El Senado aprobó ayer con modificaciones un proyecto de ley en revisión que modifica el artículo 10 de la Ley 7.888, de Protección contra la Violencia de Género, para que en lugar de imponer una consigna policial a las mujeres que denuncian violencia de género, esa custodia sea impuesta al agresor. 

La iniciativa, de la legisladora por La Caldera, Silvina Abilés, establece que se impondrá consigna policial personal “al agresor denunciado, de acuerdo con lo que el fiscal o el juez considere pertinente, para mayor protección a la víctima”. La senadora defendió su proyecto argumentando que las medidas dispuestas por la Justicia hasta ahora “afectan la vida de las mujeres, porque tener que vivir con un policía que la sigue a todos lados es otro estigma y viola su intimidad, mientras el agresor anda libre y tranquilo por ahí”.

“De esta manera el que vivirá con la consigna y un policía siguiéndolo será el agresor, y las mujeres dejarán de vivir esa doble situación de violencia”, agregó Abilés, que reconoció que para avanzar con la iniciativa se basó en un fallo de la jueza de Violencia Familiar y de Género Noemí Valdez, que decidió dar el primer paso y tomar esa medida contra un agresor.

La legisladora también detalló que como había llegado un proyecto similar al que ella tenía desde Diputados, decidieron, en la comisión que preside, modificarlo y enviarlo en revisión. Pero aprovechó para fustigar a los integrantes de la Cámara Baja porque tienen allí un pedido para conformar una comisión bicameral “y modificar totalmente la Ley 7888, si no vamos a seguir modificando artículo por artículo en lugar de adecuarla”.

También les recordó que aún no trataron un proyecto de su autoría, que duerme desde el año pasado y que propone modificar la Ley de Estatuto del empleado Público para introducir un inciso relacionado con la violencia de género “para que los agentes que incurren en violencia también puedan ser pasibles de sanciones administrativas”.

Ejercicio profesional de la fonoaudiología

Un proyecto sancionado fue el que adhiere a la provincia a la Ley Nacional 27.568 sobre el Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología. El presidente de la comisión de Salud, Manuel Pailler, aclaró que la provincia ya tenía una ley específica al respecto y por la cual se había creado el Colegio de Fonoaudiólogos, “con la nueva ley se amplían sus derechos y posibilidades”. Y rescató lo importante de esa profesión "para la comunicación que se establece a través del habla y el oído”.

A su vez, subrayó que con la adhesión, se incluye un nuevo campo de acción, el de la fonoestomatología, que tiene que ver con las acciones que intervienen en el paso de la saliva y los alimentos. De esta manera podrán prescribir médicamente, algo que no tenían permitido.

Régimen penal juvenil

Nuevamente se pidió la prórroga por un año de la puesta en vigencia de la Ley 8.097 de Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes. El motivo de esa postergación lo explicaron tanto Dani Nolasco como Jorge Soto, en cuanto a que para que pueda cumplirse con la norma, se deben designar fiscales y defensores de menores, algo que aún no se hizo por la falta de presupuesto.

Según informaron a Salta/12 desde la Defensoría de Incapaces y Menores y el Ministerio Público Fiscal, es el Ejecutivo quien en su presupuesto anual debe incluir ese ítem para que desde esos organismos se llame a concurso y se cuente con el dinero suficiente para que ingresen nuevas autoridades. Esta es la segunda vez que se pide prorrogar dicha ley, ahora deberán darle su visto bueno los diputados.

Piden un nueva ley de VIH

Un día antes, la comisión de Salud Pública del Senado recibió a profesionales del Programa de VIH e ITS del Ministerio de Salud Pública para analizar un Proyecto de Ley de Asistencia Integral e Investigación sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, las Infecciones de Transmisión Sexual y las Hepatitis Virales.

La directora del programa, Laura Caporaletti, explicó que la iniciativa busca actualizar la normativa vigente, teniendo en cuenta que tanto la actual Ley provincial 6660, como la Ley nacional 23.798, datan de 1992 y 1990 respectivamente, habiéndose actualizado enormemente los tratamientos y avances científicos tanto en materia de SIDA como de otras infecciones de transmisión sexual, por lo que resulta necesario adecuar las normas tanto a nivel provincial como nacional.

El proyecto de ley declara de interés provincial la prevención, diagnóstico, tratamiento, asistencia integral, rehabilitación e investigación sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y las Hepatitis Virales, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también, las medidas tendientes a evitar su propagación.

Asimismo, declara de interés provincial la prevención y detección temprana de VIH/SIDA, ITS y Hepatitis Virales en la mujer embarazada y establece el carácter prioritario de la prevención de la transmisión perinatal o vertical, con el fin de lograr que el diagnóstico y los tratamientos sean brindados en forma temprana para reducir las infecciones. Y promueve la calidad de vida, la inclusión, permanencia y articulación de redes de personas que vivan con VIH como un mecanismo para eliminar las prácticas discriminatorias y de exclusión, y dispone la derogación de la Ley 6.660.

Caporaletti resaltó que en Salta sigue siendo llamativo el número de casos de VIH pese a una baja en 2020 adjudicada a las restricciones que impuso la pandemia, del mismo modo que los casos de sífilis congénita, poniendo énfasis en el control de embarazadas para evitar la transmisión vertical de las infecciones tanto en la gestación, como en el parto o el periodo de lactancia. Y sugirió ampliar la entrega de leche hasta los 18 meses de vida del bebé y la gestión de un inmueble para uso de pacientes del interior en tratamiento, que pueda quedar bajo administración de alguna de las ONG que trabajan en el tema.

También se reconoció un aumento de la tasa de contagio en la población trans y homosexual y en otros grupos heterosexuales de distintas franjas etarias, para lo que se indicó que es necesario incrementar testeos, difundir el uso del preservativo y avanzar en acciones contra la discriminación.