La Corte Suprema de Justicia provincial sumó dos defensorías civiles en los Tribunales de Rosario, después de 30 años. Además, prometen poner en marcha otras tres en setiembre próximo, para duplicar la capacidad de atención: pasarán de cinco a diez. Así lo confirmó ayer el presidente del máximo tribunal provincial, Daniel Erbetta, quien aseguró que la medida tiene que ver con dar respuesta a los sectores más vulnerables de la sociedad que no pueden pagar un abogado y deben tener garantizado su acceso a la Justicia. Se trata de defensores -con sus equipos de trabajo- que representan y defienden a pobres, menores, ausentes e incapaces en casos de violencia familiar y machista, demandas por alimentos, régimen de visitas, divorcios, tutela, curatela, guarda, desalojos, sucesiones, herencias, medidas de protección excepcional, entre otras. "En 2016, se brindó atención a unas 60 mil personas", graficó Erbetta sobre la demanda. "Las cinco defensorías intervinieron en 500 audiencias y produjeron más de nueve mil dictámenes", en ese período. Solo en violencia familiar, hubo siete mil denuncias en las que actuaron los defensores públicos civiles.
Ante la necesidad de brindar contención a los sectores más vulnerables, Erbetta indicó que hace tiempo se puso el foco en las defensorías civiles. "Es un espacio que parece olvidado. Cuando uno habla de acceso a la Justicia, éste sería uno de los lugares que más se debería preservar y potenciar para hacer efectiva esa garantía de acceso", dijo ayer. "Para tener justicia, primero hay que acceder a ella, y los que más dificultad tienen son los sectores vulnerables. Las defensorías civiles tienen una función relevante porque tienen a cargo, por un lado la representación en todos los juicios donde haya menores, ausentes e incapaces; y además, la defensa de pobres, menores e incapaces. En general, la mayoría de los problemas, afecta mucho más a los sectores más desprotegidos, por lo tanto, cuando hay niveles de conflictividad en causas como las de violencia familiar, de género, desalojos, para estos sectores es muy complicado", señaló.
La que ayer comenzó a funcionar en la planta baja del Tribunal, sobre calle Pellegrini, es la séptima defensoría civil. "En Rosario había cinco defensorías que fueron creadas hace más de 30 años", recordó Erbetta. "Aprovechando el sistema de traspaso (penal), pudimos reconvertir dos defensorías penales en civiles, previa capacitación. Es decir que a partir de este año se sumaron dos defensorías civiles a las cinco que había. Además, tenemos abierto el llamado a concurso para tres más, que se sumarán en setiembre. Vamos a estar duplicando la capacidad de respuesta, después de 30 años. Esto permitirá mejorar notablemente el servicio", destacó.
Al mismo tiempo, indicó que habrá más comodidad en la sala de espera, ya que después de la feria de invierno se habilitará un sector climatizado, con televisor plasma y lactario, para que se termine la incomodidad de los pasillos. "No solo apuntamos a que haya una garantía en el acceso de los derechos, sino también a que tengan comodidades propias del trato que merecen las personas", señaló el presidente de la Corte. Y agregó que San Lorenzo, Casilda, Villa Constitución, Cañada de Gómez y Venado Tuerto crearon secretarías de violencia familiar, que no existían y los demandantes debían viajar a Rosario.
En tanto, relató que en 1987 se crearon, también, seis defensorías zonales, para descentralizar y descomprimir; y dijo que este año se sumará una nueva, aunque no está confirmado en qué barrio.
Con respecto a la reconversión, Erbetta indicó que quedan defensorías penales para tratar causas del sistema conclusional; mientras que el Servicio Público de la Defensa Penal atiende a los nuevos casos, desde 2014.
Penal. "El sistema conclusional avanza como estaba previsto", dijo Erbetta. Y destacó las diferencias con el nuevo sistema: "Antes una causa podía estar hasta seis años solo en la etapa de sentencia; hoy todo el proceso se hace en un año y medio, promedio". También agregó: "Para tranquilidad de la gente, no hay impunidad, porque las causas con pruebas siguen en marcha y se aplicó la ley en las situaciones que correspondía, como aquellos casos en los que no hay prueba y no se encontraron elementos para sostenerlos. En lugares como Casilda, ya prácticamente no hay causas viejas", dijo.
