El 31 de julio de 1974, una patota de la Triple A sorprendió con una ráfaga de tiros al abogado y diputado nacional peronista Rodolfo Ortega Peña cuando salía de su estudio y lo asesinó. Meses después, su compañero Eduardo Luis Duhalde y Haroldo Logiurato fundaron el Partido Revolucionario de Obreros Argentinos (PROA), una estructura integrada por militantes de las tendencias revolucionarias del peronismo y la izquierda de aquellos años que asistió a obreros perseguidos, registró y denunció los crímenes de la dictadura cívico eclesiástica militar y resistió hasta mediados de 1977, cuando el Ejército y la policía bonaerense la diezmaron en un operativo que quedó para siempre en la historia registrado como la Masacre de Marcos Paz.

45 años después, los propietarios de la casa donde tuvo lugar el hecho la cedieron a hijos e hijas de aquellos militantes, quienes se preparan para convertirla en un “espacio que resguarde y mantenga viva la memoria”.

Claudia Bellingeri tenía 15 años el 25 de mayo de 1977 cuando vio a su papá, uno de los militantes del Grupo PROA, por última vez. Menos de un mes después lo desaparecerían para siempre. Gustavo, uno de sus hermanos --él y Daniel, el tercero, eran demasiado chicos para asistir a la cita con papá Héctor--, es el flamante propietario junto con Noemí “Yiya” Logiurato de la quinta de Montesquieu y Urquiza, recientemente cedida por la pareja formada por Sebastián Ameigeiras y Analía Guzmán.

“Esta cesión es tan importante para nosotros como creemos que es para toda la sociedad ya que es la misma comunidad la que nos devuelve ese lugar donde nuestros padres resistieron hasta lo último”, dice Claudia en diálogo con PáginaI12. El grupo de hijos e hijas de militantes del Grupo PROA, que están en proceso de conformarse como asociación civil, proyectan convertirla en un espacio que “destaque el valor y la trascendencia que tiene en la reconstrucción de la verdad, por más de que sea horrorosa, y el sostenimiento de la memoria”, puntualiza.

Acudió sola a aquella cita en la que su papá, clandestino hacía más de un año, le aseguró que él y el resto del grupo estaban “terriblemente cercados”. Bellingeri compartía militancia en el PROA con Logiurato y su hermano Luis, otros históricos de la resistencia peronista, Liliana Galetti, Carlos Alberto Arias, Ignacio Ikonikoff y Gloria Veinstein, María Virginia Allende y Alicia Contrisciani. Recuerda Claudia: “Eran mis tíos y sus hijos mis hermanos. Éramos una gran familia”.

La gran familia diezmada

El 11 de junio de 1977 un grupo de militares, personal de Inteligencia y efectivos de la Policía bonaerense irrumpió en la casa quinta de Marcos Paz donde el grupo PROA funcionaba en la clandestinidad. “Era su base de operaciones, el golpe fue letal”, señaló Claudia.

El operativo comenzó la noche del viernes 10, cuando un puñado de camiones del Ejército se apostaron en el playón de la Iglesia de la ciudad, a la espera de la acción. El sábado a la madrugada, la patota cayó en la casa y atacó a quienes estaban allí: Bellingeri, Arias, Ikonikoff y Veinstein, según pudieron reconstruir. La masacre duró todo el fin de semana, con el secuestro de otros integrantes que llegaron esos días a la casa en dos autos: Haroldo Logiurato, su hijo Fabián de 15 años, su hermano Luis y su compañera Galetti en uno; en otro José Voloch.

A Allende y a Contrisciani las van a buscar a su casa, vivían juntas, y las trasladan en principio a la quinta, que “fue convertida en un centro clandestino esos días”, cuenta Claudia, quien pudo como el resto de los hijos de las víctimas reconstruir los hechos con el paso de los años y el surgimiento de algunos testimonios de vecinos y militantes que pudieron exiliarse. Blanca Altman, que estaba embarazada e integraba el PROA, fue secuestrada en julio. José Tocco “cayó” el fin de semana de la masacre, pero no se sabe si en el marco de aquel operativo. Se los cuenta como víctimas de la Masacre de Marcos Paz y todes permanecen desaparecides.

