Desde hace poco más de un mes la ruta 6 que atraviesa la Cuesta del Ternero, en Río Negro, está bloqueada por la policía provincial y un grupo especial de esa fuerza para impedir la llegada de alimentos y abrigo a la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, que protagoniza un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales. Una denuncia penal sin acusados/as (NN) desembocó en un violento allanamiento: algunas personas quedaron en el cerro, otras en la ruta, donde se gestó un acampe solidario con gente de otras comunidades que a la vez opera como resguardo. En los operativos fue agredido un niño de 8 años, que hoy duerme con su madre en ese camino militarizado. Los policías que le clavaron una rodilla en la espalda ahora vigilan en su trayecto ida y vuelta a la escuela todos los días. Hasta ahora todos los habeas corpus y recursos judiciales fueron rechazados sin más. La judicialización, y en ocasiones los allanamientos ilegales, promovidos por los estados, lejos de lograr una salida empeoran la conflictividad y se han cobrado vidas, como la de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. 

"Terrorismo", de Patricia Bullrich a Arabela Carreras

El del Lof Quemquemtreu es uno entre decenas de conflictos similares que hay en la provincia que gobierna Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), quien ha decidido asociar una serie de incendios intencionales recientes al pueblo mapuche y reflotar su estigmatización bajo la acusación de "terrorismo", como hizo el gobierno de Mauricio Macri a través de la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad. Otra práctica que la mandataria quiere replicar es la intervención de fuerzas federales, por lo que hizo un reclamo al gobierno de Alberto Fernández que se resistía a mandar gendarmes porque no observa un peligro para la seguridad nacional (como requiere la ley de Seguridad Interior) lo que fue utilizado por la oposición para castigar al oficialismo. Ahora Carreras, en la misma línea de acusaciones pretende que actúe la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). 

A su vez, el interés empresario que pretende desacreditar los reclamos territoriales fue sincerado, este semana, por el llamado Consenso Bariloche, que nuclea a cámaras empresariales, de turismo y entidades varias, todos defensores de la propiedad privada, que se montaron a la escalada de violencia simbólica y material con impronta racista contra los indígenas, recurriendo también al término "terrorismo" y haciendo que se multiplique en medios de comunicación. El resultado es una gran fake news: como si el problema fuera la "violencia mapuche", y no otra cosa.  

"El proceso de recuperación territorial que lleva adelante el pueblo mapuche toca fibras íntimas vinculadas a los negocios inmobiliarios, mineros, ganaderos. Hay territorios en recuperación que están en manos de privados y de Parques nacionales. Existen élites que se han beneficiado y apoderado de la Patagonia, que mantienen un poder político e influencia directa sobre el aparato judicial, lo que genera una vulneración derechos sobre el pueblo mapuche tehuelche, que habita acá de por siempre", explica a Página/12 Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza. En mapuzungun, la lengua mapuche, se llama "lonko" a quien encabeza una agrupación territorial, familiar, política. "El conflicto viene de larga data. Pero es un error hablar de la comunidad mapuche: de la provincia de Buenos Aires para abajo somos más de mil comunidades rurales más organizaciones y gente que vive en las ciudades. Somos un pueblo con multiplicidad de expresiones", pide distinguir Millán. 

Propiedad originaria

Un Informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce Magdalena Odarda, muestra que Río Negro es la única provincia que no aplica la Ley 26.160 o Ley de Tierras, vigente desde 2006 que obliga a los estados nacional y provinciales a hacer un relevamiento de las comunidades originarias, las tierras que habitan y su relación histórica con ellas, para que algún día se les entreguen los títulos de propiedad originaria. Apunta a cumplir con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución que dice que atañe al Congreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos".  Pero en la provincia se han exacerbado las disputas con denuncias judiciales y la línea de conducta de jueces/zas y fiscales les ha sido funcional, al no propiciar instancias de diálogo o hacerlo sin las representaciones adecuadas (como el INAI y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas). Sólo dos comunidades fueron relevadas, la Lof Buenuleo y la Lof Quijada cuando iban a ser desalojadas. 

