El exjefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, se presentará el lunes a la justicia para sumar dos audios a la causa que tramita el juez federal Ernesto Kreplak. Allí un subcomisario involucrado en los allanamientos a su vivienda, a la de la casa, la empresa y hasta el club de Daniel Scioli, y a casi cien domicilios más, asegura que en la provincia de Buenos Aires funcionaba una mesa judicial, que se reunía en el Ministerio de Seguridad en La Plata, en la misma sala del Banco Provincia donde se filmó el video de la Gestapo, y a veces también en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), frente a la Casa Rosada. Según se escucha, la integraban la exgobernadora María Eugenia Vidal, el exministro Cristian Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y el exjefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai. 

En los dos audios que se presentarán en la Justicia, y que pertenecerían al subcomisario y contador Hernán Casassa, se detalla: “con respecto a cómo viene Asuntos Internos, que es exactamente la oficina en la que, por orden de Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis (sistema de información económica), hablaba con la Unidad de Información Financiera (UIF), pedía información de todos lados. Y eran los que, con el fiscal de Avellaneda, lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de (Elisa) Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era Provincia, era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así”. Página/12 accedió a los audios por fuentes allegadas a los denunciados. 

La Gestapo política

En los últimos días, apareció por primera vez con una prueba de video y audio el accionar de la mesa judicial bonaerense -la de la ansiedad por tener una Gestapo- referida a espionaje ilegal y armado de causas contra dirigentes gremiales. Ahora aparece una prueba nítida de cómo se operaba contra dirigentes políticos. 

Casassa encabezó personalmente los allanamientos a la empresa de Scioli -Capanone, que era originalmente la de electrodomésticos y es de la familia desde hace 60 años-, al domicilio de Alberto Pérez -jefe de Gabinete de Scioli-, a varias cooperativas de trabajo, a dependencias de Ioma, al subsecretario de Asuntos Administrativos, Walter Carbone, y a casi cien domicilios más, entre ellos el club La Ñata, en el que el exgobernador juega al futsal. 

Con la pata mediática hicieron ruido a raíz de la estatua de un dragón que había en un jardín de la casa de Carbone: dijeron que tenía una caja fuerte adentro, pero al final no se encontró nada y se la devolvieron.

El contador Casassa, una pieza clave

El subcomisario Casassa era una pieza clave para la mesa judicial porque, siendo contador, venía de la división Activos Ilegales, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Página/12 publicó, ya el 5 de julio de 2020, la existencia de una mesa judicial y espionaje ilegal bajo la órbita de Vidal, pero los datos no provenían de alguien de adentro, sino de una secuencia de pedidos de informes e intervenciones telefónicas irregulares.

Por ejemplo, se hicieron informes de Migraciones, informes económicos a través de los Nosis, la AFIP, la UIF, y hubo intervenciones telefónicas a Roberto Baradel, sus hijos y hasta nietos, en tiempos de conflicto con los docentes. Todo sin orden judicial alguna. Cuando el intendente de Ensenada, Mario Secco, irrumpió en la Legislatura bonaerense para protestar por una reforma jubilatoria, se desataron los pedidos de Nosis y las intervenciones telefónicas.

Las evidencias mostraban que no se trataba de hechos aislados, sino de una matriz de persecución.

Los audios que llegarán a la justicia

Esta vez, la prueba contundente surge del propio riñón del aparato que protagonizaba la persecución. El subcomisario Casassa precisa en dos audios enviados a un allegado y con un cierto tono de arrepentimiento, de dónde salían las órdenes que le daban y quién armaba las causas judiciales de manera clandestina:

“Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados. Estaba autorizada a pedir la información, la usaban para juntar toda la información. De ahí salían los diferentes armados. Por ejemplo, toda la documentación con la que se allanó a (Walter) Carbone, los dragones, las casas, era toda documentación que se logra incorporar gracias a este entramado que tenían de búsqueda de información. Lo mismo después cuando sale el informe, con todo detallado, de la venta de los terrenos a Miller, la construcción de los hoteles. Era toda información que era presentada por esta mesa de investigación clandestina que tenían. Por eso era tanto el ingreso de información a la causa judicial. Sí o sí había que matarlo. Me consta porque iba gente interesada del ministerio y que tanto daño trajo en la causa de él (Scioli)”.

