Atrocidades como las vistas en la localidad ucraniana de Bucha, a pocos kilómetros de la capital Kiev, dejan ya varias lecturas. La Unión Europea se dispone a superar el que se ha convertido en su mayor tabú durante toda la guerra: la energía. La Comisión Europea ha presentado este martes el quinto paquete sancionador contra Rusia. Abre la puerta por primera vez el embargo al carbón ruso, una medida que prevé privar a Rusia de 4.200 millones de euros al año. Aunque, de momento, se resiste la decisión de dejar de comprar petróleo y gas, las grandes máquinas de financiación del Kremlin.

Desde el 24 de febrero, día del inicio de la invasión rusa a su vecino, la UE ha pagado por carbón a Rusia 713 millones de euros. Una cifra simbólica si se compara con las transacciones por los otros dos hidrocarburos. El bloque comunitario ha transferido 9.000 millones en concepto de petróleo y 9.642 millones por el gas en estos 41 días de guerra, según cifras actualizadas del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Los otros dos elementos más importantes de la nueva batería punitiva son la prohibición de entrada de buques rusos a puertos europeos, con excepciones como la del petróleo, la ayuda humanitaria o los alimentos, y la inclusión de cuatro bancos rusos, incluido VTB, en el sistema financiero SWIFT. Eso sí, quedan fuera los bancos Sberbank y Gazprombank, las entidades que canalizan la mayor parte de pagos en el ámbito energético.

"Rusia está librando una guerra cruel y despiadada, también contra la población civil de Ucrania. Necesitamos mantener la máxima presión en este punto crítico", ha asegurado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la presentación del paquete. La alemana avisa de que esto "no es todo" y se está trabajando ya en más medidas en el campo de limitar las importaciones de petróleo. De no llegar al consenso entre los Veintisiete para el boicot total se barajan alternativas como la imposición de tarifas a este hidrocarburo.

¿Por qué el gas es el gran caballo de Troya? 

En primer lugar por la enorme dependencia de la mayor parte de países del centro y el este de Europa con este recurso ruso. Pero también porque su traslado, a través de tuberías, lo hace más barato que el procedente, por ejemplo, de Estados Unidos. Además, encontrar mercados y líneas de suministro de este material es más complicado, especialmente en un momento de volatilidad, especulación y alza de los precios.

Pero de momento lo que está sobre la mesa solo se trata de una propuesta. Es ahora el Consejo Europeo el que debe darle su consentimiento por unanimidad. En este sentido será clave el encuentro de los 27 embajadores que se celebra el miércoles en la capital comunitaria. Con algunos de los más reticentes, como Alemania o Austria aparentemente en el barco, la mayor resistencia puede emerger de Hungría. Su primer ministro Víktor Orbán, el líder más prorruso del seno de la UE, acaba de ganar las elecciones y durante los últimos meses ha dejado claro que para ellos cualquier medida contra el sector energético es una línea roja.

El Gobierno ucraniano lleva semanas afeando lo que considera una respuesta tardía e insuficiente de sus aliados. "Para evitar nuevos Buchas hay que imponer la madre de todas las sanciones: dejar de comprar petróleo, gas y carbón procedente de Rusia. Dejen de financiar la maquinaria bélica de Putin. La economía rusa y esta guerra se detendrán en cuestión de meses. Unos meses de apretarse el cinturón valen miles de vidas humanas", señaló Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, que visitará el miércoles Bruselas de forma presencial para participar en la cumbre ministerial de la OTAN.

Nueva fase en la guerra

Batallas encarnizadas como las de Bucha o Mariúpol han acelerado la respuesta de Occidente contra Rusia. Una decena de países europeos, incluido España, ha expulsado a diplomáticos rusos. La UE ha declarado a varios de ellos "persona non grata". Todo ello, sumado al inicio al boicot energético, supone un escalón más en la respuesta de Bruselas a Moscú.

Además, Ursula von der Leyen y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, visitarán esta semana Kiev, donde se reunirán con el presidente Volodimir Zelenski. Su visita a una zona de guerra no está exenta de peligro. Pero el riesgo es mucho menor que el que corrieron hace unas semanas los primeros ministros de Polonia, Chequia y Eslovaquia, con la capital todavía asediada por las tropas rusas. En cualquier caso, cualquier incidente se vería bajo la responsabilidad del Artículo 42.7 de los tratados europeos, pero la OTAN no contempla su implicación ni la activación del Artículo 5 en este hipotético escenario, ya que no se trataría de un ataque sobre territorio aliado.

Aunque la UE da un paso más para asfixiar la economía rusa y convertir al país en un Estado paria, las líneas más sensibles (y las más demandas por Ucrania) no cambian. El gas se queda exento de cualquier castigo. Supondría para los europeos (que importan el 45% de Rusia) pasar un invierno muy duro y frío. En algunos países como Alemania, Austria o Hungría la dependencia es casi total; mientras que en otros como España o Irlanda es mucho más residual. Los países europeos, en coordinación con la OTAN, tampoco traspasarán sus líneas rojas sobre implicación directa en la contienda: no enviarán soldados, ni cazas de combate ni decretarán una zona de exclusión aérea, pero no se descarta que continúan enviando más armamento al Ejército ucraniano.

De momento, en los pasillos de Bruselas asumen que la guerra ha entrado en una nueva fase en la que el objetivo de Rusia ha pasado de buscar la toma Kiev de e implantar un Gobierno prorruso a dominar todo el Donbass y crear un puente terrestre que lo conecte con la anexionada península de Crimea. Según sus servicios de inteligencia, la OTAN estima que las próximas semanas se desarrollará una ofensiva mayor en el este y el sur de Ucrania.