A partir de la semana que viene comenzará en Diputados el debate de la “Ley de Compre Argentino”  que el Gobierno envió días atrás al Congreso. El objetivo es aumentar el peso de los proveedores locales en las operaciones de compra y las contrataciones que realiza el Estado nacional. Fue elaborado por la secretaría de Industria del Ministerio de la Producción, que conduce Francisco Cabrera. A nivel político, con esta iniciativa el Gobierno busca calmar el ánimo de los industriales, muy afectados por la política económica oficial y sin muchas perspectivas de mejora en el corto plazo. La ley tiene el apoyo de las principales cámaras empresarias. La otra movida parlamentaria de corte “industrialista” impulsada por el Gobierno fue la Ley de Autopartes, cuya sanción tuvo lugar en agosto de 2016. Sin embargo, prácticamente su puesta en marcha todavía no arrancó. En ámbitos empresarios advierten que es clave que no ocurra lo mismo con la nueva iniciativa.

Las compras públicas representan más del 5 por ciento del PIB y tienen impacto en el 2,5 por ciento del empleo. La promesa oficial (que supera el actual mandato del presidente Mauricio Macri) es que durante los próximos ocho años el sector público invierta 200 mil millones de dólares en infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes industriales y servicios y tecnología. Entre el 70 y el 75 por ciento de esa inversión programada consiste en obras viales y trenes, que son los sectores donde la industria local tiene relativamente buenas perspectivas de integración. También hay buen posicionamiento de la manufactura local en el sector de salud a través de medicamentos y equipamiento médico y en defensa y seguridad nacional. 

En el Gobierno destacan dos novedades que trae el proyecto de ley que permitirían traccionar a la industria local. El primero es que se exige “para el caso de contrataciones de bienes no nacionales la obligatoriedad de celebrar acuerdos de cooperación productiva para promover la integración de proveedores locales y generar mecanismos de transferencia tecnológica en el entramado productivo”. En segundo lugar está la coordinación interministerial, que permitiría elaborar pliegos teniendo en cuenta las capacidades locales.

El camino para que el compre argentino se transforme en un impulso real a la industria nacional es largo. En primer lugar, el proyecto de ley tiene por delante el debate parlamentario. Al tener un corte industrialista, es probable que la iniciativa reciba el visto bueno de al menos una parte del peronismo y del Frente Renovador, aunque se espera que esas fuerzas pidan cambios que el oficialismo podría contemplar. Uno de ellos consiste en un incremento adicional de los “márgenes de preferencia”. Se trata del grado de preferencia en materia de precios que las compras o licitaciones pueden ofrecer a los productores locales. El proyecto de ley establece que se ubicará en el 12 por ciento para las pymes y en el 8 por ciento para el resto de las empresas. Esos porcentajes podrían subir en la negociación parlamentaria. 

Un margen de preferencia del 12 por ciento implica que el Estado optará por el productor local si es hasta un 12 por ciento más caro que el importado. Si ese margen sube, habrá más chances para los industriales locales. En términos de la ecuación de ingresos y gastos del Estado, se supone que cierta preferencia por la industria local no tiene impacto porque, a pesar de ser más costosa de entrada, luego se compensa con la recaudación del IVA y Ganancias que tributa la empresa con mayor actividad productiva por la venta al sector público. El margen de preferencia opera de manera favorable para sectores diversos como la metalmecánica asociada a las obras de infraestructura, libros para las escuelas, jeringas y medicamentos para hospitales y textiles. Brasil tiene un margen de preferencia del 25 por ciento, uno de los más altos del mundo. En países europeos y en los Estados Unidos, ese margen es todavía mucho más elevado en licitaciones vinculadas a la seguridad nacional y alimentaria.

Otro factor central de la ley es la autoridad de aplicación. Se espera que sea el Ministerio de Producción con participación de la Jefatura de Gabinete. La idea oficial es que la autoridad de aplicación intervenga en cada operación de compra pública o licitación para analizar la oferta local del bien o servicio en cuestión y que aplique sanciones ante casos de incumplimiento por parte de otros ministerios. También se podrán adherir las provincias al nuevo régimen de compras públicas. Actualmente rige la ley de compre nacional que data de 2001, pero esa norma es poco más que letra muerta porque no se aplica.

El último antecedente legislativo en materia industrial es la ley de autopartes, que Macri anticipó que generaría 30 mil puestos de trabajo. Fue sancionada en agosto del año pasado y todavía no tiene aprobado ningún proyecto productivo presentado por las empresas. Los autopartistas se quejan de que el Gobierno dejó afuera del programa a los autopartistas de mecanizados.