"Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias que les han sido legadas por el pasado", escribió Karl Marx.

El gobierno del Frente de Todos ha debido lidiar con circunstancias difíciles. El macrismo dejó una profunda crisis económica y social, una deuda interna en default y una deuda externa que impedía la recuperación. Y luego llegó la covid 19.

La Argentina deja atrás la tercera ola de la pandemia con 90 por ciento de su población vacunada y un PIB 7,2 por ciento superior al de fines de 2019. Arreglando con el FMI, también concluye la reestructuración de la deuda pública.

¿Es el inicio del crecimiento con equidad para el que este Gobierno fue electo? Existe un fuerte debate. Vale revisar algunas de las críticas que se hacen al acuerdo. Las dos primeras provienen de la derecha y las tres siguientes del propio campo popular.

1. "Este acuerdo es inútil, porque la deuda no era tanta y el Stand-by de Macri estaba siendo exitoso"

Los responsables de Juntos por el Cambio minimizan la deuda que emitieron: 72 mil millones de dólares dice Hernán Lacunza, el último ministro de Economía del gobierno anterior; 48 mil millones dice Mauricio Macri. 

La Secretaría de Finanzas muestra que durante esa gestión la Administración Central emitió deuda neta (colocaciones menos amortizaciones) por 167 mil millones de dólares, sobre todo en moneda extranjera, lo que llevó el endeudamiento del 44 al 89 por ciento del PIB.

También afirman que ellos podrían haber administrado esa deuda sin reestructurarla. No es así. Los vencimientos de capital para 2020-2023 llegaban a 176 mil millones de dólares, de los cuales 68 por ciento eran en moneda extranjera. 

A fines de 2015, los vencimientos para 2016-2019 eran la mitad y 64 por ciento estaban en pesos. Más aún, 50 por ciento de los pagos de 2016 era al Banco Central, deuda más fácil de refinanciar que la que dejó Macri con acreedores privados y organismos internacionales, entre ellos el FMI.

Además, el gobierno de Macri cerró las fuentes de crédito: en abril de 2018 perdió el acceso a los mercados externos de capitales (por eso acudió al FMI), y en agosto de 2019 clausuró los mercados internos con un insólito default, para finalmente en septiembre de ese año suspender los desembolsos del FMI.

Sugerir que el programa con el FMI estaba siendo exitoso es un absurdo que el propio staff del Fondo se encargó de desmentir.

2. "El acuerdo no resuelve nada y es una bomba de tiempo"

Para el establishment internacional y la derecha nativa, al no reimponer las políticas de ajuste y no incluir privatizaciones ni reformas estructurales de corte neoliberal, el FMI deja pasar la oportunidad de establecer las bases de "un crecimiento duradero".

Parten de la idea de que primero hay que aplicar un ajuste recesivo que elimine los déficits y devuelva la confianza a los mercados para luego crecer. Ignoran el círculo vicioso por el cual la recesión hace perder recursos fiscales y las altas tasas de interés aumentan el gasto público, de modo que no se logra ni el equilibrio ni el crecimiento: el PIB cayó 4,6 por ciento entre 2017 y 2019, y el déficit financiero del Sector Público fue de 5,9 por ciento del PIB en 2018 y 4,3 por ciento en 2019.

También se alarman por la "bomba de tiempo" que esta refinanciación dejaría al próximo gobierno. En la comparación de los vencimientos del Stand-by de Macri (2019-2024) y del actual Extended Fund Facility (2023-2034) a lo largo de cada programa, incluyendo los años de gracia, se concluye que quien gobierne entre 2024 y 2027 sólo devolverá 4800 millones de dólares y que los pagos siguientes son mucho más manejables que los que dejó JxC.

3. "Este acuerdo impone un ajuste recesivo"

El programa prevé una reducción paulatina del déficit primario desde 3,1 por ciento del PIB en 2021 a 2,5 por ciento en 2022, a 1,9 por ciento en 2023, a 0,9 por ciento en 2024 y un equilibrio en 2025. El Banco Central deberá reducir su financiamiento del Tesoro a 1,0 por ciento del PIB en 2022, a 0,6 por ciento en 2023 y eliminarlo después. Para algunos críticos son políticas recesivas similares a las del macrismo.

Macri recortó el gasto en jubilaciones, salarios públicos e inversiones. El gasto primario real (excluyendo el pago de intereses) cayó 12 por ciento entre 2017 y 2019: pasó de 29,8 a 24,4 por ciento del PIB, mientras también caían el PIB y la recaudación tributaria.

El acuerdo actual busca reducir el déficit mediante un aumento del PIB y la recaudación, y un mayor gasto primario. Lo afirma el staff del FMI: no es un plan de austeridad, pero sí busca cambiar la composición del gasto, con el incremento del destinado a infraestructura, ciencia y tecnología, la continuidad de programas sociales focalizados y la reducción de subsidios a la energía. Si se verifican las proyecciones económicas (conservadoras) del Memorando, las jubilaciones crecerán 18 por ciento en términos reales de aquí a diciembre de 2024.

¿Es esto viable? Hagamos un pequeño cálculo ilustrativo. Si se supone un nivel del PIB de 100 pesos, un gasto fiscal primario de 29 pesos e ingresos fiscales de 26 pesos. Déficit primario: 3 pesos, equivalentes a 3 por ciento del PIB.

Al año siguiente, el gasto aumenta 3 por ciento en términos reales llegando así a 29,9 pesos. Al mismo tiempo, el PIB y los ingresos fiscales reales crecen ambos un 5 por ciento: el PIB llega a 105 pesos, los ingresos fiscales a 27,3 pesos. El déficit disminuye de 3,0 a 2,6 pesos, y de 3,0 a 2,45 por ciento del PIB: cae más de medio punto del PIB con un aumento del gasto público real.

