El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que los ex funcionarios macristas que niegan el envío de municiones a Bolivia utilizan argumentos con los que intentan “tomarle el pelo” a la población y sostuvo que a la acusación por el delito de contrabando agravado que podría caberles se suma el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Macri cargó las armas con que la dictadura boliviana masacró a su pueblo”, acusó el funcionario nacional, para ra tificar la investigación iniciada por los gobiernos de Bolivia y de Argentina por el presunto colaboracionismo de la gestión de Juntos por el Cambio en el golpe contra Evo Morales, en noviembre de 2020.

Particularmente, Soria salió al cruce de la versión que algunos ex funcionarios, como la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentan instalar: que las 70 mil municiones enviadas fueron para que Gendarmería defendiera la Embajada argentina en ese país, de las protestas de entonces.

“Para que cada uno de los 11 integrantes (del Grupo Alacrán) que custodió la Embajada gastara esa cantidad de municiones antitumulto, debería haber tirado al menos 30 escopetazos por día adentro de la embajada”, desde entonces y a lo largo de los días hasta ahora, graficó el funcionario durante una entrevista por Radio 10.

“Nos están tomando el pelo, no solo a los argentinos sino también a los bolivianos”, acusó para dejar claro que la evidencia de los hechos va a contramano de la justificación con que el ex gobierno de Mauricio Macri intenta justificar el escándalo que aún se investiga y que podría valerle una denuncia penal internacional.

Al respecto, Soria también ratificó que los responsables de ese envío podrían ser acusados por el delito de “contrabando agravado”, ya que las municiones se habrían enviado “ocultándoselo a la Aduana e informando un destino diferente”, ya que las municiones no fueron a la Embajada argentina en La Paz.

Pero, a la vez, añadió que a esa acusación podría sumársele la de “incumplimiento de los deberes de funcionario” porque omitieron informar al Congreso nacional de ese envío, tal como lo establece la Constitución Nacional. "El Código Penal argentino les queda chico", atizó.

“Falsearon el destino (del material bélico) para que esa autorización no pasase por el Congreso”, acusó el titular de la cartera judicial y enumeró a los funcionarios que, de mínima, tendrían alguna responsabilidad en este hecho: el ex presidente Macri, Patricia Bullrich, el ex canciller Jorge Faurie y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad “por facilitar un avión Hércules” para mandar el cargamento.

También señaló al ex titular de la AFIP Leandro Cuccioli, que tenía bajo su órbita a la Aduana, cuya máxima autoridad era Jorge Dávila; también al ex responsable de la Anmac, Eugenio Cozzi, y a “altos comandos de Gendarmería”.

Para Soria, “Macri cargó las armas con que la dictadura boliviana masacró a su pueblo”, porque a los pocos días de concretarse el golpe contra Evo Morales, las fuerzas de seguridad cometieron “dos matanzas (Sacaba y Senkata) que fueron condenadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos”.

Es decir que “el Código Penal argentino les queda chico”, porque “no solo se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio sino también en otros países y por delitos graves”, concluyó.