“Queremos manifestar nuestra profunda indignación y repudio por el accionar del personal de salud del Hospital Juan D. Perón de la localidad de Tartagal, provincia de Salta, responsable de la violencia obstétrica perpetrada contra Aldana Quico”, afirma el comunicado que dio a conocer la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), tras el hecho acontecido el 13 de enero pasado. Ese día la chica de 18 años falleció tras habérsele negado la práctica de una cesárea para interrumpir su embarazo de un feto que ya estaba muerto.

Quico era oriunda de la comunidad wichí La Puntana, ubicada a unos 45 kilómetros de Santa Victoria Este, municipio del departamento Rivadavia. Para la CONSAVIG, este es un caso más de violencia obstétrica que se conoce entre las congéneres de Quico, quien se había mudado desde su lugar de residencia habitual a otra comunidad cercana a la ciudad de Tartagal (cabecera del departamento San Martín), precisamente para garantizar que podría acceder a controles médicos durante su embarazo.

La adolescente agonizó al menos doce horas rogando que le extrajeran el feto que ya estaba muerto en su vientre. Sin embargo, “fue obligada a permanecer en esa situación a la espera de que se desencadenara el parto por vía vaginal pese a sus gritos de dolor y sus pedidos para que le realizaran la cesárea”, indica el escrito firmado por la titular de la CONSAVIG, Perla Prigoshin. Quico ingresó a las 11 del miércoles 12 de enero y falleció en la madrugada del 13 de enero pasado.

Se acusa por la presunta mala praxis al tocoginecólogo Patricio Parra Marín, quien pretendía que la joven expulsara el feto en un parto normal. Para entonces el médico ya contaba con al menos un antecedente de maltrato a una adolescente qom (toba) que en 2020 ingresó al Hospital con una hemorragia. Según la denuncia de la madre de esta chica, Parra Marín decidió no darle la atención adecuada porque entendía que la adolescente se había practicado un aborto, aunque ella ni siquiera estaba embarazada. En este caso se hizo la denuncia ante el INADI y se pidió el alejamiento del profesional que, de todas maneras, siguió atendiendo en el Hospital.

“Nada se hizo en ese caso. Pero no era nuestra gestión”, dijo a Salta/12 la subsecretaria de Gestión de Salud de la provincia, Silvia Cardozo. Al ser consultada por los avances del sumario administrativo, indicó que Parra Marín fue el último en responder el descargo solicitado y hubo algunos retrasos en las resoluciones porque ella misma y personal a su cargo se contagiaron con covid y estuvieron en aislamiento. A ello se sumó que los asesores legales del Hospital tuvieron problemas particulares que los alejaron de sus funciones temporariamente. Se espera ese trámite para que el área de asuntos legales del Ministerio de Salud provincial emita un dictamen, pero Cardozo adelantó que “seguramente va a haber suspensión sin pago de haberes”. También hay denuncias ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), donde también se esperan novedades.

Por su parte, la CONSAVIG dijo que espera “que la sustanciación (del sumario administrativo) sea ágil y las sanciones ejemplares”, aunque añadió: “Sabemos que la sanción siempre llega tarde”. E instó entonces “a las autoridades del Ministerio de Salud de Salta a poner en marcha de manera urgente las imprescindibles capacitaciones en clave de derechos humanos para lxs profesionales de los tres subsistemas de salud, con especial énfasis en los efectores a los que concurren las mujeres de comunidades originarias”.

Una escena repetida

La CONSAVIG sostuvo que la información otorgada por organizaciones de mujeres de la zona así como las declaraciones de las mujeres de la familia de Quico a los medios, “dan cuenta de una escena repetida en los centros de salud donde concurren las congéneres de comunidades originarias: maltratos, racismo, desatención, profesionales con mentalidad patriarcal, clasista, sin perspectiva de género ni conocimiento del marco normativo vigente”. 

De hecho, no es el primer caso que se conoce de una embarazada que se traslada desde su comunidad de origen a una ciudad más grande para acceder a mejores controles por su estado y termina perdiendo su embarazo, o su vida. En diciembre se había informado incluso de un caso en el Hospital de Orán donde una mujer también agonizó con su parto y su beba falleció a horas de haber nacido.

“Desde el año 2013, en el que esta Comisión Nacional asumió como política pública la visibilización de la Violencia Obstétrica con el fin de prevenirla o en su defecto, sancionarla, observamos en un amplio sector de profesionales de los tres subsistemas de salud, la persistencia en incurrir en prácticas y conductas violentas pero también la prescindencia de los ministerios de salud de algunas provincias en asumir su rol como organismos de aplicación de la Ley 25929, conocida como Ley de Parto Respetado”, señaló la CONSAVIG.

Tras las muertes, la atención

Pablo Solís, uno de los niyat (cacique) de la comunidad La Puntana, informó a Salta/12 que tras la muerte de Quico y de otros dos niños (entre ellos su nieto), por causas evitables, se comenzó a brindar atención de manera continua y diaria en la comunidad.

 “Los médicos están haciendo los controles que deberían hacer siempre en el terreno”, sostuvo Solís al sostener que “todo el mundo va a la atención, desde los grandes a los chicos. Nadie dispara (de la atención de salud)”. Esa fue su respuesta cuando se lo consultó sobre las supuestas “barreras culturales” en las que se escudan algunos funcionarios del Ministerio de Salud cuando deben responder sobre las muertes evitables en las comunidades originarias. 

“Queremos que esto continúe y los operativos de atención deberían ser siempre y no solo para los más chicos. Acá estábamos abandonados y queremos un médico y una ambulancia” que siempre puedan estar en el lugar, sostuvo Solís. Sucede que si bien la comunidad está a una hora y media de Santa Victoria Este, al menos 20 de los 45 kilómetros son de caminos intransitables y los otros 25 son en una ruta que en ocasiones, sobre todo cuando hay crecidas del río Pilcomayo o lluvias, también termina cortada.