Un tribunal británico autorizó este lunes al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a recurrir ante el Supremo su extradición a Estados Unidos para ser juzgado allí por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. El dictamen del Tribunal Superior da un plazo de 14 días para que Assange eleve su caso al Supremo, que deberá decidir si lo admite o no.

Los jueces del Tribunal Superior Ian Burnett y Tim Holroyde, que el pasado 10 de diciembre autorizaron la entrega del periodista al dar por bueno un recurso de EE.UU. en un proceso de apelación, reconocieron en su fallo de hoy que hay un aspecto legal que puede merecer ser examinado por el Supremo, máxima instancia judicial británica.

El punto que podrá analizar el Tribunal Supremo británico

De admitir el caso, esta corte tendría que analizar si es admisible que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre, y no en el juicio inicial de primera instancia en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el australiano en suelo estadounidense.

Los jueces consideran que el recurso de Assange debería ser denegado, pero dado que el Supremo nunca se pronunció sobre este punto legal en concreto, dejan en sus manos decidir si quiere examinarlo.

La defensa del fundador de WikiLeaks ya se quejó en octubre de que Estados Unidos había presentado "fuera de tiempo" las salvaguardas para proteger a su cliente.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), Amnistía Internacional y  Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebraron la posibilidad de apelación para el periodista que lleva más de 1.000 días encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, ante la negativa de los jueces británicos a concederle la libertad condicional.

"Saludamos esta decisión", dijo la directora de la sede de RSF en el Reino Unido, Rebecca Vincent, al subrayar que es "un paso en dirección correcta", aunque todavía no es suficiente.

"Nos alegramos de que se permita a Julian Assange solicitar la apelación contra su extradición a EEUU", dijo la declaración de la FIP, y agregó que la extradición de Assange a EEUU "pondría su vida en peligro extremo".

Por su parte, Massimo Moratti, el director de investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional, saludó la decisión, pero mostró sus reservas al preocuparse por que "el Alto Tribunal haya eludido su responsabilidad de garantizar que los organismos judiciales estudien plenamente las cuestiones de importancia pública".

Un caso con significado histórico 

Según la representante de RSF, el caso de Assange tiene un significado histórico, que "tendrá implicaciones para el periodismo y la libertad de prensa durante muchos años".

"Es de vital importancia que este caso sea revisado por el más alto tribunal en Reino Unido, por lo que esperamos que la Corte Suprema acepte esta apelación", continuó la directora de RSF en Reino Unido frente a los tribunales .

"La situación de Julian Assange es urgente, tenemos serias preocupaciones respecto a su salud y bienestar. Los problemas mentales de larga data están ampliamente documentados. También estamos preocupados por su salud física, sobre todo sabiendo lo que sabemos ahora sobre los numerosos ACV que tuvo en octubre pasado y el registro sobre el aumento de casos de coronavirus en la prisión en este momento", detalló.

"Llamamos una vez más a la gestión del presidente estadounidense, Joe Biden, a retirar los cargos, a que cierre el caso de una vez por todas. Este proceso judicial no debe continuar y está en las manos del Gobierno de Estados Unidos frenarlo", apuntó.

Asimismo, agregó que Assange "no está a salvo, a menos que sea inmediatamente liberado", y aseguró que la organización continuará con la campaña su liberación.

En consonancia con Vincent, la FIP remarcó: "Exigimos sin cesar la liberación inmediata de Assange en nombre de la libertad de prensa."

El fallo que abrió el camino para la extradición de Assange

El pasado 10 de diciembre, el Tribunal Superior dio la razón a Washington al aceptar su recurso contra el fallo de enero de la jueza Vanessa Baraitser, quien había denegado la extradición de Assange al considerar que presenta riesgo de suicidio.

Burnett y Holroyde señalaron en ese momento que, antes de pronunciar su dictamen, Baraitser debió haber informado a la Justicia estadounidense de sus intenciones, para que ya entonces pudiera presentar garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado a fin de minimizar los riesgos para su salud.

Los jueces agregaron que, en todo caso, las garantías presentadas a posteriori ante el Tribunal de Apelación "son suficientes" y por tanto autorizaban la entrega del periodista.

Durante el juicio del 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de EE.UU., garantizó que si es extraditado Assange no será sometido a "medidas administrativas especiales" (SAM, en inglés) como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence -de máxima seguridad- en Colorado, a no ser que posteriormente hiciera algo para merecerlo.

Assange enfrenta una condena de hasta 175 años de prisión si es declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por 17 cargos de violación de la ley de Espionaje de 1917 y uno de supuesta piratería informática.

Las imputaciones estadounidenses están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de actividades de la guerra en Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 "cables sin editar" del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo.