La familia de Alejandra Ortega, la mujer que recibió dos hachazos en la cabeza por parte de su ex pareja el 30 de septiembre de 2015, exige que el Estado que le brinde atención psíquica y médica. Es que si bien los médicos que le dieron el alta del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde estuvo internada tres meses, les dijeron que su situación era irreversible, luego profesionales de Firmat les hablaron de recuperación. Sus hermanos la vieron mejorar en movilidad y algo del habla, en los últimos meses. "Cuando salió del HECA nos dijeron que sería un vegetal, pero ella ahora dice algunas palabras y puede caminar con la ayuda de una silla. Creemos que puede mejorar, pero necesita rehabilitación, terapia y un fonoaudiogo. Alejandra va a quedar así si el Estado quiere que  quede así", reclamó Angel, hermano de la víctima de violencia machista en Chabás, a manos de Silvio Lezcano.

La mujer tiene 46 años y seis hijos. Durante 20 años sufrió violencia de género. Cuando fue atacada por su expareja, empezaba un microemprendimiento textil en su propia casa para independizarse económicamente del agresor. Sin embargo, los hachazos la dejaron tres meses internada, con pérdida de masa encefálica, y en terapia intensiva. Su vida se salvó por milagro. Por el hecho, Lezcano cumple una condena a diez años en la Alcaidía de Casilda. Hoy, la mujer casi no camina y aunque no puede hablar de corrido, se hace entender con sus hermanos, quienes la cuidan.

La recuperación no será total, y sus hermanos lo saben. Sin embargo, desde que la llevaron a vivir con ellos a Casilda, aseguran que Alejandra avanzó, pero lamentan que apenas reciba 15 minutos de atención, una vez por semana, con una fisiatra; pero recibe "cero apoyo psicológico", cuando aseguran que "está al tanto de todo y entiende todo".

El reclamo no es caprichoso: la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres apunta a que el Estado tiene que garantizar "la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin". Sin embargo, la ayuda no existe y la familia asegura que mientras más pasa el tiempo, menos posibilidades tiene  Alejandra de recuperarse.

"Si bien al principio nos dijeron que no habría posibilidades de recuperación, médicos de Firmat la revisaron y afirmaron que podía recuperar alrededor del 80 por ciento de sus capacidades. Luego, otro médico nos dijo que no sería posible, pero aunque sea menos lo que recupere, nosotros vemos que puede suceder, al menos para que ella pueda caminar sola". Es que si bien la mujer está en silla de ruedas, sus hermanos la ayudaron y ahora puede, por ejemplo, pararse sola y caminar con una silla como apoyo. "Por eso estoy pidiendo una rehabilitación continua, porque con 15 minutos cada siete días no hacemos nada. Pido que la revisen y que no se basen solo en lo que dice la historia clínica del día que le dieron el alta, porque ella mejoró en este año y medio", dijo Angel, que la semana pasada llegó a Rosario para pedir que su hermana fuera atendida en el centro de rehabilitación Ilar, pero recibió un "no" como única respuesta.

Al mismo tiempo, la familia apuntó a una ayuda psicológica para la mujer que quedó muy afectada por lo ocurrido. Hace poco, Alejandra vio un hacha en el patio de la casa donde vive con su hermana y comenzó a llorar y le salieron las palabras: "Hijo de puta", sollozó. "Ella se acuerda de todo, sabe lo que le pasó y quién se lo hizo. Está muy consciente. Sabe lo que es un hacha, un celular, un tenedor. Incluso recuerda la música que le gustaba antes del hecho y hasta las canta (como puede) cuando las ponemos", dijo Angel.

El hombre que meses atrás presentó un primer reclamo hacia las autoridades, desde las páginas de este diario, aseguró que sigue sin respuesta; pero promete que no bajará los brazos. Incluso, osó escribirle al gobernador Miguel Lifschitz, en Facebook, para que lo escuche. "Llevamos un año largo pidiendo, reclamando una asistencia para ella, hablamos con políticos y con la asistente social de Chabás, pero no hay respuestas", lamentó.