En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta la concejala saencista Romina Arroyo propuso que para proteger a las mujeres que radicaron denuncias por violencia de género el Estado les entregue kits de seguridad, con un aparato similar a las pistolas Taser y gas pimienta. La iniciativa mereció el repudio de organizaciones feministas porque no tiene en cuenta que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas que habitan su territorio y, en cambio, traslada a las víctimas la responsabilidad de su propia defensa.
Salta/12 consultó sobre esta propuesta a referentes de la lucha por los derechos de las mujeres. En general, destacaron que el Estado debe incrementar el presupuesto para políticas públicas de concientización y prevención de la violencia machista, y para acompañamiento de las víctimas. También consideraron que debe reforzar el trabajo comunitario que vienen haciendo distintas redes de mujeres.
La abogada Josefina Arancibia, del Instituto Jurídico de Género y de la Multisectorial de Mujeres de Salta, rechazó de plano la propuesta de Arroyo. Sostuvo que no es acertado que desligue los esfuerzos de protección previstos en las leyes que tiene el Estado argentino, y también criticó que la concejala se ocupe de hacer estras propuestas, cuando "Una legisladora es la encargada de hacer ordenanzas para la sociedad, y no de impulsar que las víctimas sean quienes deban garantizar su seguridad".
Para la letrada, el planteo de la concejala desconoce la problemática de fondo de la violencia con motivos de género, además de que niega el derecho de las mujeres a exigir y recibir la protección por parte del Estado.
La Multisectorial de las Mujeres es una de las organizaciones que impulsó la Ley provincial N° 7.888, de Protección contra la Violencia de Género, sancionada en 2015. Allí, el Estado provincial reconoce que las distintas manifestaciones de violencia de género constituyen una violación a los derechos humanos, y la norma establece los principios, las garantías y el procedimiento de actuación judicial para la aplicación de la Ley Nacional N° 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la Ley provincial N° 7.403, de Protección de Víctimas de Violencia Familiar en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
Arancibia destacó que la Ley 7.888 es un importante avance para la puesta en práctica de políticas públicas efectivas y eficaces para la protección de las víctimas, por lo que consideró que darle entidad a propuestas como las que planteó Arroyo, "no hace más que retroceder" porque son "aisladas y dejan de lado el estado de derecho".
"No es un eslogan ni frase vacía cuando decimos que 'El Estado es responsable', porque con ello decimos que siempre es el Estado quien nos tiene que brindar las respuestas, a través de políticas públicas".
El Estado y los territorios
Mientras que la militante feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mónica Rodríguez, reconoció que quizás Arroyo tenga una llegada directa a los barrios, donde las mujeres en situación de vulnerabilidad "buscan defenderse como pueden", pero "eso no aborda la cuestión del género puntualmente", destacó.
En la sesión de la semana pasada del Concejo capitalino Arroyo exhortó al Ministerio de Seguridad de Salta a entregar "un kit de protección contra la violencia de género", y contó que en una reunión que mantuvo en un barrio salteño las mujeres le relataron que compraban esos kits en las redes sociales.
Sin embargo, Rodríguez aclaró que con una medida de estas características "No se está dando una herramienta para salir de la situación de violencia". Es mas, "el Estado no puede mandar a las compañeras a que recurran a la autodefensa", afirmó. Y recordó asimismo que la Justicia debe brindar soluciones concretas a las mujeres que denuncian violencia por motivos de género. Como ejemplo, nombró la reciente legislación salteña, que habilita a que los jueces impongan consignas policiales al agresor.
Para Rodríguez, la iniciativa de Arroyo sólo "está diciendo que nosotras nos tenemos que hacer cargo de las violencias que sufrimos". Y si bien señaló que existen redes de mujeres que ayudan y acompañan a víctimas, insistió en que es el Estado el que debe aceitar las herramientas ya existentes, amparadas en legislaciones, para que las mujeres efectivamente salgan del círculo de violencia.
Por ello, dijo que se debe mirar a cada actor social, al presupuesto que se designa para la erradicación y prevención de la violencia de género, más el seguimiento minucioso de los casos que se denuncian o conocen públicamente. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas deben apoyarse en la gran cantidad de promotoras territoriales que se forman en la temática año a año.
No en nuestro nombre
Bajo el lema "No en nuestro nombre", organizaciones feministas de Salta caracterizaron de "inaudita" la propuesta de Arroyo. Tras manifestar su rechazo, aseguraron que su proyecto "no hace más que reflejar el total desconocimiento de la problemática de la violencia de genero hacia las mujeres y disidencias, como clara violación a los derechos humanos".
"No está en manos de las mujeres defenderse con kits mágicos (ni manejar pistolas Taser, que es en realidad el negocio que quieren imponer) como pretende la concejala", sostuvieron. Y reiteraron que lo que se debe impulsar son políticas públicas con perspectiva de género junto a sus presupuestos para prevenir y erradicar la violencia en cada ámbito que las mujeres y disidencias desarrollan sus relaciones interpersonales.
En lo que va de 2021, en Salta ya se cometieron 13 femicidios, y desde septiembre de 2014 se declaró la emergencia social por violencia de género. "Basta de improvisar con nuestras vidas", reforzaron las organizaciones feministas, como la Fundación Género y Masculinidades, que encabezó el pronunciamiento, sumado a la Campaña Emergencia Nacional en violencia contra las mujeres, CLADEM, entre otras.
Por fuera de la normativa
La salteña Valeria Plaza, docente y coordinadora del Programa Seguridad y DDHH de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, lamentó que los recientes casos de femicidios lleven a considerar que el punitivismo resuelva problemas sociales. Aseguró que el discurso de Arroyo corre al Estado del deber de garantizar los derechos de las mujeres y pone en cabeza de las víctimas la responsabilidad de su seguridad.
Por otro lado, Plaza, que también es investigadora del Conicet y se especializa en seguridad, aseguró que pensar en dotar de armas a las personas víctimas de violencia machista tiene varios aspectos a considerar: las Taser son bastante onerosas y requieren de capacitación para su uso. Además, "no podemos proponer cosas por fuera de la normativa de nuestro país".
En mayo de 2019 la gestión nacional de Cambiemos reglamentó el uso de pistolas Taser, pero al asumir la gestión de Alberto Fernández se derogaron dichos protocolos. Esta última decisión es acorde a la posicion histórica del país, de impulsar el desarme de la población civil.
Plaza puso de resalto también el riesgo que implica la utilización de cualquier arma. Ya en 2019 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) refutó el argumento que sostiene que las Taser son armas menos letales. "La experiencia internacional demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales", dijo.
Por eso, insistió en que la clave para erradicar la violencia de género es un "Estado presente" que impulse políticas públicas activas para "dar herramientas de prevención y protección" ante las situaciones que padecen las mujeres por su condición de tales. "No sólo debemos pedir más al Estado, sino también, saber qué le pedimos", expresó.
