"Estos muchachos están muy complicados" se le escuchó decir ayer en la sede de Gobierno al ministro de Seguridad Jorge Lagna. La frase podría no sorprender ya que el hombre venía manteniendo una sórdida disputa con el equipo de Marcelo Sain, pero sirve para medir el nivel de gravedad de un cúmulo de pruebas secuestradas por los dos fiscales santafesinos al mando del regional Carlos Arietti, históricamente enfrentado al ex ministro de Seguridad y ex director del Organismo de Investigaciones. La frase también sirve para ventilar cuál es el cariz que va tomando el rostro del gobernador y sus ministros más cercanos , al enterarse de cada avance del análisis del material secuestrado así como algunas desventuras del equipo de bonaerenses. En rigor según pudo saber este diario, ya nadie niega la existencia de perfiles de numerosas personas públicas y otras que sólo guardaban interés por su rol o actividad, pero sigue siendo una dato no revelado si las mismas se hicieron con datos de redes abiertas o accediendo a sitios pagos. "De todos modos, mientras Rosario se incendiaba andar haciendo estas cosas, no habla bien de esta gente" , opinó un hombre ligado al ministerio de Seguridad.  Por estas horas Lagna trata de imponer al futuro secretario de Seguridad, cuyo nombre está sobre el escritorio del gobernador.

Ayer en tanto agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un nuevo operativo en una de las oficinas del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Santa Fe. Se trata de la oficina que estaba a cargo de Maximiliano Novas, uno de los funcionarios a quien se le secuestró el teléfono celular y que se encuentra en la lista de quienes presentaron renuncias. Este procedimiento es una continuación de los que el viernes se llevaron adelante en las sedes del Ministerio de Rosario y Santa Fe en el marco de una causa en la que se investiga si el ex ministro Sain y sus principales colaboradores formaron una estructura dedicada al espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas. Hasta el momento poco trascendió de esa causa judicial, pero circulan listas de nombres de personas a quienes les habrían armado carpetas.

El que salió a aclarar un poco la investigación fue el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini. “Tenemos una investigación en curso, con una evolución bastante consolidada, que llevó a realizar los procedimientos”. “Los fiscales fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación. Naturalmente que eso amerita la presencia inmediata. Se obtuvo mucha información y se obtuvo documentación que estaba siendo destruida”.

El jefe de todos los fiscales dijo que sus subalternos recibieron la información sobre la destrucción de documentos y se constituyeron en el Ministerio de Seguridad a los fines de cautelar la evidencia que podría ser importante para las investigaciones. “Nuestra idea es que no existan privilegios, que cualquier tipo de investigación maneje nuestro aval y los fiscales cumplieron con lo que la ley y la Constitución establece. En eso nosotros le damos todo nuestro respaldo”, subrayó.

En tanto el gobernador Omar Perotti, y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, encabezaron ayer un encuentro con toda la cúpula policial, donde impartieron la orden de “ratificar y profundizar el rumbo” trazado “entre el delito y el Estado”.

"Nuestro mensaje fue claro, tanto el gobernador como el mío, ratificamos el apoyo total al policía que cumple sus funciones con mucho compromiso y atento al orden legal establecido", sentenció Lagna tras la reunión llevada a cabo en Rosario con la jefa de la Policía de la provincia, Emilce Chimenti; los jefes de las Unidades Departamentales, y jefes de secciones especiales.

"Estamos viviendo un momento de la Argentina, y de Santa Fe en particular, con efectos no deseados en materia de seguridad, que la gente está padeciendo, el diagnóstico no lo negamos", dijo el ministro y enumeró algunas de las causas: "El estado de pandemia posterior a la pobreza, la reacción de bandas criminales ante medidas concretas del gobierno, en esta línea que ha trazado entre delito y Estado, como los operativos en la calle junto a las fuerzas federales, y la investigación y esclarecimiento de hechos de delitos complejos".

En este sentido, indicó que se viven "raras situaciones" de intimidación pública, que "aparentemente no tienen un móvil definido", y ratificó: "El compromiso concreto, que está en marcha, de una inversión millonaria en equipamiento, comunicaciones, patrullajes, refuerzos y mayores remuneraciones. Por eso pedimos la Ley de Emergencia Económica, es una herramienta que necesitamos para acortar los plazos de compra de equipamientos y poder otorgar suplementos a los policías".

En el encuentro, Perotti y Lagna pidieron a las fuerzas de seguridad "reafirmar el trabajo en la calle, necesitamos seguir sumando presencia, e intensificar el trabajo conjunto con el municipio, y con las fuerzas federales".

Finalmente, el ministro señaló que el objetivo es "lograr mayor tranquilidad de los vecinos a través de mayor y más presencia. Los recursos presupuestarios están, al igual que el recurso humano: van a ingresar 857 nuevos policías en pocos días, y la mayoría se van a volcar a las grandes urbes como Rosario, donde tenemos la mayor problemática del delito".