Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, María Elena Naddeo y Juan Grabois, entre otros representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, están en alerta porque sostienen que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tomó la decisión de endurecer su posición respecto del conflicto por la recuperación territorial de la comunidad mapuche Quemquemtrew, y viajarán a Viedma para entrevistarse con la mandataria. "Removió al jefe de la Policía que, a su manera, preservaba el orden de sus policías apostados en el cordón que rodea a la Lof, y ahora están a manos de un oficial común, se emborrachan a la noche y empiezan a tirar tiros al aire", dijo a Página/12 Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza. "Están buscando provocar para justificar luego la represión y el desalojo del cerro y del acampe solidario montado allí mismo", agregó. El referente anticipó que la semana próxima van a insistir con la necesidad de establecer un corredor humanitario para asistir a la comunidad que no posee alimentos ni abrigo por el cerco policial que lleva casi un mes.

Hace dos semanas, representantes de la APDH de Argentina se habían reunido con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para expresarle su profunda preocupación por la situación represiva en Cuesta del Ternero, un territorio fiscal reclamado por los pueblos originarios, y que el gobierno de Río Negro pretende reconocer como de propiedad privada. Fueron acompañados por Orlando Corriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche, Newen Loncoman, integrante del Consejo de Comunidades Indígenas, y de la APDH Bariloche. Fernández escuchó "la imperiosa necesidad de generar una mesa de diálogo y asistir con alimentos y abrigos a los pobladores del predio en cuestión, quienes están sitiados por las fuerzas represivas", reveló Naddeo. Esa mañana el ministro de Seguridad había tenido una conversación telefónica con la gobernadora, y luego aclaró ante la comitiva que "de ninguna manera comprometió el envío de tropas federales para intervenir en el conflicto de Cuesta del Ternero", ubicado a 15 kilómetros al noreste de El Bolsón. Aquel encuentro había culminado con la "coincidencia en la necesidad de evitar cualquier despliegue represivo que pueda ocasionar daños físicos y psíquicos a las personas que habitan los territorios, recordando como hechos de absoluta arbitrariedad las intervenciones que llevaron a la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel".

Los integrantes de la Lof Quemquemtrew habían realizado la recuperación del territorio ancestral que ocupa Rolando Rocco, cabeza visible de un entramado empresarial que obtuvo un generoso permiso para explotar el predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos. El martes 21 de septiembre el fiscal Francisco Arrien de El Bolsón mantuvo un intercambio con la Lof y se comprometió a esperar la realización de un trawun de comunidades, que el lunes 27 comunicaría la decisión adoptada en conjunto. Se le había pedido a Arrien el cese del hostigamiento de policías que merodeaban en el territorio. Sin embargo, la fiscal jefe de Bariloche, Betiana Cendón, solicitó al juez Ricardo Calcagno una orden de identificación de personas que devino en desalojo.

"El viernes 24 se desató una cacería violenta contra la comunidad, vulnerando y violando sistemáticamente los derechos humanos. Más de 50 efectivos de la policía pertenecientes a la COER (Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate) fueron responsables de la balacera, en un procedimiento que está prohibido por leyes y pactos internacionales respecto del tratamiento de pueblos indígenas. Hubo cuatro detenidos y se les abrieron causas por usurpación", expresaron en un comunicado desde la comunidad violentada, a la que le habían quitado todas sus pertenencias. "Llegaron los policías, me apuntaron, me tiraron al piso, y me pusieron una rodilla en la espalda", contó Antu Morales, de 8 años. Al día siguiente los uniformados volvieron, dispararon balas de plomo y no hubo víctimas por milagro.

Desmilitarizar Cuesta del Ternero

Desde hace 22 días no hay libre tránsito por el paraje, la policia está en el camino, revisan al transporte escolar que lleva a los chicos a la escuela y a los vecinos que deben cruzar. En el acampe solidario cuesta mucho conciliar el sueño por los tiros al aire que disparan por la noche los policías del cerco. Las organizaciones creen que buscan provocar una reacción y poder desalojar el cerro y el acampe. Y en el territorio en disputa un puñado de personas resiste. "Algunas cosas les llegan, por la solidaridad de los vecinos, pero están jugando al agotamiento y al desgaste, la posición de Carreras es secar la recuperación", expresó Pimentel. "En aquella reunión Fernández se comprometió a no enviar fuerzas federales, y la gobernadora mintió al decir que el ministro de Seguridad había prometido mandarle a la Gendarmería", agregó. 

Las fotos con maquinaria vial incendiada difundidas por algunos medios, y una supuesta RAM adjudicándose tal acción, tampoco favorecen al diálogo. Diferentes voceros que defienden la recuperación ancestral sospechan que se trata de montajes de la propia policía, tal como suele suceder al otro lado de la Cordillera. Los habeas corpus presentados por la APDH y el CELS han sido rechazados.