Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) firmado el miércoles último revela irregularidades en el manejo de los fondos de la Corte Suprema durante 2011. El documento señala la existencia de cuentas bancarias para gastos de funcionamiento sin control, falta de certificaciones de obras públicas y obras inconclusas, la vulnerabilidad del sistema de datos y liquidaciones de haberes de todo el personal, transferencias de remanentes de la Obra Social del Poder Judicial al área de administración, que comanda Daniel Marchi, gran  aliado del presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, y en particular una subejecución millonaria del dinero percibido por el tribunal. La Corte, en el año en que se focaliza el estudio, recaudaba 1500 millones de pesos, pero sólo ejecutaba 650 millones, según la AGN, y el remanente iba a parar a plazos fijos cuyos movimientos y montos no se conocen con precisión.  

El informe tiene tres grandes ejes: uno alude a las cuestiones de “tesorería” y administración del dinero; otro se  refiere al “personal” y el tercero a la “obra pública”. Al final hay un descargo realizado por la propia Corte donde intenta dar explicaciones en cada uno de los puntos, pero la AGN sostiene que no modifica sus conclusiones. La diputada Elisa Carrió anunció ayer que en base a esta evaluación del organismo, que preside Oscar Lamberto, ampliará el pedido de juicio político que ya formuló en el Congreso contra Lorenzetti, pero que hasta ahora no fue tratado porque no cosecha adherentes en un escenario político de lo más dinámico.

La Corte percibe ingresos, por ejemplo, de la “tasa de justicia” que se paga en el trámite de expedientes. Pero también percibe excedentes no ejecutados. En el año 2011 tenía 4050 millones de pesos en sus plazos fijos, que le daban 200 millones de pesos de interés anual. Al día de hoy tiene 13.000 millones. Este uso de los excedentes puede hacerlo en virtud de un decreto del gobierno de Néstor Kirchner, de todos modos es señalado como una irregularidad en el marco del derecho administrativo ya que los presupuestos en órganos públicos están para ser ejecutados, no para generar intereses. La AGN habla de la “inexistencia de un adecuado control sobre la recaudación”. Dice que el tribunal ni siquiera cuenta con una estructura y mecanismos que “le permitan reunir documentación de respaldo e información proveniente de las áreas que originan recursos, y que le permita controlar las  instituciones bancarias y verificar que se acredita la totalidad de la recaudación”. La tesorería, señala el documento, se controla a sí misma. Tampoco hay control sobre el dinero proveniente de los embargos judiciales, y no existe  verificación de la diferencia entre el plazo fijo y lo que se depositó (de lo que resulta el llamado spread  bancario). Aparecen transferencias de la Obras Social hacia la Administración, que tampoco tienen explicación.

En cuanto a las obras edilicias, la gran mayoría de las que fueron proyectadas no se hicieron. Por ejemplo, se proyectó la Morgue al lado de Comodoro Py pero cuando empezaron a hacer el pozo encontraron un caño maestro y no lo concretaron; tampoco se hizo el Archivo general del Poder Judicial, ni otras obras menores que se encararon en el marco del llamado “comité de inversión” (una instancia que creó Lorenzetti para manejar también el dinero del Consejo de la Magistratura). Un cuadro muestra que hubo adelantos de dinero por obras que no se hicieron.