En vísperas del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto legal y Seguro, Amnistía Internacional (AI) celebró que Argentina se haya convertido en “un país faro en la región” con la aprobación de la Ley IVE. Sin embargo, la organización advirtió que, a nueve meses de la sanción de la ley, persisten “barreras en el acceso a la interrupción del embarazo”.

“Amnistía Internacional reitera la importancia de que Argentina se haya sumado a los países que dieron luz verde a esta práctica. Sin embargo, la organización ha documentado que mujeres y personas con capacidad de gestar encuentran barreras en el acceso a la interrupción del embarazo”, dijeron en un comunicado.

Para AI, los principales obstáculos son “falta de información”, “demoras” en el acceso y un “mapa desigual y selectivo” de distribución de los centros de salud donde se garantiza este derecho.

“Uno de los principales obstáculos en el acceso se debe a la ausencia de campañas públicas de información. A ello se suma el colapso del 0800 de Salud Sexual, la línea de consulta sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo”, dijeron.

En ese sentido, la organización está lanzando la web “Derecho al aborto”, para “difundir derechos y datos sobre cómo ejercerlos”.

“Con la aprobación de la ley de aborto, Argentina ha sabido posicionarse como un país faro en la región. Sin embargo, no se ejerce un derecho que se desconoce y en épocas complejas más que nunca debemos estar presentes para garantizar el bienestar de mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “Nuestro aporte consiste en brindar formación e información sobre qué hacer ante obstáculos y cómo denunciarlos, intervenir en litigios para defender y garantizar la implementación de la ley, como, asimismo, promover estrategias para el acceso a la IVE/ILE en cada rincón del país”, agregó.

Por otro lado, AI supervisa acciones judiciales en contra de la norma e interviene estratégicamente en algunos casos. De un total de 35 acciones iniciadas con el objeto de suspender la vigencia de la ley 27.610, 19 fueron declaradas inadmisibles -6 de esos rechazos están confirmados en segunda instancia, y solo 7 continúan en trámite- con lo cual “ninguna ha tenido impacto concreto en la vigencia de la ley”.