La trabajadora judicial Rosana Paola Ruiz denunció en 2019 a dos médicos del Poder Judicial de Salta, por abuso sexual a uno y al otro por acoso sexual y laboral, cometidos cuando ella solicitaba licencias, primero para atender a su madre enferma de cáncer y luego por problemas de salud propios. Esta denuncia ni siquiera fue caratulada hasta la fecha y hubo tres fiscalas intervinientes. En cambio, ella misma terminó acusada y requerida a juicio, acusada de usurpar el título de mediadora judicial, a pesar de que hizo el curso correspondiente y tiene esta certificación, y de que nunca ejerció la mediación.
Las dos primeras fiscalas que intervinieron en su denuncia, Soledad Filtrín Cuezzo y Alda Murúa, ambas de Orán, se apartaron y las sucedió, ya en noviembre último, la fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género María Luján Sodero Calvet, de Capital, que ahora está de licencia.
En cambio Murúa sí avanzó en la causa contra Ruiz, acusándola de usurpación del título de mediadora, aunque la empleada asegura que no ejerció esa actividad y es una causa armada para desvincularla del Poder Judicial.
Ruiz empezó a trabajar en el Poder Judicial en 2013. En lo que parece el origen de la persecución que denuncia, en 2014 su madre, Rosalía Bazán, de quien es única hija, comenzó con complicaciones coronarias y fue intervenida quirúrgicamente dos veces, en 2015 y en febrero de 2019. En esas circunstancias solicitó las licencias que la llevaron a tratar primero con el médico Rodolfo Villalba Bachur, a quien denunció por acoso sexual, y luego al médico Héctor Manuel Guerrero, por abuso sexual. También denunció al contador Nolberto Musa, de recursos humanos del Poder Judicial en Orán, por no tomar medidas cada vez que le comunicó sobre la situaciones que atravesaba.
"Rodolfo Bachur tuvo una actitud lasciva, para que autorizara mis carpetas médicas yo tenía que ir a tomar cafecito con él", sostuvo Ruiz. Dijo que el médico le hacía estas invitaciones cuando la citaba a la oficina del Servicio Médico para firmar sus presentaciones y ella las rechazaba. "Lo debe haber repetido 3 años, cuando decidí no dejarle pasar el comentario, le dije que por favor se dirija con respeto". "Cuando lo enfrenté me contestó: 'y vos qué te crees, negrita, ¿qué tenés vos de especial?”, contó.
Esa vez Ruiz había pedido 10 días de licencia porque su madre estaba enferma, pero Bachur le habría respondido que no podía autorizarle esa cantidad de días, "pero tal vez 5 o 3, o si tomamos un cafecito capaz lo arreglamos”. La trabajadora contó que cuando le pidió que dejara de acosarla, el médico se desfiguró, "se volvió loco" y la "corrió como a un perro". Y después se negaba a autorizarle sus carpetas médicas o lo hacía parcialmente. Así, de $19.000 que cobraba en aquella fecha, llegó a percibir $7000 una vez porque el médico no le autorizó una licencia alegando que la presentó fuera de hora aunque se había presentado en el plazo.
Ante la consulta de Salta/12 el Ministerio Público Fiscal de Salta explicó que Murúa responsabiliza a Ruiz por la "la demora en las actuaciones" porque "no pudo ser notificada en tiempo y forma en los domicilios legales que consignó en las denuncias y se consideró fundamental para la investigación su declaración". El abogado de Ruiz, Hernán Mascietti, dijo a este diario que presentó ayer la querella en la denuncia por abuso sexual contra Guerrero.
Además, Murúa informó que una denuncia contra Musa por acceder a la denuncia policial de la trabajadora "fue archivada" y "sin que existiera oposición de ninguna de las partes intervinientes". Mascietti dijo que no fueron notificadxs.
Revictimización
"Bachur empezó a cuestionar mis carpetas médicas. Él (y) Manuel Guerrero se tomaban el atrevimiento de ir a ver a los médicos de mi mamá para decirles que no me den carpeta médica porque me iban a echar", dijo Ruiz. Dijo que informó de esta situación a la oficina de recursos humanos del Poder Judicial, pero no tuvo ninguna ayuda y por el contrario, sintió que la revictimizaron.
Ruiz tuvo un accidente en la rodilla, y Bachur no quiso autorizar la licencia. "Después de un año me llama para decirme que no me iba a firmar las carpetas, que tenía que ir a una junta médica de Salta. Le pregunté si esto solo pasaba conmigo o con todos y me contestó: 'No, a vos, yo te dije", relató. Entonces fue a una junta médica en Capital con su médica tratante, gastando en viáticos y honorarios de la profesional, y cuando llegó le contestaron que no se la podía hacer porque ella no era trabajadora de este distrito. Ruiz dijo que una funcionaria del Poder Judicial en Capital, de apellido Reyes, la acusó a los gritos de mentir respecto a su problema en la rodilla.
Luego la enviaron a trabajar a la mesa de entradas, pero fue trasladada por quejas de una trabajadora social que le pedía tareas que no podía realizar por su estado de salud. Entonces la designaron en un juzgado en el que durante tres días tuvo que estar de pie porque le dijeron que no había sillas, tampoco le asignaron funciones y finalmente le entregaron un escrito diciéndole que no podía quedarse porque no había espacio.
