“Vemos con satisfacción que la Corte (de Justicia de Salta) decida abocarse como competencia originaria al amparo. Pero además esperamos que no pare las cautelares que pedimos a la provincia, que aseguraban no solo salud, sino agua caminos conectividad y alimentos”. Esa fue la posición de la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación, Marisa Graham, al ser consultada por Salta/12 luego de que la Corte de Justicia provincial decidiera declarar su competencia para resolver el amparo presentado por el organismo nacional en octubre del año pasado. 

Graham consideró además que la solución a todos los problemas que atraviesan las poblaciones originarias, sus infancias y adolescencias en particular, “no puede ser un número” de teléfono para resolver las urgencias.

En noviembre del año pasado la jueza de Minas, Victoria Mossman, había dispuesto como una posible solución a las urgencias médicas de las NNyA de la zona de emergencia sanitaria (de los departamentos San Martín, Orán, y Rivadavia), que se difunda por carteles y en idioma originario el número de teléfono de funcionarios del gobierno provincial para que puedan dar soluciones. 

Luego la magistrada se declaró incompetente para resolver y elevó el recurso a la Corte de Justicia salteña. Al declarar su competencia, la Corte confirmó la resolución de Mossman. En el amparo se afirmaba como señal de alerta que según informaciones oficiales del Ministerio de Salud de la provincia, más de 7500 niños y niñas de la zona se encontraban en riesgo nutricional.

“Entendemos que no es la solución un número, porque no hay conectividad” en la zona donde se propone esta supuesta solución, sostuvo la funcionaria nacional. El objetivo final del amparo elevado por la Defensoría es la conformación de una mesa interinstitucional que, con cronograma definido, indique los pasos a seguir para dar soluciones a la complejidad que atraviesan las comunidades originarias ubicadas en la zona de emergencia sanitaria. El hecho es que mientras las soluciones se demoran, continúan falleciendo niños y niñas (sobre todo de comunidades originarias) por causas evitables, entre ellas, las que se derivan de la desnutrición.

Para Graham, es preciso reiniciar el armado de la mesa interministerial que estuvo en funcionamiento en 2020 y que, afirmó, “tuvo buenos resultados”. Las alternativas para zanjar cuestiones estructurales demandan acciones “a corto, mediano y largo plazo”, que sean mensurables, dijo. La funcionaria entendió que esto debe tener un momento preciso de inicio, dado que los tiempos de las acciones “no se pueden hacer eternos y los tiempos de los niños y niñas no son lo mismo que los de los adultos”.

En este punto aclaró que la mesa que se solicita no puede ser la misma que se armó para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la causa que resultó a favor de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, en el municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, pues esta conformación que ya cuenta con una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y es específica para dar cumplimiento al fallo del máximo tribunal del continente.

La particularidad de la mesa que solicita la Defensoría de NNyA, mediante el nuevo amparo, es para expandir acciones sobre la totalidad de la zona de emergencia sanitaria, con una precisa articulación entre las carteras ministeriales de la provincia. En esa mesa, sentenció Graham, es imprescindible la participación de referentes de las comunidades originarias que habitan la zona en emergencia.