Comunidades indígenas de Salta se sumaron a la movilización que se llevó adelante ayer en todo el territorio nacional en reclamo de que se prorrogue la Ley nacional 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. El proyecto de extensión de esta norma ya cuenta con media sanción del Senado y ahora resta que Diputados llame a una sesión para su tratamiento.
Ante la inminencia de la caída de esta Ley, que vencía el pasado 23 de novoviembre, el 18 de ese mes el presidente Alberto Fernández emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia prorrogando los efectos de la ley 26160 hasta el 23 de noviembre de 2025- Pero los pueblos indígenas insisten en que un DNU no proporciona la misma seguridad jurídica que una ley, y reclaman que el Congreso nacional apruebe el proyecto de ley de prórroga.
La 26160 ordena el relevamiento de la ocupación territorial ancestral de todas las comunidades del país, y hasta tanto no finalice esa labor, suspende la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos que habiliten el desalojo de las tierras de las comunidades indígenas.
La médica wichí Tujuayliya Gea Zamora, una de las participantes de la movilización en la ciudad de Salta, contó a Salta/12 que las manifestaciones que se realizaron en la provincia fueron para acompañar a los hermanos y hermanas indígenas que están acampando en las puertas del Congreso nacional desde hace semanas. Hubo protestas en Capital, Campo Quijano y en el Chaco salteño, en las localidades de Embarcación, Pichanal y Salvador Mazza.
Tujuayliya lamentó que desde la media sanción en el Senado, el 28 de octubre último, no se haya convocado desde la Cámara Baja a una sesión para avanzar en la discusión del proyecto, que, entre sus puntos sobresalientes dispone otorgar un presupuesto de 290 millones de pesos para concluir el relevamiento territorial. Para la médica, es fundamental que la prórroga de la ley pueda sancionarse desde el Congreso, para "garantizar una mayor seguridad jurídica" en territorio indígena.
La urgencia en el pedido tiene que ver con la presión que ejercen grandes sectores empresariales que disputan tierras de uso ancestral de pueblos indígenas. En ese sentido, el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, contó a Salta/12, que en todo el país 300 casos tienen sentencia de desalojo, pero se encuentran detenidos por la declaración de la emergencia territorial. "Eso genera un situación muy preocupante", alertó Pilquimán desde el acampe en el Congreso.
Tujuayliya Zamora subrayó que "con ley o sin ley, los desalojos se han ejecutado igual", pero señaló que bajo el amparo de esta legislación, que nació en 2006, se otorgó una seguridad jurídica "para poder pelear en lo judicial". Asimismo, recordó las continuas persecuciones que se llevaron adelante contra quienes se manifestaron en favor de la propiedad indígena, y que en algunos, derivó en su muerte, como los casos de Elias Garay, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
Para Víctor Cruz, del Pueblo Tastil, hay todavía mayor preocupación con el decreto porque las provincias, en su caracter autónomo y federal, pueden adherir o no, e incluso, pedir que se lo declare inconstitucional. "El decreto no tiene el sustento suficiente y por eso estamos en esta lucha", aseguró. Cruz se movilizó junto a sus hermanos sobre la ruta nacional 51, a la altura de la localidad de Campo Quijano.
Además, en los pueblos indígenas existe un temor por el recambio de diputados que se dará el próximo 10 de diciembre, ya que se sabe que se sumarán más bancas de la oposición. Esto se debe a que actualmente el bloque de Cambiemos ha puesto trabas para conseguir los dictámenes en las comisiones. Hasta el momento, la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen favorable ante la emergencia territorial.
Por eso, el pedido puntual es que hay un tratamiento urgente en Diputados antes del 10 de diciembre. Ante la ausencia de una fecha, los pueblos volverán a movilizarse este jueves 2, mientras se rumorea que el proyecto subiría al recinto el martes 7.
Desde Pichanal, la ava guaraní Leticia Quispe también pidió por la pronta sanción de la ley, "ya que realmente nos sentimos avasallados por todos los terratenientes que se creen los dueños de los lugares que habitamos". Aseguró que las comunidades hoy se encuentran unidas con el único propósito de que se termine de dar una sanción para tener "unos años más de amparo".
En el decreto 805/21, del gobierno nacional, se informó que, de acuerdo al Censo 2010, son 955.032 los descendientes de pueblos originarios dentro de 1760 comunidades indígenas identificadas a la fecha en el país. De este total de comunidades, el INAI sólo relevó 746 comunidades, e inició el proceso de relevamiento en otras 246, que se encuentran en distintos grados de avances de ejecución.
Es decir que aún falta relevar 768 comunidades. En el decreto 805 el Presidente también destacó que en su gestión, a pesar de la pandemia declarada por la covid-19, se han culminado 73 relevamientos con sus respectivas resoluciones y se formalizaron 7 convenios interjurisdiccionales con las provincias de Neuquén, San Juan, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy.
De acuerdo a un informe de 2020 de la Universidad Nacional de Salta, en la provincia existen 14 pueblos indígenas. En la conocida “región andina” o “subandina”, que incluye la Puna, los Valles Calchaquíes y la Quebrada del Toro, se encuentran los pueblos Atacama, Kolla, Diaguita/Diaguita-Calchaquí, Tastil y Lules. Mientras, que en región del “Chaco salteño”, están los pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Iogys, Weenhayek, Tapiete, Qom (Toba), Guaraní y Chané.
El paso que viene
El representante del Pueblo Lule, David Torres, también pidió por la prórroga y recordó el caracter transitorio de la Ley 26.160, ya que el máximo objetivo es "consagrar una ley de propiedad comunitaria". En ese sentido, dijo que se deben concluir los relevamientos, evitar los desalojos, y emprender el camino de discusión para elaborar un proyecto que otorgue el derecho de la propiedad comunitaria a los distintos pueblos.
Precisamente, el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, aseguró que esa iniciativa deber ser "una ley que debe estar pegada" a la 26.160. "El paso siguiente debe ser la titularización comunitaria", en la que además de una nueva legislación, se ordene la creación de un registro en cada una de las provincias.
Los pueblos indígenas del país cuentan con un caso testigo sobre el derecho a la propiedad: la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, que después de reclamar por más 20 años, logró este año un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispuso que el Estado debe otorgar un título único de propiedad comunitaria a las comunidades que integran esta Asociación sobre 400 mil hectáreas de tierras que abarcan gran parte de los ex lotes fiscales 55 y 14, en el departamento Rivadavia.
Para Torres, los estados tienen una amplitud de derechos, pero "poca voluntad para aplicarlos". Aseguró que Salta es un ejemplo de ello porque se evidencia la falta de políticas públicas focalizadas hacia los colectivos más vulnerables, en este caso, los pueblos indígenas. Como muestra de ello, recordó las muertes de niños y niñas por desnutrición y los femicidios que se dan en las comunidades.
En el caso del Pueblo Lule, el relevamiento ya se hizo, pero aún hay comunidades de otros pueblos que no han sido abordadas. Por ejemplo, el Pueblo Tastil tiene 14 comunidades y aún falta relevar cinco. "Salta tiene un trabajo hecho, pero aún falta mucho por hacer; y ese hacer, tiene que tener la consulta y participación de los pueblos indígenas porque hoy no las hay", reclamó Torres.
