El drástico recorte presupuestario en las políticas científicas efectuado por la gestión macrista vino de la mano de un plan de conversión del Conicet en un organismo exclusivamente tecnológico. El objetivo es que la ciencia básica y las llamadas humanidades sean competencia de las universidades y no del principal órgano de investigación del Estado. La cuestión presupuestaria (menor en su incidencia para el presupuesto nacional) escondió la verdadera razón del hachazo al Conicet. Esta situación condujo, a fines de 2016, al intento de dejar fuera del sistema a casi 500 jóvenes investigadoras e investigadores. La movilización de la comunidad obligó al Ministerio de Ciencia a diseñar una solución para reubicar a todos aquellos que habían sido recomendados por las diversas (tres: pares externos, comisión asesora por área, junta de calificación y promoción) instancias de evaluación, para ingresar a la carrera nacional de investigación científica. Este vago y difuso plan de recolocación laboral no resulta satisfactorio, sobre todo para quienes somos investigadores en ciencias sociales y humanidades. Nuestra pertenencia a la carrera de investigación científica está en las bases fundacionales del Conicet y se sostiene en la consideración de que nuestra actuación debe ser política científica del Estado.

No estamos reclamando simplemente un trabajo o libertad temática o recursos para la realización individual y para el reconocimiento profesional. Ingresar al Conicet nos exige excelencia académica y por ello nos sometemos a las más rigurosas normas de evaluación nacional, regional e internacional. Pero, además, en tanto que funcionarios hipercualificados del Estado, nuestro trabajo debe implicar una contribución a la mejora económica, social y cultural de los ciudadanos de nuestro país. Varias ramas centrales de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales indagan teóricamente en las diversas dimensiones de las mismas nociones de “ciencia”, “tecnología”, “ciencia útil”, “conocimiento”, “sentido común”, “sociedad”, “sistema social”, “persona”, “agencia”, “educación”, “salud”, “argumentación”, “fundamentación”, “fundamentación empírica”, “prueba”, “evidencia”, “verdad”, “validez”, “ética” , por nombrar algunas. Nuestro reclamo se dirige a que estas indagaciones sean políticas de Estado y que estén a cargo de especialistas competentes. Consideramos irresponsable que se deje la decisión sobre las políticas científicas en manos de los tecnólogos, quienes no necesariamente detentan un conocimiento teórico crítico sobre mal uso y abusos de las nociones señaladas, las cuales pueden tener y han tenido muchas veces consecuencias indeseadas que han favorecido políticas discriminatorias, excluyentes, estigmatizantes, sesgadas. Se podría objetar que los tecnólogos pueden consultar sobre estos temas a expertos en humanidades y ciencias sociales o incluso convocarlos para sus proyectos estratégicos. Pero no es ese el punto, sino quién diseña la política científica para un país. El Conicet, con su diversidad de áreas, con una presencia de un 25 por ciento de investigaciones en humanidades y ciencias sociales, garantizaba que ninguna disciplina o área estuviera sobre las demás para decidir cuestiones de Estado. El proyecto tecnocrático de Barañao va en la dirección contraria: será una tecnocracia la que decidirá qué aspecto de lo social, lo vital y lo humano de nuestra sociedad debe ser prioritario. 

Los tecnócratas, aún con buenas intenciones, terminarán decidiendo, munidos solo con su conocimiento de sentido común acerca de cuestiones humanas, quiénes deberían ser las y los investigadores en ciencias sociales y humanas a incorporar en sus planes tecnológicos. En definitiva, se delega en una intelligentzia técnica la decisión sobre la producción de conocimiento valioso para la sociedad, siendo la cuestión de los valores, incluidos los valores epistémicos, el área de incumbencia específica de las humanidades, por lo cual éstas no pueden excluirse de los diseños de las políticas de Estado.

* Doctora en Filosofía, investigadora principal del Conicet y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).