Mejor todavía si se reduce la evasión fiscal y el contrabando, y se modifica tanto la estructura impositiva como la composición del gasto público con criterios de eficiencia económica y de justicia social. El acuerdo contempla acciones en ese sentido.

¿Y la política monetaria? La emisión de base monetaria (la que hace el BCRA) durante 2020 y 2021 representó 2,3 por ciento del PIB, el mismo monto que el promedio entre 2016 y 2019 (nota para los que hablan de emisión descontrolada durante este Gobierno). 

En 2022, el BCRA emitirá sólo 1 por ciento del PIB para financiar al Tesoro pero también emitirá el equivalente de 1,1 por ciento del PIB con la acumulación de 5800 millones de dólares de reservas (es una de las metas del programa), por lo que no habría un cambio significativo en la creación de base monetaria. 

Para 2022 y sobre todo para los años siguientes habría que sumar a lo que emita el Banco Central por acumulación de reservas los redescuentos al sector financiero (hoy casi inexistentes), y de esa forma relanzar la oferta de crédito productivo. Lo importante para el desarrollo no es la cantidad de base monetaria sino la disponibilidad de crédito.

En suma, este acuerdo no es recesivo pues es compatible con un aumento del gasto público y del crédito productivo. No garantiza la expansión económica que dependerá de otras políticas, pero no la impide.

4. "Este acuerdo no resuelve nada, la deuda sigue siendo impagable"

Se afirma también que el acuerdo no resuelve el problema de la deuda porque no disminuyó el monto, no estiró lo suficiente los plazos (se repaga en diez años, cuando se aspiraba al doble) ni redujo los costos (no se eliminó el sobrecargo en las tasas de interés). Así, no se podrá pagarla ya que a partir de 2025 también empiezan los vencimientos de la deuda reestructurada en 2020.

Las gestiones para eliminar las sobretasas y habilitar una nueva ventanilla en el FMI con créditos a 20 años siguen en pie, y la Argentina se beneficiaría si el Directorio del FMI las aprobara en el futuro. Pero esas mejoras tampoco alcanzarían para pagar todos los vencimientos solamente con recursos propios (los excedentes externo y fiscal).

El problema, sin embargo, está mal planteado. El objetivo no es pagar toda la deuda, sino hacerla sustentable. Lograr "deuda cero" no es una meta viable, ni necesaria; tampoco es lo que hizo el kirchnerismo con la deuda privada. Como en esa época, la reestructuración de la deuda busca ganar tiempo y márgenes de maniobra para que el país logre crecer, y así reducir el peso de la deuda como porcentaje del PIB y de las exportaciones.

Con una deuda que va disminuyendo en relación al PIB, el país podría volver a los mercados financieros y de ese modo pagar buena parte de los futuros vencimientos con nueva deuda (roll over), como hacen todos los deudores soberanos del mundo y como hace el Gobierno con su deuda interna.

5. "Es preferible ir a un default"

Existe la creencia que dejar de pagar al FMI no tendría más efecto que liberar recursos utilizables para el gasto productivo y social ("con el dinero que se paga al FMI se podrían construir cantidad de escuelas, aumentar jubilaciones o pavimentar kilómetros de rutas"). Se acepta que no se accederá al crédito externo pero, se dice, esa es ya la situación actual.

Un resultado más plausible es que el país sufriría un shock financiero y una fuerte devaluación, con consecuencias negativas sobre la inflación, los ingresos reales, la pobreza, las tasas de interés y el nivel de actividad. Con depresión económica y fuga de divisas, se comprobaría que ni la disponibilidad de recursos fiscales es mayor, ni la de divisas. Romper con el FMI para eludir lo que es percibido como un ajuste recesivo llevaría a una situación peor que la que se quiere evitar.

No es cierto, además, que no dañaría el financiamiento externo. Una ruptura abortaría créditos multilaterales y bilaterales y afectaría el crédito al sector privado. Además arruinaría las posibilidades futuras de normalizar el acceso al mercado de capitales externo, lo que llevaría a incumplir también con la deuda privada.

Esto no quiere decir que había que excluir de antemano la posibilidad de un default. Si el FMI hubiera querido imponer condiciones inaceptables, el acuerdo debía rechazarse. Una ruptura se hubiera justificado si el acuerdo imponía privatizaciones, reformas neoliberales de los sistemas fiscal, financiero, laboral o previsional, un salto devaluatorio y ajustes salvajes en las áreas fiscal y monetaria. No es ni remotamente lo que contiene el actual acuerdo.

El Gobierno afirma que este es el mejor acuerdo posible. No quiere decir que sea bueno: el único buen acuerdo con el FMI es el que no existe. Sí es un acuerdo aceptable porque no impone reformas indeseadas ni ahoga las posibilidades de crecimiento.

Más que una postura defensiva y negativa ("no al acuerdo con el FMI"), se necesita una agenda ofensiva y positiva: lucha contra la evasión, control del comercio exterior, reforma fiscal progresiva, apoyo a las Pymes y a la economía popular, recomposición del salario real, crédito a la inversión, recuperación de los puertos privatizados por Menem, sin importar si el acuerdo con el FMI incluye tales medidas. Tampoco las impide.

El sendero hacia un desarrollo inclusivo que abre la postergación de los vencimientos de la deuda externa es estrecho, pero existe, y las posibilidades de éxito son superiores a las que brindarían un ajuste recesivo o una ruptura (default). Es la hora de impulsar un proyecto transformador.

* Exfuncionario de la Cepal y la Unctad. Profesor en la UNQ.