Un nuevo reclamo por el sobreseimiento de Yolanda Vargas tuvo lugar ayer en Salta Capital, Colonia Santa Rosa y Orán. Además, se nacionalizó este pedido con manifestaciones en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Buenos Aires. La fiscala Claudia Carreras pidió la elevación a juicio de la causa en la que la mujer está acusado por abandono de persona, por la muerte de sus hijxs de 4 y 6 años en el incedio de la precaria casilla de madera donde vivían. El abogado de la imputada, Pablo Cardozo Cisneros, adelantó que se opondrá al requerimiento fiscal.

En la mañana de este martes, más de un centenar de vecinxs y compañerxs de Vargas de Colonia Santa Rosa se movilizaron hasta la ciudad de Orán para protestar en frente a la Fiscalía. Además, en la ciudad de Salta hubo otra manifestación en la plazoleta IV Siglos con la participación de organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos.

La referenta del Plenario de Trabajadoras, Gabriela Jorge, contó a Salta/12 que la jornada para pedir por el sobreseimiento de Vargas fue nacional ya que se sumaron al reclamo en Tucumán, Santiago del Estero y Buenos Aires, donde se acercaron 450 firmas a la Casa de Salta, entre ellas la del nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Jorge señaló que la fiscala insiste en llevar a Vargas a juicio pese a que el testimonio de un policía da cuenta de todas las conexiones precarias que tenía la vivienda de la mujer. Señaló que la valoración de la funcionaria es que la imputada "no realizó la prevención" del riesgo que implicaban esas conexiones. Además, mencionó que uno de los testimonios en que se basa la fiscala para seguir acusando a Vargas es del progenitor de lxs niñxs. 

Para la militanta, este accionar de la justicia es clasista y consideró que ante la miseria social todas las trabajadoras "podemos ser Yolanda". Indicó que en los  asentamientos las conexiones de electricidad son precarias y que en muchos casos las familias conectan un prolongador para todos los artefactos. Además, mencionó el riesgo que se genera en invierno de incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono en los hogares pobres porque las familias usan braseros para poder calentarse ante las bajas temperaturas. Y señaló que la responsabilidad es del Estado. La historia de Vargas "es un caso testigo que busca amedrentar a las mujeres trabajadoras", aseguró Jorge. Dijo que es una "causa armada" y que "la realidad demuestra que no es una madre dejada que abandonaba a sus hijos". 

Por su parte, Marcela Gutiérrez, referenta de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, que integra la Mesa de Derechos Humanos, dijo a Salta/12 que acompañan el reclamo por el sobreseimiento de Vargas porque consideran que "el Estado es responsable" y viola los derechos humanos, de lxs niñxs y de la madre que tuvo que dejarlos solxs.

Gutiérrez cuestionó que la fiscala haga recaer su acusación sobre la madre, mientras "nadie cuestiona dónde estaba el padre". Un progenitor que no pasaba la cuota alimentaria y por ende "la madre era quien debía buscar el sustento". La referenta consideró que lo único que se está haciendo al acusar a Vargas "es revictimizar a las mujeres". Además, dijo que las políticas de derechos humanos están ausentes en la provincia y que tampoco hay políticas que tiendan a la inclusión de mujeres víctimas de violencia de género y a la inclusión de lxs niñxs.

Jorge señaló que hubo al menos 5 incendios en este período invernal en la provincia, uno en Santa Victoria Oeste que también terminó en tragedia porque murieron dos niños. "Se refuerza la miseria social y hace que todas seamos potenciales Yolanda", manifestó.

La referenta dijo que en Santiago del Estero se solidarizó con Vargas, otra madre, María Lazarte, que perdió a dos hijos en un incendio de su casilla, "y la justicia le quiere quitar la tenencia del hijo que le queda".

Las organizaciones que acompañan el pedido de sobreseimiento de Vargas, invitaron a otras mujeres "que han vivido lo mismo" a sumarse al reclamo, "a las mujeres desalojadas que han encabezado los asentamientos, que están luchando por la vivienda digna". "El Estado es responsable de la miseria social, no las trabajadoras", sostuvo Jorge.

Acompañaron el reclamo por el sobreseimiento el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero- Tendencia, Pan y Rosas, Las Rojas, la organización Coca Gallardo, y Comisión de Familiares Contra los Femicidios.