Un joven de 27 años murió ayer en choques con las fuerzas de seguridad en el barrio de Las Mercedes, al este de Caracas, cuando una bomba lacrimógena le impactó en el pecho, informaron el Ministerio Público (MP). 

Con la muerte de Miguel Castillo, de 27 años, la cantidad de fallecidos producto de la crisis que atraviesa Venezuela llegó a 39, dado que horas antes se había registrado el deceso de un manifestante que había sido herido el lunes último. “#AHORA Murió joven Miguel Castillo (27) durante manifestación en Las Mercedes. Fiscalías 34° nacional y 126° del AMC (Área Metropolitana de Caracas) investigarán el hecho”, señaló el MP a través de la red social Twitter.

Efectivos de las fuerzas de seguridad de Venezuela dispersaron ayer con gases lacrimógenos una manifestación con miles de opositores que la principal autopista de Caracas y que pretendía llegar a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el centro de la capital. Mientras los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lanzaban los gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar la protesta, un grupo de manifestantes respondía con piedras, botes de pintura y tarros de excremento conocidos como “puputov”. En la manifestación, algunos diputados como Juan Requesens, Juan Andrés Mejía y el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, difundieron vídeos a través de la redes sociales en los que mostraban lo que, afirmaron, era una “salvaje represión”.

Antes, la Fiscalía de Venezuela informó en un comunicado el fallecimiento de Anderson Dugarte, un mototaxista de 32 años que resultó herido en la cabeza por un “arma de fuego” el pasado lunes en una manifestación en el estado de Mérida (oeste). Dugarte falleció ayer en el Hospital Universitario de Los Andes, en la capital merideña.

Las manifestaciones, que exigen la salida de Maduro mediante elecciones generales, iniciaron el 1 de abril luego de que el máximo tribunal de justicia se adjudicó temporalmente los poderes del Parlamento, único poder que controla la oposición. Los opositores también rechazan la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente popular, por considerar que con ello busca una Constitución a su medida para perpetuarse en el poder. “La moral de este pueblo está más firme que nunca. No vamos a aceptar una Constitución hecha por Maduro y sus amigos”, afirmó Capriles. 

Entonces, la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), controlada por la oposición, aprobó ayer un acuerdo sobre la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto de Maduro con el que convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. En un debate del que sólo participaron los diputados opositores se aprobó el acuerdo “sobre la inconstitucionalidad y nulidad de los decretos sobre la fraudulenta convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente de la república en consejo de ministros”. El encargado de presentar el acuerdo fue el diputado Omar Barboza, quien expuso que la Constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo venezolano si desea que se realice el proceso.

Indicó que aunque en los artículos de la Constitución en los que se establece la Constituyente no se menciona que se debe hacer un referendo, la Carta Magna debe interpretarse “integralmente”, pues señaló que en ella se dispone que debe acudirse a este mecanismo “incluso para asuntos de interés parroquial”. Dijo que Maduro puede tener la iniciativa de la figura, tal como establece el artículo 348 de la Constitución, pero que la convocatoria reside en el pueblo venezolano. En el documento aprobado, los diputados acordaron “denunciar el fraude constitucional” de la convocatoria a esta Constituyente “sin referendo popular, en contravención del artículo 347, conforme al cual el pueblo es el único que en su condición de depositario exclusivo del poder constituyente originario” que puede convocarla. Asimismo, aprobaron denunciar “la usurpación de la convocatoria del poder constituyente originario que corresponde exclusivamente al pueblo”.

Los diputados opositores también pidieron al Poder Electoral, que recibió el pasado miércoles la convocatoria de Maduro, “respeto a la soberanía popular y a la Constitución” pues consideran que debe abstenerse de “dar curso a esa inconstitucional convocatoria”. En ese acuerdo también se aprobó denunciar ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y algunos organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), “la violación de los derechos políticos” de los venezolanos.

La situación de Venezuela genera a su vez preocupación internacional y ayer, el Consejo Permanente de la OEA debió postergar al lunes la definición de una fecha para una reunión de cancilleres dedicada a Venezuela, al no lograr acuerdo sobre una propuesta para el 22 de mayo. Al fin de una confusa reunión en que dejó al descubierto evidentes divisiones, la entidad decidió el Consejo Permanente convoque para el lunes una sesión extraordinaria para tratar de fijar la fecha del encuentro. Originalmente, una propuesta de Canadá sugería que la reunión de cancilleres se realizara en Washington el 22 de mayo, pero la delegación de Ecuador sugirió el día 29 para que no se superponga con la investidura del nuevo presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez afirmó en la red social Twitter que el grupo de países “intervencionistas” de la OEA salió “ampliamente derrotado”. Explicó que durante el encuentro de cancilleres, los representantes de estos países intentaron “modificar el reglamento de reunión de Cancilleres para manipular número de votos a favor de la intervención de Venezuela y salieron derrotados”.