A esta altura de los acontecimientos, revisar algunos sucesos puede sonar a repeticiones a destiempo, pero que el operativo de búsqueda de Araceli Fulles fuera encabezado por organizaciones políticas y sociales, familiares, vecinxs y amigxs; que un perro de bomberos voluntarios hallara su cuerpo y que Nancy González, una vecina de la villa 1-11-14 y sus amigas reconocieran, persiguieran y obligaran a la Gendarmería a detener a Darío Gastón Badaracco, principal imputado por el femicidio, habla del estado gravoso de los mecanismos institucionales que deben cumplir con el deber de salvar las vidas de niñas, adolescentes y mujeres, principalmente las de sectores pobres, cruzados por todas las violencias imaginables. En el caso de Araceli, el tratamiento de la investigación fue desprolijo, malicioso y de un descreimiento manifiesto que su familia advirtió desde el primer momento. El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, llegó a decir que su par Graciela López Pereyra, a cargo de la causa, lo había dejado irse tres veces a Badaracco después de declarar porque “fue una estrategia de la fiscalía”. Durante un mes, López Pereyra se empacó en sostener la carátula de “búsqueda de persona” y desoír a Mónica y Ricardo, los padres de Araceli, mientras le rogaban que pensara en el delito de trata. “Ella conoce la Justicia, pero nosotros conocemos la calle”, decía Ricardo, que también apuntó desde un primer momento a la casa de Badaracco donde se encontró el cuerpo de su hija tapado entre cal y escombros. “Si nos hubieran escuchado y actuado antes, como les pedíamos, quizá hoy nuestra hija estaría viva.” Nunca se evaluó solicitar asesoramiento a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y recién el día anterior al hallazgo del cuerpo la causa radicada en la UFI N° 2 habría pasado a la UFI N° 14 de Delitos Sexuales.
En casos en los que se denuncia la desaparición de una mujer, la fiscalía debería convocar a una mesa de trabajo de acuerdo con el Protocolo de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que propone la articulación entre las dependencias policiales, los municipios y la propia fiscalía. Permite comunicar la totalidad de casos de personas extraviadas a nivel nacional de manera inmediata a las fuerzas federales de seguridad, cuerpos policiales de todas las jurisdicciones del país, a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro Nacional de las Personas. Para Araceli se podría haber articulado la búsqueda con fuerzas federales a partir de las sospechas de su familia sobre la policía bonaerense, y la colaboración de la Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas dependiente del Ministerio de Seguridad nacional.
Lo que se habría montado, en cambio, fue un carnaval de allanamientos “sucios” en casas y barrios donde a veces ni se tomaban los nombres de los que se hallaban en los lugares, rastrillajes absurdos en terrenos enlodados donde se encontraron objetos personales de Araceli “plantados” y sin una mota de polvo, y recorridas de perros exhaustos en zonas que no figuraban como rutas posibles en el circuito de su desaparición. “Fue todo muy lento”, recuerda Mónica. “Nunca me dijeron tenés que poner un abogado y la fiscal ni siquiera me dio el pésame”. Mientras tanto un barrio entero sabía que esa piba de sonrisa enorme todavía les estaba respirando en la nuca, demasiado cerca de todos. Pero hablar les significaba una muerte segura cuando la policía camina a centímetros de las bandas que gobiernan el territorio. “Tenemos miedo de denunciar porque después nos matan a nosotros o a nuestros hijos. La guerra narco en San Martín no es un invento, y si no fijate en cada esquina, llena de transas y soldaditos”, lamentó una de las vecinas que este lunes marcharon en José León Suárez con la familia de Araceli para pedir Justicia. Los detenidos hasta el momento ostentan una lista alarmante de homicidios y secuestros anudados en un contexto de tráfico de estupefacientes y adicciones pesadas que van destruyendo el cotidiano del barrio y sobre todo de las mujeres, obligadas a pararse de mano, plantarse, poner los puntos, bancarse la que venga, estar picantes, decir una y mil veces “No”.
La violencia de género se les va resignificando bajo la crueldad de nuevos vínculos donde otras y otros se miden todo el tiempo en alerta permanente. La crudeza física y verbal es hija de códigos marginales de un narcotráfico latinizado, que en un sistema de maras somete a las mujeres en roles de mulas, fetiches de jefes, esclavas en un mundo pensado y diseñado por hombres donde se reproducen estereotipos, prejuicios y desigualdades. En esos grupos, ya sea de narcotráfico o narcomenudeo, el machismo es una réplica aumentada del que se reproduce en la sociedad argentina, y los cuerpos de las mujeres se convierten en objetos a ser intervenidos con brutalidad como instrumentos de transporte de droga, de disuasión o combate, y como objetos al alcance de la mano para ser vejados en consumos individuales o grupales.
“La muerte de Araceli no le importó a nadie, ni al Ministerio Público Fiscal ni a la policía, que decía que era una loca”, afirmó esta semana el abogado penalista Damián Odetti. “¿Sabés lo que cuesta tener una fiscalía temática en San Martín? El fiscal (Lapargo) se resiste. No quiere porque tiene una mentalidad retrógrada. Araceli es una piba más que no vuelve a su casa y un botín de guerra de narcos y policías.” A mediados de 2016, Lapargo no autorizó que los fiscales de San Martín firmaran un protocolo contra la violencia de género, en medio de una pulseada política con María Eugenia Vidal y la ex Procuradora de la provincia, María del Carmen Falbo. En 2013, Falbo había firmado una resolución que autoriza la creación de fiscalías especializadas en enfoque de género, pero los fiscales generales, encargados de avanzar con esas unidades, no están obligados.
