Las 13.000 familias beneficiarias de viviendas sociales construidas desde 2012 a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) vienen encontrando en los últimos meses la sorpresa de que la próxima cuota a pagar de un mes para el otro traen un fuerte aumento, de hasta 100 por ciento, el doble de lo que venían abonando en muchos casos. Hay titulares de unidades del Plan Federal o del programa "Mi tierra, mi casa" a los que el monto de cuota se duplicó ya desde el tramo final del año pasado. La situación hace eclosión en la Legislatura, que expidió pedidos de informe para conocer el motivo de tan abrupto aumento, y procurar una solución. La decisión del área provincial obedece a que ha concluido la decisión política de congelar montos y desde octubre se aplican incrementos sin peros. 

En algunos casos, como los docentes que habitan un complejo de 40 viviendas en Cañada de Gómez, construido en convenio entre la DPVyU y Amsafé, vienen pidiendo desde setiembre del año pasado "una readecuación en los montos de cuota". Entienden que hubo "sobreprecios" y que la cotización que se le ha dado a sus viviendas, a pagar a 30 años, exceden el valor real de mercado para el segmento "social". A ello se le sumaron en estos meses fuertes incrementos de cuota, según documentación a la que accedió Rosario/12. No llegan a superar el 25% del ingreso familiar, pero se acercó bastante de un solo golpe: de $10.470 de cuota en diciembre pasado, pasó a $20.710 en enero, sobre un sueldo neto de 89.000 pesos, para uno de los casos en ese barrio.

También en el programa "Mi tierra, mi casa" –de construcción de vivienda para dueños de un terreno– afrontan la duplicación del valor de la cuota desde finales de 2021. Una boleta emitida por la DPVyU para el deudor de uno de estos créditos sociales, en el departamento General López, con vencimiento en setiembre de 2021, apuntaba un importe de 7.800 pesos. Para el mes siguiente, la boleta de octubre le llegó con un importe a pagar de $15.800. Más del doble, de un mes para otro.

"Tomamos el crédito en un nodo que había instalado la provincia y luego lo levantaron y no quedó nadie. Veníamos haciendo reclamos", contó la persona titular de uno de estos créditos. "Hoy duplicaron la cuota y llegó a 15, y si el día de mañana la vuelven a duplicar y tengo que pagar 30 mil pesos de cuota será una locura, y todos estamos prendidos porque las casas están hipotecadas", expuso con temor un deudor de aquel sistema que promocionó el gobierno del Frente Progresista.

En un complejo de 82 departamentos que la DPVyU hizo construir en Crespo al 1300, en convenio con sindicatos de Prensa, Televisión y Asociación Médica, el monto a pagar de cada familia se duplicó, literal, de una cuota para otra. De $17.000 a $34.000 en algunos casos, de $25.000 a $46.000 en otros, según el plazo de cada titular. Y de fondo, subsisten vicios de construcción que la empresa licitataria, Pecam SA, dejó de atender poco después de haber entregado las unidades, y hoy persiste en desoírlos.

Las dificultades que la pandemia le impuso a la economía suscitó varios planteos de la Cámara de Diputados al Ejecutivo. Entre marzo y setiembre de 2020, las diputadas Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), Rosana Bellatti (Socialista) y Lucila De Ponti (Justicialista) impulsaron sucesivos proyectos de comunicación por los que la Legislatura le pidió al gobierno que suspendiera las actualizaciones de cuotas, para atender la situación de autónomos monotributistas y de quienes hayan visto mermar sus ingresos por efecto de la crisis sanitaria. De Ponti pidió "analizar la posibilidad de congelar por un año" las cuotas de viviendas sociales del Programa Provincial Habitacional Docente y "evaluar la posibilidad de aplicar un mecanismo diferente". En setiembre pasado, Carlos Del Frade (FSP-Ciudad Futura) logró la aprobación de un pedido de informe al Ejecutivo sobre "los motivos de aumentos del 100% entre las cuotas de junio y de julio, que saltaron de $6.700 a 13.000 pesos" a los habitantes del complejo de monoblocks en Martínez de Estrada y Colombia. En noviembre pasado, el mismo planteo hizo el diputado Juan Argañaraz (Vida y Familia) para el caso de quienes accedieron a viviendas del Plan Federal II, en El Trébol.