A esas alturas se reunió con el vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta, Fabián Vittar, quien la derivó a la biblioteca, pero Musa, demoró la derivación.
Cumpliendo funciones en ese lugar a la trabajadora le salió un absceso en la ingle que la obligó a pedir licencia por el dolor que le provocaba. Entonces ocurrió el hecho que denunció como abuso sexual. El 28 de junio de 2019 en el Servicio Médico Guerrero "Me dijo 'te voy a tener que revisar'. Le dije que no estaba autorizado", relató Ruiz. Se quejó ante Musa, pero éste le respondió que tenía que hacer lo que decía el médico: "vos fijate, si no te revisa yo te voy a hacer un informe y te van a suspender".
Así, "desconcertada, (sentía) entre ira, impotencia, y vergüenza", Ruiz llamó a su marido, quien la acompañó a la revisación, a la que se sometió llorando. Detalló que el médico ni siquiera hizo caso a las objeciones suyas y de su esposo, la hizo sacarse al pantalón y a pesar de que era evidente el absceso, el médico la tocó en su parte genital "para ver si estaba inflamada"; "tocó el absceso y los labios de la vagina, y corrió aún más la ropa interior dejando la vagina expuesta a su mirada". "Me sentí vulnerada en todos los aspectos", sostuvo la denunciante.
Después de esa experiencia Ruiz hizo la denuncia policial contra Bachur, Guerrero y Musa. Y contó que después se enteró que la fiscala "Soledad Filtrín, que es amiga de Nolberto Musa", le dio a conocer la denuncia enviándosela con una ordenanza, "antes de que llegue al juzgado de violencia familiar y de género". Y luego hubo una reunión en el Servicio Médico, "Se reunieron para ver como cajonear la causa, hablaron con la jueza Ana María Carriquiry y dijeron que me iban a hacer echar", sostuvo la trabajadora.
Señaló que se enteró de todo esto porque Guerrero intercambió chats con otra persona contándole estos hechos. La empleada amplió su denuncia y Filtrín se apartó de la causa, que pasó a Murúa.
Una muerte sospechosa
En un texto elaborado por ella y su abogado, Ruiz afirmó que su padrastro, Néstor Domingo Díaz, falleció en una situación sospechosa y apuntó contra Guerrero.
El 16 de mayo de 2019 Díaz sufrió un aneurisma y quedó internado en la Clínica Güemes, tras días en terapia intensiva sin que se recupere, el 19 de junio de 2019 fue derivado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, donde advirtieron que pese a que tenía "una neumonía muy avanzada y sepsis", no había ningún rastro de medicamento en su sangre. "Es decir que en terapia intensiva lo estaban dejando morir", sostuvo Ruiz antes de asegurar que quien "recibía la guardia en la terapia intensiva de la Clínica Güemes, era el médico Héctor Manuel Guerrero, quien estaba al tanto de la afinidad por las visitas".
Tras su denuncia, el 24 de agosto de 2019 fue acusada ella misma por la usurpación de título de mediadora. La fiscala Murúa informó que la denuncia fue realizada por la directora de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la provincia, Victoria Fossati, y que hay elementos que permiten sostener la acusación. La causa actualmente se encuentra con requerimiento de elevación a juicio. "La acusación de la funcionaria sobreviene a partir de que la denunciada, en su condición de empleada del Poder Judicial, no tenía habilitación para desempeñarse como mediadora", informó Murúa a través del área de prensa del Ministerio Público Fiscal. Mascietti indicó que el juez Claudio Alejandro Parisi le negó una probation en esta causa, y también la fiscala se había opuesto, por lo que adelantó que presentará un recurso en queja ante la Corte de Justicia.
Ruiz y su abogado dijeron que esta denuncia le provocó más trastornos nerviosos, al punto que sufrió un accidente cerebro vascular, quedando hemipléjica por un año. A principios de 2020 la neuróloga Claudia Furlán y la psicóloga Érika Cecilia Kucuk le diagnosticaron depresión, trastorno de estrés postraumático y Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente en el cual el propio sistema inmunitario de una persona daña sus neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis. Furlán y Kucuk afirmaron que estas dolencias se originaron en "una situación de violencia de género y acoso sexual en el ámbito laboral" y advirtieron que "de persistir en el puesto de trabajo sin cambios sustanciales podrían llegar a desarrollarse otras patologías asociadas a la situación laboral de la paciente como estados maníacos depresivos agudos o intentos de suicidios".
A pesar de este informe, la Corte la suspendió sin goce de sueldo, "hasta tanto se acredite su desvinculación definitiva de la causa penal que tramita en su contra". Ahora Ruiz no tiene asistencia de salud y está sin medicación, ya que se quedó sin obra social y no puede cubrir esos gastos.
Mascietti añadió que la jueza de Violencia Familiar y de Género Adriana Maidana Vega, que intervino en la denuncia realizada en 2019, recién en 2020 dispuso medidas cautelares, pero no se cumplieron hasta el día de hoy. La jueza caratuló los hechos como violencia de género y ordenó relevar a la víctima del trato directo con los médicos acusados. Además, estableció que los profesionales del servicio médico del Poder Judicial de Orán y del área de Recursos Humanos debía capacitarse obligatoriamente en género.