Estos eran los esbozos de espionaje y armado de causas ilegales. Allanaron la vivienda de Carbone, pero al final no encontraron nada. Los terrenos de Miller, es una referencia al intento de vincular una operación inmobiliaria con la construcción de las UPAS (Unidades de Pronta Atención Sanitaria). Terminó en la nada. Lo de la construcción de hoteles, no se sabe a qué se refiere, porque se ve que es algún dato que tenían, pero que tampoco prosperó.

En el segundo audio se escucha lo siguiente: “la mesa judicial, que era el grupo de tareas que era Asuntos Internos, esa mesa judicial que estaba Conte Grand, junto con Vidal, algo imposible por la división de poderes, no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa. Y eran los que, con el fiscal de Avellaneda, lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era Provincia, era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así. Por más que des vueltas”.

La trama

Como quedó claro en el video en el que lleva la voz cantante el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, “la cuestión judicial está arreglada”. Las palabras exactas de Villegas fueron “no estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de Justicia, un senador, funcionarios del gobierno Nacional si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial. No los estamos invitando a un carnaval para ver qué sale, digamos”.

El audio atribuido a Casassa muestra lo mismo. En la mesa judicial estaba Conte Grand -él mismo fotografiado hace unos días almorzando con Mauricio Macri- que iba en persona a las reuniones. Y las causas se canalizaron a través de dos fiscales, Alvaro Garganta y María Cecilia Corfield. En la provincia de Buenos Aires los fiscales son los que investigan y Conte Grand mantiene el control con puño de hierro.

Ya hace un año y medio se le presentaron aquellas pruebas de los Nosis -nada menos que 40.000 pedidos de informes sin orden judicial-, pero Corfield avanzó únicamente en los 4.000 que tenían que ver con investigaciones sobre el patrimonio de los policías. El juez Guillermo Atencio no intervino.

Y, por supuesto lo que surge de los audios, se concreta en la realidad: el armado de causas se complementó luego en la UIF, la AFIP, la AFI, Migraciones u otros organismos oficiales y la información se le pasó después a referentes de la oposición, en especial a Elisa Carrió, que los presentó a la justicia. El redondeo inmediato consistió en la difusión a través de los medios amigos.

La matriz de persecución 

Para el macrismo, la matriz de persecución fue esencial. Era la manera de tapar los descomunales aumentos de tarifas, el cierre de empresas, el desempleo y luego el endeudamiento. Trabajaban con la idea de que los escándalos, la demonización de Cristina Kirchner o Daniel Scioli, les daban aire para imponer políticas impopulares. Es lo que explica dos hechos inéditos:

* En la reunión en la que se añoró a la Gestapo, estuvieron presentes el jefe de operaciones de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, Director de Operaciones; Sebastián Di Stéfano, director de Jurídicos y Darío Biorci, jefe de Gabinete de la central de espías. “Nunca en la historia de la inteligencia argentina se cometió la irresponsabilidad de sacar a la luz, en una sola reunión, a tres directores del máximo nivel de la exSIDE”, sostuvo un viejo analista de cuestiones de inteligencia. Demuestra la importancia que le daban al armado de causas.

* En las tareas de espionaje se usaron, de manera masiva, decenas y decenas de policías, sin experiencia en inteligencia y muy dados a guardarse y pasarse información, esperando venderla o usarla en algún momento, incluso para extorsionar. Por eso aparecen más y más audios, videos y fotografías. En este caso, la voz es de un subcomisario clave.

Todo está filtrado, todo sale a la luz -y seguirá apareciendo- producto de un aparato de mercenarios improvisados puestos a perseguir a opositores en función de la estrategia diseñada en la Casa Rosada.