La respuesta del Ejecutivo a Legislatura fue que desde abril de 2020 "se dictaron medidas tendientes a minimizar el impacto de la emergencia económica y sanitaria". Aludió así a la suspensión de aumentos que debían aplicar para el trimestre abril - junio de ese año, y en julio volvió a postergarlos para el trimestre hasta setiembre. En octubre se anunció otra postergación más, y desde entonces se fueron aplicando incrementos por grupos de adjudicatarios.

"Hemos tenido reclamos desde el año pasado con distintos planes de vivienda porque las cuotas aumentaron muchísimo. Pedimos que se revea el mecanismo de actualización, la DPVyU concurrió a la comisión y nos respondieron no del todo satisfactoriamente, por lo que pedimos volver a dialogar y debatir el tema", dijo Pacchiotti, titular de la comisión de Vivienda y Hábitat en Diputados. 

Un docente de Cañada de Gómez contó a este diario que hace seis años se inscribió en el convenio habitacional entre DPVyU y Amsafé. "Cuando nos dieron la casa veníamos preguntando cuánto íbamos a pagar, cómo sería la financiación. No nos dijeron nada hasta el día que nos entregaron la llave de la vivienda. Ahí nos desayunamos que era como un crédito UVA, a pagar a 30 años y que iba a comprometer hasta el 25% de nuestro sueldo. Y que también iría atado eso a lo que se ganara en paritarias", relató bajo reserva de identidad. "Averigüé lo que costaba una vivienda social, 250.000 pesos en ese momento, y a nosotros nos cotizaron 850.000 pesos, y eso que el terreno era una donación de la Municipalidad", agregó. De allí surgió una advertencia por escrito que señalaba la presunta existencia de sobreprecios en el cálculo de obra. "Primero nos decían que eso era porque nuestra vivienda era especial; a la primera lluvia el agua entró por todos lados, una calidad malísima. Y cuando reclamamos, ahí nos dijeron 'y bueno, es una vivienda social, qué esperaban'".

"Me molesta que me metan la mano en el bolsillo tan burdamente, y encima debitan automáticamente del sueldo", acotó para el caso de los docentes y empleados estatales. "Hubo gente que quiso renunciar a la casa y le dijeron que si rechazaban la vivienda no podrían participar de otro sorteo por 20 años, y así firmó igual". 

El director provincial de Vivienda y Urbanismo, José Kerz, aceptó que "un aumento del 100 por ciento para pagar no le gusta a nadie", pero lo justificó en relación con el congelamiento de cuotas por casi dos años. Aseguró que no todo el conjunto de adjudicatarios afronta incrementos del 100% y lo acotó a un grupo de 2.376 familias cuya actualización aplica desde enero. "El ajuste se hace por el índice de salario o por construcción, el que sea menor. En este caso fue por el ajuste del salario. Sumando ambos años, el promedio es el 100%", dijo aunque ese número es más propio de la inflación que de la evolución salarial de la mayoría de los gremios de la economía privada. "Veamos el contexto: durante dos años no hubo aumento de cuota por la pandemia. Obviamente, a nadie le gusta recibir un aumento del 100% de cuota, pero de aquí en más volvemos a la normalidad, se ajustará una vez por año", dijo.

Kerz desglosó ese universo de adjudicatarios al que le cayó el doble de cuota. Son 2.247 familias a las que la cuota les quedó en rangos inferiores a 15.000 pesos mensuales, y 129 con cuotas por encima de esa cifra. En rigor, en este segmento hay cuotas que superan los 45.000 pesos por mes. "El aumento promedio da 100,74%, pero de todos modos siempre queda menos que un alquiler para el caso de una vivienda similar, y además, el monto en relación al ingreso tiende a disminuir", contrapesó.

—Un aumento del 100% se espera de un banco, pero no del Estado y de una política social de vivienda -sugirió este diario.

—De un banco tampoco se espera que suspenda la actualización de cuotas por dos años, y nosotros lo hicimos. Además, la misión es ir construyendo más viviendas, así que no hay especulación, todo lo que se recauda se destina a construir más", finalizó.