La casa

Recién en 1984, les hijes de esos militantes se enteran de la masacre y del lugar donde ocurrió. “Fue en una Marcha de la Resistencia, creo. Estaba dando vueltas y diviso una bandera que decía ‘Desaparecidos de Marcos Paz’ y a mí me resonó ya que sabía que mi papá en algún momento había andado por ahí. Me acerqué y la gente, familiares de desaparecidos de esa ciudad, me contaron de esa casa y del operativo en el que cayeron los del PROA”, reconstruyó Claudia.

“Dijeron que el operativo había sido muy grande, que a los militantes los persiguieron por el barrio, que algunos vecinos participaron de manera involuntaria”, siguió Claudia. Después de aquel hecho, la casa quedó unos meses ocupada por la Policía y luego abandonada. Cuando supieron de su existencia, en aquella Marcha de la Resistencia, algunes hijes de les militantes desaparecides fueron hasta allí y la encontraron en ruinas.

“No había más que una estructura y escombros y entre esos escombros nosotros mirábamos para ver si lográbamos encontrar algo que hablara de nuestros padres. Me acuerdo que ví una colilla de cigarrillo y se me ocurrió que podría haber sido de mi papá”, rememora Claudia.

Entonces, comenzaron a investigar. Dieron con un boleto de compraventa a nombre del que luego supieron que fue el seudónimo de Logiurato, entonces secretario general de PROA junto con Duhalde, fechado en 1976. En esa casa, sus padres intentaron y lograron durante un tiempo “realizar en forma discreta tareas de resistencia a la dictadura militar. Allí se coordinaban luchas sindicales y políticas en la más absoluta cobertura de seguridad ya que muchos de los dirigentes eran intensamente buscados por los militares”, describieron les hijes.

Según lo que pudieron reconstruir, allí se recopilaban testimonios e información sobre la represión de la última dictadura y que sería fundamental para la creación y el funcionamiento de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), que denunció los crímenes desde el extranjero; se resguardó a militantes organizando su salida hacia el exilio y se apoyó a trabajadores y trabajadoras en diferentes puntos del país.

Tras la caída de las leyes de impunidad, radicaron la denuncia sobre los crímenes, que recayó en el Juzgado federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas y se enmarcó en el accionar del Primer Cuerpo del Ejército; aún no ha sido esclarecido. Les hijes no reclamaron la casa, aunque en los últimos años pudieron acercarse a los anteúltimos dueños: pudieron visitar el lugar --la casa propiamente dicha es otra--, que fue señalizado. Durante los años 80, un vecino comenzó a pagar los impuestos y logró convertirse así en su nuevo propietario. El inmueble fue vendido en dos oportunidades hasta llegar a las manos de Sebastián Amigueras y Analía Guzmán. 

Una reparación histórica

Sebastián nació en Marcos Paz. En 2001, cuando empezaba a dejar atrás la adolescencia, fundó una agrupación que editaba una revista, La Mecha, desde donde “empezamos a recuperar la historia de militantes y desaparecidos de la ciudad”, se remonta en su propia historia hasta poder hallar el germen del gesto que tuvo con la la casa donde vivió casi una década.

Supo entonces que la quinta de Montesquieu y Urquiza, en el barrio Capilla de Fátima, había sido escenario de la masacre donde desaparecieron a la mayoría del grupo PROA. En 2010, él y su compañera Andrea, con una hija y un bebé en camino, emprendieron la búsqueda de una casa donde seguir agrandando la familia. “Nos ofrecieron la casa. Lo consultamos con el grupo de hijos de los militantes, que ya conocíamos y nos dieron el ok”, contó Sebastián, que nunca dejó su militancia.

En 2015, se presentó un proyecto de ley en el Municipio para expropiar esa casa con fines de convertirla en sitio de memoria, que no prosperó. En 2019, con un nuevo proyecto de vida en otro espacio, la pareja decidió cederla a los descendientes de PROA. “Todo el tiempo supimos dónde estábamos y hacíamos todo lo posible por reivindicar la historia de lucha que envuelve el lugar. Ahora elegimos cederla a esa reparación histórica en lugar de venderla, pensamos que es un hecho de justicia para los compañeros y sus familiares y un aporte para construir memoria y vida en espacios donde quisieron implantar horror y muerte. Estamos muy felices de poder aportar a eso”, aseguró.