El actual debate en el Congreso Nacional sobre una nueva ley de Compras Públicas nos lleva a revisar los fundamentos y experiencias a tener presente, con el fin de redactar una normativa acorde a las necesidades y exigencias de nuestros tiempos.

Todos los países a lo largo de su historia han utilizado (y lo siguen haciendo) las compras públicas para potenciar el desarrollo de su economía. La capacidad de las mismas para traccionar el entramado productivo local es enorme por los efectos directos e indirectos en la generación de empleo y de empresas, en el impulso a la inversión productiva y a la innovación, y en una potencial mayor salida exportadora. A modo de ejemplo, en Argentina, las compras realizadas por parte del Estado -de manera directa o a través de sus empresas- han permitido a lo largo de la historia el nacimiento y/o fortalecimiento de importantes empresas como SIAM, Techint, IMPSA, INVAP, entre otro sin fin de Pymes nacionales. 

Los Estados (así como sus empresas y los entes privatizados de servicios públicos) gastan todos los años cuantiosas sumas de dinero en obras de infraestructura, compras de bienes y servicios e inversiones en mejoras tecnológicas. Dichas erogaciones se destinan a la construcción de escuelas y hospitales, obras hidroeléctricas, construcción y lanzamiento de radares, equipamiento para la defensa y la seguridad, servicios de limpieza, de asistencia informática, de ingeniería, por nombrar tan sólo algunos. 

Los gastos que realiza el Estado se pueden direccionar a empresas nacionales a través de diversos mecanismos: reservando un parte del mercado, posibilitando un margen de precio mayor al de la oferta internacional, exigiendo a las empresas multinacionales que subcontraten una parte de la obra a firmas locales. Al mismo tiempo, el Estado puede priorizar empresas Pymes, como así también la innovación en determinados sectores estratégicos, un desarrollo territorial equilibrado y el cumplimiento de normas medioambientales, entre otros objetivos.

Este conjunto de iniciativas se observa tanto en economías desarrolladas           –EE.UU., Japón, países de la Unión Europea, Japón o Corea– como en aquellas en vías de desarrollo –Brasil, México o Uruguay–. Según la OCDE, las compras públicas representan entre el 10% y el 15% del PIB, con un promedio de 13% (cifra que también se observa en Colombia). En Argentina, tomando el PIB de 2016, este monto ascendería a 1 billón de pesos ($1.000.000.000.000).

Destinar una porción de esos miles de millones de pesos a empresas argentinas permitiría engrosar la red de proveedores nacionales, generando un círculo virtuoso para la economía en su conjunto. Cuando un área del Estado decide comprarle a una empresa nacional potencia su facturación y el empleo generado, particularmente en las Pymes. Al mismo tiempo, esto impulsa a la empresa a ampliar su planta e, incluso, hacer inversiones en mejoras tecnológicas para alcanzar el estándar de calidad exigido por el Estado. Este camino desemboca en un incremento de su competitividad gracias a mayores economías de escala y a una mayor capacidad innovadora, que le permite ganar mercados externos. Al ampliar la red de proveedores locales que producen y exportan de manera creciente, el Estado multiplica sus ingresos a través de una mayor recaudación fiscal que no se hubiera obtenido si los bienes o servicios fueran importados, ingresos que le permitirán en el futuro retroalimentar este círculo virtuoso. Esto sin contar el ahorro de divisas que genera la producción nacional frente a la compra en el exterior.

La oferta productiva nacional atraviesa los sectores más diversos, con una importante participación de Pymes: desde bienes de capital, equipamiento eléctrico, biotecnología, medicamentos, productos químicos y petroquímicos, hasta calzado e indumentaria, pasando por servicios de ingeniería y de software. Si se destinara sólo una parte del billón de pesos de compras del Estado –tanto a nivel nacional, como provincial y estatal– a este entramado de empresas locales, no sólo se ampliaría la capacidad productiva doméstica sino que además esto permitiría un ahorro de miles de millones de dólares y la generación de cientos de miles de puestos de trabajo.

En conclusión, cuando debatimos una nueva ley de compras públicas y su alcance, estamos poniendo en juego una herramienta clave para pensar nuestro desarrollo en el mediano y largo plazo. Sin dudas, una oportunidad que no podemos desperdiciar.

* Directora de Radar Consultora.