Ante el fallecimiento de 23 personas y la internación de, al menos, otros 80 individuos por el consumo de cocaína envenenada, referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) y de diversos organismos de derechos humanos solicitan una nueva regulación legal, con el objetivo de cambiar el abordaje estatal sobre las situaciones de consumo. Buscan apoyar y profundizar las iniciativas de reducción de daños: terminar con la criminalización de los usuarios y usuarias de sustancias, a partir de una reforma en la política de drogas.
“Desde hace un tiempo venimos trabajando en rastrear las consecuencias negativas del modelo prohibicionista en materia de drogas y los hechos que ocurren funcionan como un fracaso más del prohibicionismo. La ilegalidad es la que imposibilita a los usuarios saber lo que consumen”, señala Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Luego continúa: “Es dejar de enfocarse en la destrucción de la oferta para pasar a concentrarse en las condiciones de la demanda de la sustancias ilegales”. Desde aquí, la transformación que promueven se vincula con reemplazar el abordaje penal por uno centrado en la salud pública y en los derechos humanos.
La premisa es que aunque el prohibicionismo y la guerra contra las drogas constituyen el enfoque hegemónico, existen opciones que pueden funcionar. Desde aquí, se propone evitar la demonización de los consumidores, fomentar la democratización del acceso a la información sobre la calidad y los efectos que ocasionan las drogas, mejorar el acceso al sistema de salud y no tener que recurrir al mercado ilegal para acceder a las sustancias. Los consumos son responsables cuando se empodera a la ciudadanía para que así sea. “La reducción de daños implica poder conocer los riesgos que pueden provocar las situaciones de consumo. No son recetas mágicas, sino que dependen de cada persona, de las sustancias así como de las comunidades en las que se encuentran. Tenemos que dejar de criminalizar a las personas que consumen”, relata Darraidou. En efecto, las intervenciones que se realicen desde la política pública deberán relacionarse con las condiciones estructurales que plantea un escenario repleto de heterogeneidades como el argentino.
Al respecto, Gustavo Zbuczynski, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, apunta: “La reducción de daños es una forma particular de entender y solucionar a un problema importantísimo a partir de herramientas distintas a las que brinda el prohibicionismo. Tenemos una clara posición en favor de los derechos humanos y también en las libertades individuales”. Y agrega: “Surge como un abordaje pragmático, se vincula con aceptar que hay un problema, que existe un consumo que es real”.
El enfoque prohibicionista es un fracaso y se revela en números. Un conflicto que, lejos de ser privativamente doméstico, también es global. Según el Informe Mundial sobre las Drogas publicado en 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aproximadamente, 275 millones de personas consumieron drogas en todo el mundo durante el último año y más de 36 millones afrontaron trastornos por su consumo. Otro dato que destaca el trabajo es que entre 2010 y 2019, la cifra de personas que consumen se incrementó un 22 por ciento.
El tabú y la estigmatización se ubican con problemas adicionales. “Cuando la gente que consume tiene un problema no se acerca a los sistemas de salud por el temor a ser denunciados, penalizados y demás. Tampoco lo hacen porque tienen miedo que se descubra un consumo que no están dispuestos a compartir o mostrar con el resto de la familia”, comenta Zbuczynski. Y remata: “Necesitamos un cambio: en vez de tratar el consumo desde lo penal, necesitamos abordarlo desde una perspectiva socio-sanitaria”.
Consumidores, no criminales
“Tenemos que ir hacia una política de despenalización, es decir, sacar del sistema penal todo lo que tenga que ver con perseguir a las escalas más bajas del narcotráfico. En Argentina, lo único que ha logrado la penalización es meter en cana a pobres que tienen problemas de consumo. Al que hay que ir a buscar es al narco, pero para eso hay que ir a los barrios privados, no a las villas. Los que mueven la guita y hacen los negocios están en otro lado”, afirma Zbuczynski. La Ley 23.737 rige en el presente, fue sancionada en 1989 y castiga la tenencia de drogas para el consumo y la comercialización. El prohibicionismo, según los especialistas consultados, desvía la atención del verdadero problema: el narcotráfico. Si aún la sociedad no está preparada para legalizar la cocaína, un paso intermedio podría ser la despenalización y la intervención por parte del Estado para atender a los consumidores.
“Lo primero que hay que hacer es modificar la Ley de drogas que criminaliza la tenencia para el consumo personal. Necesitamos una política que nos permita realizar los análisis correspondientes para saber lo que la gente consume, porque resulta que también se prohíben aquellas sustancias que nos habilitan a hacer los testeos”, describe Zbuczynski. El problema, de esta manera, emerge por partida doble: no solo se prohíben las drogas sino también los químicos que permiten trazar un examen fiable de la calidad del producto que la gente consume. Un ejemplo paradigmático, según Zbuczynski, es el de las fiestas electrónicas: “Si yo mañana pongo un stand de testeos para analizar lo que los pibes consumirán, voy en cana”. Tener la necesidad de un bastón químico para sostenerse ante la vida no convierte de manera automática a los consumidores en criminales.
