Una nueva resolución judicial, en este caso de la Cámara Federal de San Martín, rechaza los recursos extraordinarios presentados por quienes objetan la obra, clave para resolver la problemática ambiental de los residuos en el distrito. Lo mismo había hecho la Corte Suprema de la Nación un mes atrás.
La resolución lleva la firma de los camaristas Pablo Barral y Alberto Lugones y representa otro importante paso a favor del planteo del municipio que encabeza actualmente Leonardo Boto.
No es el primer revés judicial para la heredera de la fortuna de la familia Terrabusi. Un fallo de diciembre pasado ordenaba retomar los trabajos, pero la otra parte, las asociaciones civiles ambientalistas creadas por Viviana Novelle, interpuso un recurso extraordinario, que es el que acaba de resolverse por la negativa.
Hace apenas un mes, fue la propia Corte Suprema, a través de un fallo con la firma de Horacio Rosati, Carlos Rozenkratz y Ricardo Lorenzetti el que ordenó retomar los trabajos, al desestimar los recursos presentados por la Asociación Civil Nuevo Ambiente, vinculada a Novelle.
Tras el fallo de cámara y la definición del máximo tribunal, esta es la tercera medida judicial en el mismo sentido. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de la orden judicial no parece algo sencillo.
En la parálisis del centro ambiental confluyeron tanto el proceso judicial y la política nacional de motosierra que afecta toda la obra pública. Esta demora genera multas y sobrecargos con el ente financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además del deterioro que produce el paso del tiempo sobre cualquier infraestructura abandonada.
El proyecto quedó en la órbita de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes a cargo de Daniel Scioli y del Subsecretario de Ambiente, Fernando Brom. Ambos fueron denunciados recientemente por incumplimiento de lo dictaminado tanto por la Cámara de San Martín como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su defensa, los funcionarios alegaron en los tribunales que “carecen de personal suficiente en la actualidad para poder abordar en tiempo y forma las distintas labores de su competencia”. De cumplirse la orden judicial y retomarse el proyecto, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires está asignado como supervisor de las obras, y debería ocuparse del seguimiento y control institucional.
El fallo de cámara reiteró el pedido de inclusión social para los recuperadores informales, quienes deben ser considerados dentro de los programas de gestión de residuos y separación en origen.
El mayor basural de la provincia
Una vez en funcionamiento, el centro ambiental reemplazará al mayor basural a cielo abierto de la provincia, cuya historia data de la década de 1970, cuando los camiones empezaron a descargar residuos sólidos en una tosquera abandonada con una extensión de siete hectáreas, que por entonces quedaba muy lejos del casco urbano.
Pero Luján, de acuerdo con censo de 2022, tiene 111 mil habitantes, una cifra que implica un crecimiento demográfico de más del 50 por ciento respecto de medio siglo atrás. El basural quedó dentro de la ciudad. A esta situación, de por sí grave, se suma que, por deficiencias del sistema cloacal, durante años los camiones atmosféricos también descargaron allí.
Los vecinos de la zona relatan que es frecuente que los gases que produce la basura entren en combustión espontánea. Cuando ocurre, emana del fuego un humo denso que reduce la visibilidad y obliga a cerrar momentáneamente el tránsito para evitar accidentes. La vida, entonces, se complica.
Por todo eso es que la resolución del problema del basural, donde se continúan vertiendo residuos, es el principal reclamo de la sociedad civil lujanense. La asamblea ambiental se movilizó numerosas veces los últimos años.
El predio es también el medio de subsistencia de unos 220 recicladores, muchos de ellos cooperativizados a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que trabajan en condiciones precarias y viven al día. En algunos casos, son segunda y hasta tercera generación dedicada a la misma tarea. Entre ellos son frecuentes los problemas respiratorios, gástricos y epidérmicos.
La resolución de este drama implica una dimensión ambiental, una dimensión estructural y otra social, ya que el plan incluye la formalización de esos puestos de trabajo en la planta, que serán adjudicados a quienes hoy cumplen la misma función.
En julio de 2023, para visibilizar el reclamo, se realizó una misa en el lugar, celebrada por el sacerdote en Opción Preferencial por los Pobres Santiago Gómez Tey, a la que asistieron los vecinos, los concejales del oficialismo y el pleno del gabinete, con el intendente a la cabeza.
