto lo tenemos por delante –la deuda- y lo tenemos que solucionar. No me quiero imaginar cómo vamos a hacer compatible el crecimiento y el desarrollo que necesita la Argentina para dar respuesta a la gente con lo que quiere el Fondo”, agregó.

El debate en el oficialismo, en resumen, está dado entre negociar un acuerdo a 10 años y seguir trabajando en la escena internacional para conseguir otros apoyos y financiamiento, o directamente no aceptar un arreglo si no es a 20 años.

En las filas de Juntos por el Cambio no hay voces que reconozcan los errores cometidos ni propuestas sobre cómo avanzar. Las rencillas internas siguen siendo entre aquellos que querían hacer un ajuste de shock y los que sugerían que el ajuste debía ser gradual en los años de gobierno de Macri. Los economistas y dirigentes que aparecen en las listas para las próximas elecciones son esencialmente los mismos que entonces, y sus ideas no han cambiado.