La política tributaria impulsada por el Gobierno desde diciembre del 2019 tuvo entre sus premisas recuperar la progresividad de los tributos sobre el patrimonio. Así, la reciente Ley 27.667, modificatoria de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, continúa el camino iniciado con la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Son ejes centrales para el desarrollo de una sociedad más equitativa, al generar recursos fiscales originados en el patrimonio de las personas más ricas, que contribuyen a financiar un Estado con mayor capacidad para aplicar políticas de desarrollo económico y social.

Entre 2016 y 2018, las reformas aplicadas por el entonces gobierno produjeron una caída en la recaudación del impuesto a los Bienes Personales, alcanzando en 2018 un mínimo histórico del 0,1 por ciento del PIB.

La combinación entre la eliminación de la escala progresiva de alícuotas, que iban de 0,5 a 1,25 por ciento, y su reemplazo por un esquema de alícuota plana, junto con la rebaja escalonada de la alícuota máxima desde el 1,25 por ciento vigente en 2015 a 0,25 por ciento a partir de 2018, deshizo el sentido original del impuesto.

Cambios

A partir de diciembre de 2019, con la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, se dio inicio a una serie de reformas que lograron suspender y revertir el sesgo regresivo.

Se recuperaron las alícuotas progresivas, de 0,5 a 1,25 por ciento, vigentes hasta 2015, y se implementaron alícuotas diferenciales para los bienes en el exterior de 0,7 por ciento a 2,25 por ciento, con la posibilidad de pagar la alícuota reducida en el caso de repatriar al menos un 5 por ciento de los activos situados fuera del país. Asimismo, se corrigió el desaliento a las inversiones en pesos que tenía el impuesto.

Entre 2019 y 2020, la jerarquización del tributo se debió a la alícuota diferencial para los bienes situados en el exterior. De ese modo, se incrementó la recaudación en 0,61 puntos porcentuales del PBI, llegando al máximo histórico de 0,75 por ciento del PBI, cuando el promedio de los últimos 20 años fue de 0,27 por ciento.

Continuando con este camino, la Ley 27.667 sancionada recientemente contempla un conjunto de medidas que mejoran la progresividad del tributo, reduciendo la carga de quienes poseen un menor patrimonio relativo y, al mismo tiempo, fortaleciendo el aporte de aquellos que tienen mayor capacidad contributiva.

Novedades

Se triplicó el monto del mínimo no imponible general, de 2 millones de pesos a 6 millones, y se elevó el mínimo no imponible especial para casa-habitación, de 18 millones de pesos a 30 millones. Con esas modificaciones se benefician a más de 131 mil contribuyentes que ya no pagarán el impuesto a partir del año fiscal 2021.

Complementariamente, se introdujeron dos nuevos tramos en la parte superior de la escala de alícuotas, gravando los patrimonios que superan los 100 millones de pesos y 300 millones, con alícuotas del 1,50 y 1,75 por ciento, respectivamente. La nueva segmentación mejora la equidad vertical entre los contribuyentes más ricos.

Por otra parte, se incorporó al texto de la ley del impuesto la escala de alícuotas diferenciales para los bienes situados en el exterior, vigentes actualmente por disposición del Decreto 99/19, con la posibilidad de reducir las mismas en caso de verificarse la repatriación de una porción de estos activos.

Finalmente, para dar mayor previsibilidad al tributo se estableció un mecanismo de actualización anual y automática de los montos de los mínimos no imponibles, y de los montos de los tramos de las escalas de alícuotas, mediante el IPC del Indec.

Más allá de los cambios, existen aspectos importantes a trabajar en este impuesto. Es necesario avanzar en materias de intercambio de información con otros países, ya que una importante porción de los activos en el exterior se encuentra sin declarar. Paralelamente, se debe seguir trabajando en la valuación de los inmuebles del país, reduciendo la brecha existente entre los valores declarados y los valores de mercado.

No obstante estos desafíos, claro está que con la sanción de esta nueva Ley se profundiza el camino iniciado en diciembre de 2019, con el objetivo de establecer un sistema tributario más progresivo, que entienda de la riqueza y de la pobreza. Un sistema tributario más equitativo, que genere los recursos fiscales necesarios para contribuir a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo con inclusión social.

*Contador Público y Doctorando en Cs. Económicas

**Economista y Mg. en Sociología