Los jueces de la Sala IV del Tribunal de Juicio prorrogaron por el término de un año la prisión preventiva de Ian Esteban Caro (20) y Ricardo Nahuel Bonifacio (20), imputados por el femicidio de la docente Sandra Silvia Palomo.

El tribunal hizo lugar al pedido de la fiscala de la Unidad Especializada en Femicidios, Mónica Poma, debido a que estaba próximo a vencer el plazo legal de la prisión preventiva.

La causa ya fue elevada a juicio por la jueza de garantías Claudia Puertas. El Poder Judicial informó a Salta/12 que no está fijada aún la fecha de juicio porque está en trámite el ofrecimiento de prueba. Por este motivo se prorrogó la prisión preventiva para evitar que luego la defensa de los imputados pida la libertad y esto pueda complicar el desarrollo del juicio.

Palomo era docente y tenía 53 años cuando fue asesinada. Su cuerpo fue hallado en inmediaciones del río Arenales el 1 de septiembre de 2019. El día anterior, sus familiares habían denunciado su desaparición.

Caro y Bonifacio están imputados como partícipes secundarios del delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por mediar cuestión de género. Por el mismo delito hay otros dos acusados, D.R.C. (19) y H.E.C. (18), quienes eran menores al momento del hecho. La querella, representada por la abogada Gabriela Arellano, considera a los cuatro jóvenes coautores de ese mismo delito.

En su resolución, los jueces de la Sala IV consideraron que el “peligro de fuga” que justificó la medida cautelar de restricción de la libertad de Caro y Bonifacio se encuentra en plena vigencia. Además, enfatizaron en la peligrosidad que “se ve incrementada en esta etapa procesal ante la inminente realización del plenario”.

Los jueces señalaron que se debe tener en cuenta “la pena prevista por el Código Penal para el delito por el cual llegan requeridos a juicio los imputados y cuya naturaleza es de extrema gravedad”. Además, indicaron que hay “peligro de entorpecimiento” de la causa, por la posibilidad de que los imputados}} puedan influir en los testigos para que estos se comporten "de manera reticente o desleal”.

La investigación penal preparatoria estuvo a cargo de la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, que determinó que el autor del crimen fue un adolescente que tenía 16 años en ese momento y quien por su edad fue declarado inimputable. En su momento la fiscala solicitó al Juzgado de Menores interviniente la imposición de medidas de seguridad con duración indefinida, que se ordene su internación en un centro de régimen cerrado y que sea sometido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico. La fiscala consideró que representa una situación de extremo peligro para la vida y seguridad de terceros, sobre la base del informe del Gabinete de Psiquiatría Forense.

Salinas Odorisio sostuvo en la requisitoria que el 31 de agosto de 2019 este adolescente atacó a Palomo en el estacionamiento subterráneo de un supermercado del barrio Tres Cerritos. Ahí la golpeó y le produjo lesiones mortales con un arma blanca con la finalidad de apropiarse de su camioneta.

La fiscala determinó que la elección de la víctima fue por su condición de mujer vulnerable y sostuvo que la agresividad excesiva ejercida por el homicida configuraría el elemento objetivo en la agravante por la cuestión de género, tal como lo estipula el protocolo para la investigación de femicidios. Resaltó asimismo la edad de la víctima, que se encontraba indefensa y fue sorprendida por el atacante, lo que disminuyó toda posibilidad de defenderse.

Respecto a los cuatro imputados que sí irán a juicio, la fiscala estableció que prestaron ayuda posterior al autor del crimen. Indicó que tenían conocimiento del delito que se iba a cometer, esperaron a que se consumara, y luego colaboraron buscando el lugar propicio para descartar el cuerpo de la víctima. La investigación fiscal también sostuvo que el mismo vehículo de Palomo fue utilizado para transportar su cuerpo, y que los acusados ayudaron "a lavar el rodado, intentando hacer desaparecer los rastros dejados".