Acuerdos incumplidos (título)

Es en las temperaturas extremas, durante las olas de calor, cuando el sistema eléctrico es puesto a prueba y falla. El día después se da el típico juego de recriminaciones. Difícilmente se llega a una conclusión salvo por la siguiente: las inversiones son insuficientes en relación a los picos de demanda. Cuando se quiere profundizar en las razones nos damos cuenta de que el sector se gestionó bajo leyes de emergencia energética en 18 de los últimos 20 años.

Las leyes de emergencia presuponen la suspensión del marco normativo. Aun así nos recuerdan con que altas expectativas fueron redactadas. Dos en particular, los niveles de calidad del servicio y la obligación de abastecer todo incremento de demanda.

Las redes de electricidad y gas tienen la particularidad de que uno invierte hoy en función de la demanda que prevé suceda en los próximos 10 años. Esta regla de ingenieros, de 1-en-10: un corte cada 10 años, garantiza tener holgura en el sistema que evite los cortes. La segunda regla es cierto consenso sobre quién debe sustentar el costo de expansión de la red: los usuarios que consumen en el pico de demanda. Un servicio confiable y seguro tiene en cuenta estas dos reglas.

En cambio, durante la emergencia las empresas y el Estado son socios en la gestión del sector. Un nuevo tipo de contrato aparece: los acuerdos transitorios, inaugurados en 2006. El carácter distintivo de estos acuerdos es que ambas partes reconocen que los fondos van a ser insuficientes. En el toma y daca de estas negociaciones, el largo plazo es sacrificado, que en este contexto equivale a recortar inversiones.

Pero el largo plazo suele tomarse revancha. La demanda crece incentivada por la caída en términos reales de las tarifas. Por definición, los acuerdos transitorios necesitan ser constantemente actualizados. Cuando esto no sucede la cadena de pagos se rompe.

En el caso de la electricidad, se le deja de pagar a CAMMESA por la compra de energía y se destinan esos fondos al pago de sueldos o mantenimiento. En ocasiones esto incluso fue insuficiente y se le prestó plata directamente para el pago de sueldos. En el caso de gas se le ha dejado de pagar a los productores o a IEASA, la empresa estatal de energía. Es por esto que en el nuevo plan Gas, el Estado asume la diferencia entre el precio trasladado a tarifa y el acordado con los productores.

Cuando los acuerdos transitorios fracasan, el sector energético deja de ser una preocupación del Secretario de Energía para estar en la agenda del Ministro de Economía: se necesitan fondos, y de forma urgente para revertir la falta de inversiones.

Los problemas microeconómicos del sector se gradúan en problemas macroeconómicos. Entre 2008 y 2021 los subsidios energéticos sumaron u$s 147 mil millones, a razón de 2 puntos porcentuales del PBI por año.

En todos estos años no se logró un consenso de cómo salir de los acuerdos transitorios. En 2014 el sistema hizo eclosión cuando los subsidios alcanzaron 3,5% del PBI. Cuando se lo intentó, en 2017, la escapada del dólar y el pico inflacionario llevó a utilizar nuevamente las tarifas como ancla para contener las expectativas sobre la inflación. Si la escalada actual no se atiende, volverán a poner en riesgo las cuentas fiscales.

Dos reflexiones finales. No somos el primer país al que le sucede esto. Existen experiencias que aplicando un sendero dual, es decir, separando aquellos que pueden afrontar los costos de aquellos que el Estado decide subsidiar, fueron avanzando en un consenso sobre el costo de abastecer la demanda sin poner en riesgo las cuentas fiscales y dejando atrás los acuerdos transitorios.

Por último, la red eléctrica es considerada la infraestructura clave para la transición energética. Sin los niveles de holgura descriptos resulta poco verosímil considerar la electrificación de los usos finales de energía, como ser en transporte, la construcción, o la industria, necesarios para cumplir con los compromisos del país en el marco del Acuerdo de Paris. 

Investigador asociado de Desarrollo Económico CIPPEC.