La firma ESE&CC, que realiza la colocación del tendido eléctrico de alta tensión “Juana Azurduy”, que va de Bolivia hasta la ciudad de Tartagal, sumó una nueva denuncia por incumplir con lo acordado, esta vez, con las comunidades de pueblos originarios de Salvador Mazza.

Allí varios referentes mantuvieron paralizadas las obras unos seis días reclamando que la empresa de capitales bolivianos, a nombre de Marco Vera, quería avanzar sobre sus territorios sin cumplir con lo pactado previamente, que es “contratar por unos 45 días a al menos 8 trabajadores de la comunidad para que hagan labores de desmalezado, limpieza y mejoras en los centros comunitarios de la zona con materiales que la misma compañía debe proveer”, le dijo a Salta/12 el referente guaraní Marcos Segundo.

Según un acta acuerdo que esgrimió Segundo, ESE&CC se comprometía con su comunidad La Bendición, a finalizar las obras del Salón de Usos múltiples que posee esa zona en las afueras de Salvador Mazza, sobre la ruta nacional 34, al límite con Bolivia, así como a acondicionar el camino que los une con aquella ciudad, a la que le falta un puente carretero. Esos trabajos además se concretarían con mano de obra local, pero nada de eso sucedió, por lo que también exigen la presencia del Estado provincial “para que haga cumplir los acuerdos y defienda el trabajo salteño”.

Marcos Segundo, secretario general de la comunidad que cuyo frente está la niyat (cacica) Eulalia Velázquez, detalló que la empresa intimó a todos los caciques de la zona bajo amenaza de que “si no los dejan trabajar van a perder todos los beneficios prometidos, que van a comenzar un juicio y que van a mandar a Infantería”. Por ese motivo, el lunes, tras casi una semana de parate, permitieron a los operarios reingresar al predio por donde pasa el tendido eléctrico.

El mismo dirigente aseguró que ayer por la tarde mantendría un encuentro con dos abogados de la zona “para proceder a una denuncia formal por falta de cumplimiento”. “Porque ellos aducen que no tienen plata para hacer esas obras, pero bueno, ahí tendría que estar el Estado”, añadió.

La obra de tendido eléctrico tiene su origen en la Planta Termoeléctrica de Yacuiba, en el vecino país, y debe atravesar 71 kilómetros desde la frontera hasta el sur de la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, para proveer de energía a todo el país. Si bien está 100% financiada por Bolivia, el acuerdo con las prestatarias es que negocien trabajo y mejoras con cada comunidad por donde se deben instalar las torres de alta tensión.

El antecedente

Pero esta empresa no es la primera vez que es noticia, ya a principios de año unos 15 empleados del área administrativa, ubicada en la localidad de General Mosconi, en el mismo departamento San Martín, fueron despedidos sin causa y los reemplazaron por trabajadores de Bolivia.

Esos empleados, algunos con una antigüedad de tres años, aseguraron que los procedentes del país vecino ni siquiera llegaban con permisos de trabajo sino que “entraron con visa de turistas”, y que los 15 despedidos eran los únicos argentinos contratados.

Judith Álvarez, una de las despedidas, contó que a muchos de ellos les llegaron las notificaciones mientras se encontraban realizando aislamiento por covid, debido a que días antes, “muchos técnicos extranjeros y de otras provincias estuvieron visitando las instalaciones y fueron los que trajeron ese bicho”.

Pero lamentó que a pesar de que realizaron las denuncias pertinentes en la delegación Tartagal de la Secretaría de Trabajo de la provincia, “nadie hizo nada, ni inspeccionó nada”  hasta el momento.

Álvarez confirmó también que ESE&CC no es la primera vez que tiene problemas con las comunidades por incumplimiento, así como con proveedores a los que "les deben pagos desde el mes de noviembre”.