Las comunidades indígenas que fueron despojadas de sus territorios tienen distintas formas de volver a su tierra ancestral que concentra la vida y la espiritualidad de sus comunidades. Algunas se transmiten a partir de decisiones colectivas de recuperación territorial, otras se producen mediante el retorno al lugar donde vivieron sus abuelxs y algunas tienen ciertas particularidades como es el caso del Lof Colihueque-Catriman.
Hace 22 años, Isabel Catriman - hoy de 78 años - junto a su hijo Hipólito Ernesto Colihueque y su primo Gregorio Cayulef llegaron a un lugar llamado Laguna “El Martillo” ubicado en las cercanías del Parque Nacional los Alerces, un espacio maravilloso lleno de bosque y agua cristalina, al que no es fácil acceder. Lleva al menos una hora en auto, por un camino cuesta arriba en medio de cerros colmados de verde.
La historia del Lof Colihueque-Catriman comienza cuando Lucio Freeman le otorgó a Isabel un permiso de palabra para que se asiente en ese territorio que son tierras fiscales en las que tenía permiso de ocupación. Freeman le pidió a Isabel que se instalen para conservar el lugar con el desarrollo de actividad agrícola ganadera y de siembra.
Cuando Freeman falleció, su hijo intentó engañar a Isabel, pidiéndole que firme un papel donde figuraban como peones, ocultando su verdadero interés que era venderle el campo a Alejandro Samame, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Esquel e hijo del ex procurador judicial Eduardo Samamé y a Nahuel Serra, hijo de empresarios de la zona. Querían adquirir el campo que tenía permiso de ocupación, es decir, que se supone que está prohibida su venta.
Isabel se negó a firmar ese documento que mentía porque nunca fue empleada de Freeman y la familia permaneció en el lugar. Tiempo después, el hijo de Isabel falleció y quedó Isabel con su hija Gloria y un primo.
Los territorios ancestrales donde Tinelli tiene una mansión
“Don Lucio me había traído a mi hijo y a mí de Esquel me dijo ‘yo tengo un campo, lleva a tu hijo, compra animalitos, que va a ser para vos algún día el campo’. Así nos trajo para acá con mi hijo y mi primo, para que ellos cortaran leña, arreglaran el alambre y pusiéramos animales para sacarle la lana a las ovejas, y hacer mis tejidos. Nosotros no fuimos empleados de él, porque él me trajo y con la leña que cortábamos le pagamos el talaje para tener nuestros animales”, contó Isabel Catriman en una entrevista en Radio Nacional de Esquel, en mayo del año pasado, publicada en el medio gemasmemoria.
El vecino del lof Colihueque-Catriman es otro empresario, Marcelo Tinelli, quien posee una mansión en medio de un paraíso terrenal ubicado en los márgenes de la laguna Trafipan perteneciente a antiguxs pobladores mapuche. ¿Cómo se accede a la compra de un territorio ancestral? ¿Quién vende esas tierras? ¿Por qué no se resguardan los territorios que están protegidos por la ley 26.160 de emergencia y relevamiento territorial de comunidades indígenas?
El Estado debe proteger a Isabel Catriman
La revista digital Debates Indígenas especializada en los derechos de las comunidades explica: “Quienes deberían proteger a Isabel Catriman son los organismos estatales como el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, sin embargo, este organismo vendió la tierra, cuando se supone que están prohibidas las ventas de tierras fiscales a funcionarios o sus familiares. Tanto el juez Criado como la Fiscalía de la Provincia de Chubut y el Juzgado de Familia deberían haber actuado de manera inmediata por violencia de género y racismo. Al no hacerlo, terminan siendo cómplices de las maniobras oscuras y mafiosas de los terratenientes para quitarles tierras al Pueblo Mapuche.”
Según consta en el Boletín Oficial de la provincia de Chubut, Serra y Samame, conformaron en abril de 2019 la empresa Los Tercos SRL y recibieron una habilitación para la explotación agrícola ganadera, forestal y minera en todas sus etapas por un lapso de 99 años.
Desde marzo del año pasado Isabel comenzó a sufrir insultos y amenazas constantes de parte de supuestos cuidadores del campo, enviados por Serra y Samame, quienes instalaron una castilla a pocos metros de la casa de Isabel aún en época de restricciones por pandemia, donde ese tipo de actividades estaban prohibidas y además, surgieron denuncias contra ella. “Llegaron en cuatro camionetas, rompieron los candados de las tranqueras, los cambiaron, dejaron encerradxs a Isabel y a su primo y los amenazaron con que debían abandonar su ruka, que tienen que irse solo con lo puesto y que ellos son dueños del lugar”, denunció en Revista Cítrica un integrante de la comunidad Paillako que prefiere reservar su identidad.
