Desde Roma

Una larguísima audiencia de siete horas dio comienzo este martes, en el Tribunal de la Ciudad del Vaticano, al proceso por malversación de fondos financieros de la Secretaría de Estado vaticana contra un cardenal y otras nueve personas además de cuatro sociedades.

La audiencia se realizó en la sala multifuncional de los Museos Vaticanos, dado que el Tribunal tiene salas pequeñas y esta vez, teóricamente, iban a participar muchas personas que debían estar alejadas unas de otras según establecen las normas anti covid. Pero, aparte de los abogados defensores y de la parte denunciante, estuvieron presentes sólo dos de los acusados, el cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu y el que fue su secretario privado cuando él estaba en la Secretaría de Estado vaticana, Monseñor Mauro Carlino. Los demás acusados por orden del Tribunal, podrán ser juzgados en ausencia.

El proceso fue motivado, entre otras operaciones financieras dudosas, por la compra de un edificio en Londres en 2014, una operación que salió a relucir en 2019, denunciada por empleados vaticanos y luego confirmada por personal de la Guardia de Finanzas, la policía financiera italiana que se ocupa de descubrir este tipo de delitos. El edificio, ubicado en una zona muy cotizada de Londres (Sloane Avenue), fue pagado más de 200 millones de euros, y al parecer comprendió la entrega de considerables comisiones a los intermediarios. La compra se hizo a través de una cuenta bancaria de la Secretaría de Estado Vaticana donde confluían fondos del Obolo de San Pedro (donaciones de los cristianos para hacer obras de caridad) y del Instituto para las Obras de Religión o IOR, en realidad el Banco Vaticano. Precisamente la Secretaría de Estado vaticana y el IOR son los demandantes de este proceso.

El cardenal acusado

Uno de los principales acusados es el cardenal Becciu, que en el momento de la operación era Sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, donde había sido nombrado en 2011 por el Papa Benedicto XVI y estuvo hasta 2018. Becciu también es sospechoso de haber hecho una donación de cien mil euros a una oficina de la organización católica Caritas, fondos que luego habrían ido a parar a una cooperativa que dirigía un hermano suyo en la isla de Cerdeña.

Otra acusada es Cecilia Marogna, analista política y consejera asumida por Becciu, a la que se acusa, entre otras cosas, de haber recibido 500.000 euros del cardenal pero a través de una organización humanitaria que ella dirigía y destinada en principio a ayudar a los misioneros en países en conflicto. La organización humanitaria, Logsic Humaritarne Dejavnosti, creada en Eslovenia, cuya trayectoria por lo visto no es del todo clara, está incluida en el grupo de las cuatro sociedades imputadas en este proceso. Marogna, por pedido del Vaticano, fue arrestada en Milán en octubre pasado pero luego fue dejada en libertad con la obligación de firma cotidiana ante la policía. También se le sacó el pasaporte. Meses después Marogna inició una causa por “secuestro de persona” contra jueces italianos y vaticanos.

Tres de las cuatro sociedades imputadas, HP Finance LLC con base en Miami (EEUU), Sogenel Capital Investments (en Suiza) y Prestige Family Office (en Suiza y Monaco), son dirigidas por otro de los acusados, Enrico Crasso, quien durante casi 20 años tuvo en sus manos la gestión de los fondos financieros de la Secretaría de Estado. El abogado de Crasso, Luigi Panella, presentó este martes ante los jueces un largo documento en el que fundamentó todos los errores que según él ha cometido la justicia vaticana y que en consecuencia invalidarían las acusaciones. La justicia vaticana tuvo dos años para juntar pruebas en contra de los acusados pero dio a la defensa ocho días para leer toda esa información, dijo Panella. Y se habla de 28.000 páginas. Varios de esos documentos todavía no están a disposición de la defensa, añadió. El abogado Panella también fundamentó cada operación financiera realizada por su defendido y las tres empresas en las que él participa, y que la justicia vaticana pone en duda.

“Soy obediente al Papa que ha querido que yo fuera procesado. Siempre he sido obediente al Papa que me ha encargado de tantas misiones en mi vida. Quiso que tuviera un proceso y acá estoy”, declaró por su parte el cardenal Becciu a los periodistas al salir de la audiencia. Por otra parte, en un comunicado difundido por su abogado, Fabio Viglione, al concluir la audiencia, se aseguró que el cardenal “renueva su propia confianza en el Tribunal” y “espera con serenidad las próximas audiencias que demostrarán su inocencia”. Al mismo tiempo anunció que hará causa por difamación a monseñor Alberto Perlasca y a la señora Francesca Chaouqui por las “graves y falsas declaraciones” dadas durante las investigaciones del Promotor de Justicia, dijo el comunicado.

Próxima audiencia

Después de poco más de una hora en la que los jueces del Tribunal se reunieron para decidir, establecieron que la próxima audiencia del juicio, que en un primer momento estaba programada para el miércoles, se llevará a cabo el 5 de octubre, a fin e dar tiempo a los abogados de recibir todo el material necesario.

En septiembre de 2020, algunos meses después de que el escándalo de la compra del edificio londinense saliera a relucir y después de haber mandado a hacer una investigación sobre el caso, el Papa Francisco destituyó a Becciu de todas sus funciones en el Vaticano (era Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos hasta ese momento). Si bien sigue siendo cardenal, perdió todos los derechos cardenalicios, como por ejemplo el poder votar en el cónclave para la elección de los próximos papas. Y tampoco podrá ocupar cargos de relevancia dentro de la Santa Sede.

Diplomático de carrera de 73 años, originario de la isla de Cerdeña, Becciu se desempeñó en las nunciaturas (embajadas vaticanas) de varios países africanos y europeos. El papa Benedicto XVI lo nombró nuncio en Cuba en 2009 y en 2011 Sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, de hecho sede del virtual primer ministro o secretario de estado vaticano. El papa Francisco, que asumió como Pontífice en 2013, conoció a Becciu cuando trabajaba en la Secretaría de Estado y muchos dicen que nació una buena colaboración entre ambos, entre otras cosas por el conocimiento que Becciu tenía de América Latina y porque hablaba español. Francisco lo consagró cardenal en 2018 y lo nombró también miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

Como corolario de esta investigación y de otros procesos hechos por malversación de fondos del IOR (el banco vaticano), el Papa Francisco en diciembre de 2020 , a través de un decreto papal (Motu Proprio) eliminó las funciones económicas y financieras que tenía la Secretaría de Estado vaticana, pasando esas actividades económicas al ente denominado Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) Sede que deberá a su vez ser controlado por la Secretaría para la Economía.