Héctor Abel Agüero Chavarría era el segundo acusado en la causa por el femicidio de Agustina Nieto y había quedado involucrado porque una testigo señaló que él estuvo con la víctima en la casa, que oficiaba de aguantadero y de la cual sería propietario, en el barrio San Benito de la ciudad de Salta, donde fue encontrado el cuerpo de la joven el 10 de noviembre de 2018. 

Por pedido de la fiscala Mónica Poma y orden del juez de Garantías Antonio Pastrana, este hombre fue sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas y lo último que se hizo fue una junta médica que determinó que es inimputable.

La junta médica concluyó que Chavarría tiene un retraso mental leve, con dificultades para el control de impulsos y que por deficiencia de sus capacidades mentales no puede discernir respecto de acciones disvaliosas y socialmente reprochables ni dirigir actos libremente. La junta indicó que Agüero Chavarría es socialmente peligroso sin tratamiento y seguimiento médico regular, pese a lo cual consideró que no requiere internación y debe efectuar tratamiento psiquiátrico ambulatorio.

El primo de la víctima, Miguel García, manifestó ante Salta/12 su desacuerdo con la decisión judicia. "Va a quedar en libertad, con tratamiento ambulatorio y no va a ser detenido. Plantean que solo en caso de que una institución psiquiátrica como el Hospital Ragone lo determine, va a ser internado. Se alega que no era plenamente consciente y que tiene que estar bajo la tutela de una persona que tiene que acompañarlo con su tratamiento, mientras se encuentra en libertad. En la propia notificación se plantea que la junta médica está apta para diagnosticar lo que están tratando ahora, no los tipos de fármacos ni el tipo de tratamiento", señaló.

"Hay una contradicción porque lo consideran peligroso a nivel social, pero dicen que solo con que le administren la medicación y con un tutor va a estar bien", añadió García. Expresó que para ellos esta novedad "es dolorosa" porque la investigación y detención de Chavarría "está desde que el fiscal Ramiro Ramos Ossorio estaba en el caso. Después de todo este tiempo recién se determinó una medida concreta y para mal. Por un lado lo sobreseen, se cae una posibilidad en la búsqueda de justicia por Agustina", manifestó.

García señaló que lxs hermanxs de Agustina aún no han podido constituirse en querellantes en esta causa, ni siquiera en representación del hijo de la joven, que ya tiene 5 años. El juez Pastrana negó la presentación por considerarla extemporánea.

"Los familiares tenemos que lidiar con un desgaste constante, la opción que nos queda es la organización y la lucha", señaló García. Indicó que la querella se vio obstruida por las mismas instituciones judiciales, ya que demoraron en otorgarle la guarda legal a la tutora del hijo de Agustina, que es una de sus hermanas y es un trámite que todavía no se resuelve.

"Según lo constatado en las pericias que le hicieron a Agustina, los responsables materiales del hecho fueron más de uno. Una testigo lo coloca a Chavarría en la casilla donde le suprimieron la vida a mi prima. Además es el dueño de ese terreno aunque vive en otro lado. Incluso había falso testimonio de parte de Chavarría ya que había dicho que no estaba ahí, que solo fue después a dar de comer a los perros. Se comprobó con las señales de GPS que sí estuvo. Tardaron muchísimo en encontrarlo. Nos desayunamos ahora con esa pésima noticia. Estamos deliberando respecto a cuáles serán las próximas acciones que vamos a tomar, esto no puede quedar así. Es un ataque a los familiares", consideró García.

El joven planteó que el Estado no está disponiendo de todos los recursos para investigar el crimen de Agustina. "Cómo puede ser que los familiares con pocos recursos podamos avanzar en la investigación más que ellos. Hay un encubrimiento sistemático desenvolviéndose", expresó. "Yo considero que el aparato estatal es una superestructura constituida por distintos estamentos de los que forman parte los fiscales, jueces y el cuerpo policial descompuesto (...). Producto de esa podredumbre surge el narcotráfico, la trata", manifestó. Respecto a esto, la familia sigue teniendo como hipótesis que el crimen de Agustina fue por un ajuste de cuentas narco en el que habría policías involucrados.