“En uno de esos episodios de violencia Samame y Sierra fueron a hostigar a Isabel y sufrió un pico de presión porque tiene muy delicada su salud y casi muere. Llamó a su hija Gloria que estaba en Esquel (a 40 km). Ni la policía ni la ambulancia acudieron a ayudarla. Gloria contrató a un fletero para poder llegar hasta la casa de Isabel, porque ellos no tienen vehículo y en el camino se cruzaron a Samame y Sierra con 2 camionetas 4x4 y una patota de hombres adentro que volvían de hostigar a Isabel. Gloria interpeló a estos empresarios sobre por qué hicieron eso con su madre y comenzó una discusión. Este episodio terminó con una denuncia de Samame y Sierra en la que acusan a Gloria de intento de fusilamiento, dicen que tenía arma y que los hizo arrodillar. Un relato de película, pero no porque yo dude de la capacidad de la mujer mapuche, que son las que nos dan el ejemplo todos los días cuando se hacen recuperaciones de tierra, sino porque, enfrentarse a seis siete tipos una sola mujer es un relato inverosímil que no tendría que haber tenido ni siquiera la oreja de algún juez”, explica Mauro Millán lonko del Lof Pillañ Mahuiza, en comunicación con Las12.
Con esa descripción de los hechos surrealista y sin pruebas, los empresarios denunciaron que Gloria se encontraba armada, al igual que el chofer del flete, y que también se encontraba el tío de Gloria con un cuchillo y que los persiguieron por el monte. “A este relato tan poco creíble le dio viabilidad, el juez Criado que proviene de una familia tradicional de Esquel, un juez que ya fue denunciado no solo por racista, sino también, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quieren llevar a juicio a Gloria, la intención es no dejarla pasar al territorio, de hecho, durante este proceso le impusieron una restricción durante un mes que prohibía a Gloria ir a la casa de su madre. Esa medida Isabel la sufrió mucho e impactó en su salud porque su hija es la que le lleva sus remedios e inclusive alimentos”, aseguró Millán.
Gloria, hija de Isabel pidió asesoramiento legal y el acompañamiento de la abogada, Sonia Ivanoff, quien hoy es su defensora. También varios lofche autónomos de las comunidades intervinieron para acompañar a Isabel y a Gloria, sin embargo, es llamativo que cuando se trata de una denuncia de un terrateniente vinculado al poder político y judicial, la justicia actúa de manera exprés, pero cuando son las comunidades las que denuncian la justicia es sorda, ciega y muda.
Cuatro años atrás, denunciaron la vulneración del derecho a la ancianidad y los hechos de violencia machista que sufrió Isabel, lograron el único fallo favorable que estableció una medida de restricción, sin embargo, duró muy poco y nuevamente volvieron a violentarla. Lo que demuestra que el aparato judicial beneficia a empresarios frente a un sin fin de derechos vulnerados de una mujer indígena.
Como los ataques no cesaban denunciaron ante el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Defensoría de la Provincia de Chubut la situación de peligro en la que se encuentra Isabel y su hija Gloria. “Lo que está pasando en Río Negro es que se exacerba la idea del federalismo, dicen que los organismos nacionales no pueden participar en esto porque se estarían violando las normativas entonces dejan a Gloria y a Isabel a merced del aparato judicial. Esto es muy parecido a lo que pasa en Chubut en materia de persecución al pueblo mapuche”, explicó Millán.
Cada acción judicial que presentó la abogada Ivanoff fue sistemáticamente rechazada, como las medidas cautelares para que se pacifique la vida del lof. Hoy Isabel vive en un estado de tensión permanente, con miedo ante el más mínimo ruido, aterrada porque vuelvan a atacarla y Gloria judicializada en una causa que podría costarle cuatro años de prisión.
Las tierras ancestras no están en venta
La historia de Isabel es la historia del despojo que sufrieron las comunidades en todo el territorio nacional desde que comenzó el genocidio indígena. En 1937, cuando era una niña, su familia fue desalojada de Nahuelpan, un paraje del Departamento Futaleufú y tuvieron que asentarse a las orillas de la ciudad de Esquel. Un desalojo masivo donde 400 familias fueron expulsadas de sus territorios. No tuvieron otra opción que trasladarse a la periferia de la ciudad. La historia de Isabel es un ejemplo de una cadena de derechos vulnerados durante décadas, que tiene como principales características, la negación de las naciones indígenas de parte del Estado y el despojo territorial.
“Esto sucede por la complicidad del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural que para nosotros siempre fue sinónimo de despojo y que viene funcionando con la misma política desde que se fundó la provincia de Chubut. Ha puesto tierras en venta a terratenientes y comerciantes que han expandido sus latifundios. Lo que está viviendo Gloria es parte de un escenario de persecución muy complejo, donde todo un pueblo es judicializado sistemáticamente. Si se llegara a dar un fallo condenatorio a Gloria, dejaría claro que el aparato judicial también está encolumnado en este proceso de despojo que vivimos”, aseguró Mauro.
Todas las comunidades mapuche de Chubut y Río Negro reconocen y acompañan al lof Calihueque Catriman y a las guardianas del territorio ancestral. Desde el martes 26 concentran en solidaridad con Gloria en el Juzgado Penal de Esquel, día en el que se llevó a cabo la primera audiencia en su contra. Allí estuvieron presentes comunidades indígenas y personas autoconvocadas exigiendo por su absolución y el cese de la violencia. Al cierre de esta edición la justicia no dictó un veredicto.
