Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que durante el golpe de noviembre de 2019 en Bolivia se registraron masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles, incluyendo ejecuciones sumarias. "En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas", afirmó en ese sentido la representante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Patricia Tappatá Valdez, durante la presentación del informe final del colectivo en La Paz.
Tappatá Valdez aclaró que el documento no busca dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral en el que Evo Morales resultó ganador constituyeron fraude o un posterior golpe de Estado, ni se tuvo en cuenta la denuncia contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por el envío de armas para reprimir al pueblo boliviano, ya que no es parte del mandato que recibieron. La experta argentina llamó a que el informe "no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó, sino como el nuevo umbral ahora más elevado y exigente de lo intolerable". El presidente Luis Arce recibió el documento y pidió perdón a las víctimas. Además llamó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a acelerar los juicios de responsabilidades y anunció la derogación del Decreto Supremo 4461, que otorgaba amnistía a los calificados como "perseguidos políticos" del MAS.
"El documento del GIEI es importante porque quita cualquier duda de la comunidad internacional. Ha sido independiente, transparente e investigado con mucho cuidado contando por ejemplo con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)", aseguró en diálogo con Página/12 Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información. Por su parte Ruth Llanos, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASOFAMD), destacó: "El informe reconoce las graves violaciones a los derechos humanos. Esto hay que destacarlo porque existen esfuerzos sistemáticos por parte de actores políticos y mediáticos nacionales e internacionales de negar, justificar, invisibilizar o incluso banalizar dichas vulneraciones".
Sacaba y Senkata
Entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, el GIEI entrevistó a testigos de la violencia estatal y paraestatal y escuchó testimonios de organizaciones civiles, autoridades y representantes de instituciones, lo que implicó realizar alrededor de 400 entrevistas y analizar más de 120 mil expedientes.
"La policía y las fuerzas armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas", sostiene el grupo en un extenso informe que, citando varios casos que ponen de manifiesto la represión de las fuerzas estatales, menciona lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Ambas masacres ocurrieron luego de la asunción de la hoy detenida exmandataria de facto Jeanine Áñez. Tras la salida obligada de Evo Morales en noviembre de 2019, la entonces senadora asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quórum ni oposición.
En el caso del barrio de Senkata, en el Alto, el documento revela que no hay evidencias de la justificación esgrimida por el gobierno de entonces, que sostuvo que la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) corría peligro. "Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas", apunta el GIEI. El "uso desproporcionado de la fuerza" es responsable de la muerte de diez personas y de al menos 78 heridos.
El GIEI observa un patrón muy similar en Sacaba, ciudad de Cochabamba, donde la reacción de los militares y de la policía fue "desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes". Producto de los disparos, nueve personas fallecieron y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otros 98 manifestantes resultaron heridos. En el informe se contradice la versión del por entonces ministro de gobierno Arturo Murillo, actualmente detenido por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos, quien acusaba a los manifestantes de ser responsables de los disparos.
El reporte del GIEI también recopila episodios de amenazas y agresiones contra las víctimas de la represión ordenada por el gobierno de Áñez, por ejemplo cuando los manifestantes acudían a los hospitales para ser tratados. El estudio también explica que en las manifestaciones, surgidas en protesta por la renuncia forzada del expresidente Morales, hubo una "participación plural", con personas "que no necesariamente simpatizaban con ningún partido", pero sí "se identificaban en contra de la quema de la wiphala, de la humillación y las vejaciones contra la gente pobre y la discriminación de las cholas". "Estos actos de racismo que se dieron de manera intensiva en 2019 fueron presentados por nuestra asociación en el sistema interamericano. Por eso nos parece muy importante que exista la voluntad política para que el Estado y la sociedad civil cumplan las recomendaciones del GIEI", destacó en ese sentido Llanos.
Recomendaciones del GIEI y compromiso de Arce
La investigadora Tappatá Valdez entregó este martes el informe al presidente Arce, quien estuvo junto a otras autoridades en el Banco Central de Bolivia, mientras se escuchaban de fondo los aplausos y los pedidos de justicia de los asistentes. Tras recibir el extenso trabajo, el mandatario exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar, en el menor plazo posible, un juicio para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019. Luego de leer los nombres de los 37 fallecidos durante la crisis y pedir un minuto de silencio en su memoria, Arce anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del GIEI.
El grupo de trabajo hizo 36 recomendaciones al Estado, destinadas principalmente a la reparación de los daños, la búsqueda de justicia y cambios en la institucionalidad del órgano judicial. El GIEI remarca en su informe que "la justicia y las fuerzas de seguridad quedaron rezagadas en el proceso de cambio" y que "los ciudadanos no confían en ellas las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses".
Comprometiéndose a avanzar sobre esos reclamos, Arce también dijo que va a "desestructurar toda organización parapolicial" citando los casos de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, responsable de la persecución y el ataque a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. El GIEI exige que esos grupos de choque sean disueltos, investigados y reciban consecuencias legales porque, como enfatiza Llanos a este diario, "proyectar un país pluricultural y plurinacional tiene que estar basado en lo que significa la lucha contra los discursos de odio".