Ayer, organizaciones de mujeres realizaron un escrache en los Tribunales de San Martín para que den cuenta de sus responsabilidades la fiscal Graciela López Pereyra y el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, por las deficiencias en las búsquedas de Araceli, y en repudio al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, “por estar a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sospechada por la familia Fulles de ser cómplice en la desviación del paradero de la joven”. Se reclamó la creación de la fiscalía especializada en género y un protocolo de emergencia para actuar en casos de desaparición, y advirtieron que la solución a las violencias no es con más penas, más cárcel ni más policías armados en las calles. “Cuando esos discursos se enarbolan, nosotras sabemos que en donde primero rebotarán las consecuencias del punitivismo es en nuestros barrios.”
Carolina Pedelacq, referente del Frente de Mujeres Evita San Martín que participó en la jornada, sostiene que el escrache y movilización apunta al Poder Judicial local por no haber trabajado como debía y por el estado de confusión generalizada que generaron junto con la policía bonaerense durante la búsqueda, con un amontonamiento de datos que culminó en policías desafectados por desviar la investigación, uno de ellos tras comprobarse el parentesco con dos implicados en encubrir a Badaracco. “Nos preocupó que la fiscalía ni siquiera daba información a la familia Fulles. Sabemos que cuando desaparecen mujeres hay altas probabilidades de que no aparezcan vivas. En San Martín, todos los casos de denuncia de violencia de género aun en situaciones extremas siempre son obstaculizados por estos mecanismos judiciales.” Según Pedelacq, en la UFI N° 2 “duermen” los casos de denuncias por violencia de género. “Cuesta que otorguen una restricción perimetral u otras herramientas de protección, y hay registros de denuncias reiteradas de las mujeres. Pero en todas las fiscalías responden que tienen las manos atadas. El sistema judicial no está preparado ni tiene voluntad de analizar determinadas situaciones que sufren las mujeres más allá de algunos casos de violencia familiar y la Comisaría de la Mujer toma denuncias si metés presión. Si vas sola o en situación de vulnerabilidad, no nos llevan el apunte.”
Desde hace tiempo, el Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (OVG) reclama directrices claras de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia sobre cómo debe investigarse desde las fiscalías con una perspectiva de género. Esto es fundamental porque sólo existe una resolución de 2014 que establece la necesidad de conectar causas de distintas fiscalías por un mismo imputado e incluso de las asentadas en el fuero penal y de familia. Badaracco tenía causas previas de la Justicia Penal en el Departamento Judicial de General Rodríguez-Moreno por abuso sexual agravado y lesiones contra sus hijastros de 3 y 5 años respectivamente, que se revelaron después de hallado el cuerpo de Araceli.
La fiscal López Pereyra permitió volver a comprobar la existencia de un patrón común de las investigaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires, en lo que hace a la delegación de las tareas de investigación a la policía bonaerense, que no se cuestionan. “Jamás hemos visto un caso en que un fiscal cuestione las tareas investigativas de la policía. Por el contrario, las fortalece y se asienta en esas investigaciones”, manifestó a este suplemento una fuente que recorre los tribunales de San Martín. “Eso es muy evidente en los casos de narcomenudeo, por las complicidades que la policía tiene con las redes delictivas.”
La coordinadora de la OVG, Laurana Malacalza, considera fundamental que se cumpla con la ley que establece la creación de la Policía Judicial, porque intenta generar una fuerza que active como asistente y ayudante real de las investigaciones judiciales, pero con especialidad propia y secundada por cuerpos de peritos especializados. “Así se podría exigir la especialidad en femicidios, desaparición de personas, en contexto de violencia de género, por ejemplo. De alguna manera le quita poder a la policía, que sabemos de su actuación en los ámbitos territoriales, sobre todo cuando están atravesados por organizaciones criminales.”
En el barrio, Araceli les duele a todxs cada vez más. Las mujeres lloran porque no quieren ni pueden escuchar ningún otro nombre propio devorado por muertes o desapariciones. “Es que son muchísimas las Aracelis anónimas que todas las semanas se nos arrancan de las manos”, clama Gisella Bustos, referente de la Cooperativa 19 de Diciembre que integra la organización local Movimiento Reconquista. Sin embargo, inscribe que la pelea hay que darla mientras existen discursos vacíos sobre la felicidad y en los barrios se habla de lo inmediato, que es pasar el día y parir los lazos y las instituciones que puedan sostener e identificar.
“Dentro de las fronteras de ‘nuestra república’, radican quienes muchas veces han sido expulsados, estigmatizados y escondidos por el sistema –señala–. De todos ellos nuestrxs niñxs, adolescentes y jóvenes, con las mujeres a la cabeza, son lxs más vulnerables. Hay una deuda social incalculable en relación al que debiera ser su derecho más básico: crecer y formarse en libertad, pero libertad verdadera, no la que se escribe en el agua y es promesa de campaña. Por el contrario: pareciera que no tenemos derecho ni a ser víctimas. Siempre en la picota, chivos expiatorios para una inseguridad social que es consecuencia directa de mafias enquistadas en el poder. Pretender no verlo es tratar de esconder el sol con un dedo.”