En las provincias donde existen mesas de negociación y organismos especializados, la conflictividad disminuyó de manera notoria o está neutralizada, como --por ejemplo-- en Neuquén. En Río Negro --zona favorita del magnate Joe Lewis-- ninguna comunidad indígena tiene título comunitario; en Neuquén ya se hizo el trámite con más de 500.000 hectáreas. En esa provincia, además, la justicia objetó los allanamientos ilegales y citó a indagatoria al exjefe de gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, mientras que ella está imputada. De más de 2000 comunidades indígenas identificadas en el país hasta 2019, solo 100 tienen título de propiedad comunitaria, aunque no se aplicó la ley indígena. 

El INAI impulsa un programa de "tierras aptas y suficientes" y que sea declarado sitio sagrado indígena el lugar donde la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. Allí radica uno de los conflictos más duros. En Chubut, donde las comunidades reivindican muchos terrenos de la Compañía Tierras del Sud Argentino SA (Grupo Benetton), recién ahora avanzan tratativas para retomar el relevamiento territorial. En el Lof en Resistencia de Cushamen fue donde murió Maldonado tras una cacería de Gendarmería habilitada por directivas el entonces ministerio de seguridad para supuestos casos de "flagrancia". Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero son otras provincias donde hay alta tensión, pero en las dos primeras ya se iniciaron los relevamientos territoriales y eso modera la confrontación. 

"Hay un andamiaje de derechos indígenas que no son aplicados porque el aparato judicial está colmado de jueces racistas y supremacistas. Hay un listado interminable de gente imputada, procesada, entre ellos yo, con causas por usurpación. Tenemos que pensar en familias enteras que vemos impactada nuestra vida cuando tenemos un aparato judicial que nos persigue con saña", ilustra Millán. 

El INAI tiene un listado de al menos 28 causas judiciales iniciadas contra comunidades indígenas en distintas provincias. Pero además de esa insistencia punitivista, hay un problema adicional: la mayoría de los juzgados provinciales desconocen la aplicación del artículo 2 de la Ley 26.160, que impide los desalojos en el proceso de relevamiento territorial. 

Negocios, incendios, acusaciones

La situación con la Lof Quemquemtreu, a 15 kilómetros de El Bolsón, tiene en alerta a organismos de derechos humanos. Tras el primer allanamiento dispuesto por el juez Ricardo Calcagno y la fiscala Betina Cendon, y luego el bloqueo de la llegada de alimentos, intervinieron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros. También sumaron un pedido de desmilitarización el Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ningún planteo judicial fue admitido. 

El origen de la causa contra la comunidad y el empresario que la impulsa, ilustran el tema de fondo. El hombre se llama Rolando Rocco y no es titular de las tierras, que son fiscales, sino que recibió una concesión de 2550 hectáreas como supuesto ocupante y a cambio de nada el 10 de mayo de 2011. "Rocco se dedica a desmontar el bosque nativo y a plantar pinos, pero jamás vivió ahí, ni tiene título de propiedad. La Cuesta del Ternero es territorio Mapuche", señala Soraya Maicoño, quien por estos días actúa como vocera de la comunidad. 

Mauro Millán detalla que la expansión del monocultivo de pino se está expandiendo por la cordillera y, ante un proceso de sequía, se convirtió en el principal combustible de incendios que azotan a la Patagonia y que determinaron que el año pasado 300 familias perdieran sus viviendas.

