Amparado en dictámenes técnicos del gobierno bonaerense (uno del Ministerio de Salud, el otro del de Obras Públicas), la Municipalidad de Madariaga sancionó en enero de 1977 una ordenanza que suspendía por varios meses las obras civiles en Gesell, localidad que le pertenecía administrativamente. La medida fue tomada con rechazo desde la Villa, donde se aseguraba que la suspensión iba a frenar un progreso que abarcaba a otras poblaciones vecinas: esa fue la década de expansión del frente balneario bonaerense.

Sin que nadie lo hubiese imaginado, este episodio terminaría acelerando el proceso mediante el cual un año más tarde no sólo Villa Gesell obtendría su autonomía, sino también Pinamar y el denominado Partido de La Costa, un corredor de una quincena de pueblos hasta entonces dependiente de General Lavalle.

Si bien la relación entre esas localidades costeras y sus cabeceras administrativas eran relativamente armoniosas, en los ‘70s las diferencias comenzaron a escalar a medida que el turismo argentino le iba dando músculo a los destinos de playa.

El mencionado diferendo del verano de 1977 generó algunas protestas que no fueron masivas, ni siquiera ruidosas. Aunque parece que el murmullo llamó la atención de los radares militares: la situación fue seguida de cerca por espías al servicio de la Policía Bonaerense, tal como se desprenden de algunos archivos de Inteligencia.

La carpeta que los espías le dedicaron a estos contubernio es frondosa, aunque en ella redunda principalmente una idea disparatada. “Se han detectado varios elementos izquierdistas en la zona, tanto en Villa Gesell como en Madariaga. Al parecer, en este momento no desarrollan actividad alguna, pero es muy probable que desarrollen reuniones encubiertas”, alertaba en 1977 un documento secreto de la Bonaerense.

Otro informe, en tanto, agregaba que en Gesell circulaban vehículos con patentes diplomáticas de países al otro lado de la Cortina de Hierro. Según la información recabada, las células bolcheviques querían aprovechar el clima de disputa entre pueblos para hacer sus intromisiones.

Más allá de estas observaciones delirantes, los documentos también arrojan interesantes observaciones. “La gente de Madariaga vive fundamentalmente del campo, pertenece a familias antiguas de la zona, tiene costumbres muy acendradas y vive en una ciudad cuya población y edificación no ha crecido apreciablemente”, dice un informe. Mientras que, a diferencia de ellos, los de Gesell “provienen de muchos lugares, tanto del país como del extranjero, viven en una ciudad que ellos mismos han hecho, cuya población y edificación crecen permanentemente, y se adaptan al cambio que la época impone”. En suma: “Es muy difícil que mentalidades tan dispares se pongan de acuerdo”.

Como sea, tanto la escisión de Villa Gesell y Pinamar de Madariaga como la del Partido de La Costa de Lavalle era simplemente inevitable. Y las tres terminaron ocurriendo en 1978 entre insistencias reales y fábulas conspiranoicas.

A pesar de que el gobierno militar de la provincia de Buenos Aires se había negado originalmente a conceder esas autonomías, el conflicto de Gesell con Madariaga de principios de 1977 inició un rotundo cambio de posición, tal vez sugestionado por los insistentes pedidos de la Villa, pero también por esos informes secretos de la Policía Bonaerense.

Así las cosas, el 11 de abril de 1978 el gobernador Ibérico Saint Jean promulgó el decreto provincial que declaró Municipio Urbano no sólo a Villa Gesell y Pinamar respecto de Madariaga, sino también al corredor San Clemente-Punta Médanos, hasta ese entonces administrado por el Partido de General Lavalle.

La medida tomó efecto el 1º de julio de 1978 y en Villa Gesell, por caso, se organizó un acto en la Plaza Primera Junta. El mismo fue presidido por un ya anciano Carlos Gesell (quien moriría doce meses después) y Roberto Pidal, sombrío policía que asumió como interventor militar del flamante municipio.

La decisión desconcertó a muchos. Fundamentalmente, a quienes descontaban que la elección iba a recaer en algún vecino geselino. Pero dos semanas antes del acto de asunción, el gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires anunció que el primer jefe administrativo de Villa Gesell como Municipio Urbano iba a ser el comisario de la Policía Federal Roberto Esteban Pidal.

Los geselinos sabían de Pidal probablemente lo mismo que Pidal de Gesell: nada. Los promotores del desconocido líder destacaban entre sus antecedentes más ilustres la Jefatura de Seguridad Metropolitana durante la presidencia de Isabel Perón, teniendo bajo su cargo la custodia de la mandataria durante sus desplazamientos en la ciudad de Buenos Aires.

Pero lo cierto es que Pidal venía acumulando méritos en la fuerza desde mucho tiempo antes. En la anterior dictadura (la que derrocó al gobierno de Arturo Illia) había sido el jefe de un despacho de nombre aparatoso: el Departamento de Información de Políticas Antidemocráticas de la Policía Bonaerense. Y en 1968, ya como Comisario de la Seccional 19 de Palermo, dirigió una violenta represión mientras se realizaba un homenaje a Hipólito Irigoyen en el Cementerio de Recoleta. El operativo incluyó miembros de Infantería, soldados, efectivos policiales, patrulleros, dos carros de asalto y hasta un camión hidrante. La misión era impedir que 150 simpatizantes del expresidente radical colocaran una corona sobre su tumba. Varios diarios de la época describieron cómo fueron reprimidos hasta los puesteros de flores.

Su firmeza a la hora de ejecutar órdenes superiores le permitió a Roberto Pidal participar de represiones históricas, como la Masacre de Ezeiza, en donde distintas facciones del peronismo se enfrentaron mientras Juan Domingo Perón regresaba definitivamente al país tras casi 18 años de exilio.

Antes de asumir como Delegado Municipal de Villa Gesell, Pidal mantuvo su primera reunión de Gabinete en la vieja terminal de ómnibus. Los jefes de las distintas áreas provenían de la delegación que Madariaga tenía en Gesell, aunque Roberto Pidal pudo incluir a tres personas de su confianza: los policías Rubén Muscarelli y Aquiles Delio, que se encargaban de su seguridad personal, y Alfredo Moyano, primer Secretario Municipal.

Roberto Pidal firmaba y se presentaba como Intendente, aunque esto no era cierto. Desde el punto de vista administrativo, era apenas un delegado del Gobernador, aunque políticamente excedía incluso las funciones del Poder Ejecutivo, ya que también tenía facultades legislativas. Pese a que nunca quedaron en claro sus virtudes como administrador municipal, Pidal siguió ganándose la consideración de sus padrinos políticos y militares, sobre todo a fines de 1978 y principios de 1979, cuando dispuso el operativo para encubrir uno de los momentos más penosos de la historia: la aparición de distintos cadáveres en la playa.

Lo mismo ocurrió en las orillas de Pinamar y el Partido de La Costa, donde los cuerpos fueron retirados y enterrados como NN bajo un idéntico modus operandi: hacerlo con sigilo y sin dejar registro alguno. No se supo nada de esto recién hasta mediados de los 2000, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo exhumar algunos y devolverles sus identidades. Para ese entonces, los responsables políticos de aquella atrocidad (los tres interventores designados por la Dictadura en los flamantes municipios costeros) ya habían muerto.