Maicoño explica que hay cuatro imputados y pedirán el cese de la medida cautelar. "Ni a un preso se le niega la comida y el abrigo. No hay voluntad política del estado nacional ni rionegrino para dialogar y asumir el genocidio que ha padecido nuestro pueblo y del que esto es una consecuencia más", dijo. Recordó que esta semana, en medio de la difusión de noticias contra el pueblo mapuche Miguel Angel Pichetto, homenajeó a Julio Argentino Roca --artífice de la Conquista del Desierto contra los pueblos indígenas-- en el cementerio de la Recoleta y se despachó contra las comunidades originarias. 

Tras el cerco a esta comunidad, se sucedieron tres incendios en la zona: en un centro de informes turísticos sin inaugurar en El Bolsón, en un galpón de Vialidad Nacional en Bariloche, y por último el Club Andino Piltiquitrón, también en Bolsón. Por el segundo hubo una supuesta reivindicación del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu. En el tercero aparecieron, en forma grotesca, unos panfletos contra la gobernadora y el intendente, junto a bidones de combustible. Nadie se atribuyó nada, e incluso la comunidad Quemquemtreu explicitó ser ajena. No está claro el origen en ningún caso. La historia de las causa judiciales por hechos similares adjudicados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) muestra nulas imputaciones. Hay al menos dos fallos donde queda claro que ni siquiera se pudo probar la existencia de esa organización. Uno del juez Gustavo Villanueva de 2019, en Neuquén. Otro, bastante anterior, de 2015, firmado por el juez Martín Zacchino, que rechazó aplicar la ley antiterrorista en Chubut. 

Los tres incendios recientes fueron excusa de la gobernadora Carreras para presentar una denuncia por terrorismo y hacer escalar el tema a nivel nacional, alimentado por una distorsión sobre el juicio a Facundo Jones Huala en Chile. La jueza federal subrogante que tiene la denuncia de Carreras, Silvina Domínguez, no parece encaminada a sostener la lógica represiva de sus antecesores. 

Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche, repudió los incendios y pidió "que se investiguen los hechos pero que no se acuse al pueblo mapuche como hizo la gobernadora sin pruebas; y repudiamos el sitio a la comunidad Quemquemtreu, que sumado a los discursos de la militarización, racismo, intolerancia y terrorismo, nos pone cerca del terrorismo de Estado". "Se apela a la acusación de terrorismo --añadió-- para deslegitimar cualquier reclamo territorial en Río Negro, agitando un fantasma por el negocio de las tierras". 

El caso de los pueblos indígenas de Salta

Justo por estos mismos días en que crece la ofensiva política, empresaria y mediática contra los pueblos originarios, el Estado nacional tuvo que empezar a ejecutar en Salta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en abril del año pasado dispuso el reconocimiento de 400.000 hectáreas de tierras ancestrales ante un reclamo de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat en favor de los pueblos Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy'y. En la sentencia ese tribunal internacional reconoció por primera vez la violación de los derechos a la identidad cultural, a un medioambiente sano, a la alimentación y al agua, que se vieron. Pero, además, estableció que Argentina deberá dictar una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que incluya mecanismos para resolver los conflictos. Es un caso testigo.

El reclamo data de 1998 y estuvo patrocinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La legislación existente hoy en el país es de Emergencia (ver nota central) y se debe renovar cada cuatro años. El fallo de la Corte Interamericana es clave. Al disponer la sanción de una ley específica, que deberá comprometer a todas las fuerzas en el Congreso, tuvo en cuenta la falta de regulaciones a nivel federal y provincial. "Incluyó también la propiedad comunitaria indígena, no es sólo la relación con el territorio sino con los recursos naturales y la gestión del ambiente. Aquellas comunidades que perdieron su territorio, pueden reivindicarlo en función de una relación material o espiritual", explicó Diego Morales, del CELS. "Argentina también deberá dictar una ley de consulta previa, informada, que busque el acuerdo con las comunidades", agregó. El Estado nacional conformó una unidad para la ejecución de la sentencia, que requiere delimitar, demarcar, otorgar un título único, trasladar a la población criolla, remover alambrados y abstenerse de realizar cualquier emprendimiento en el territorio.