El 1 de marzo de 2019 el ciudadano boliviano Raúl Roberto Cardozo Subia, de oficio bagayero pasando bultos desde la ciudad de Bermejo, en Bolivia, a Aguas Blancas, en Argentina, fue detenido en un control de Gendarmería Nacional en un paso no habilitado, porque en la "lona" que llevaba se encontraron 5 kilos de cocaína.

Cardozo Subia no conocía el contenido de la carga, que llevaba por encargo de una pareja, a la que en el momento de su detención señaló, sin que le prestaran atención. Y más tarde, aún cuando un informe del Hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán, indicaba que tiene retraso mental, fue acusado, indagado, procesado en el Juzgado Federal de Orán y enviado a prisión preventiva en el Centro Penitenciario Federal NOA de General Güemes, donde permaneció por un año y cinco meses hasta que se realizó el juicio oral en el que un equipo de la Defensoría General de la Nación encabezado por la defensora oficial Clarisa Galán, demostró su inocencia y fue absuelto en julio de 2020. 

En el juicio, que el bagayero soportó a duras penas, presa de la ansiedad, se supo que provenía de un hogar rural pobrísimo del pueblo de Yunchará, en el departamento (provincia) de Tarija, lindante con Argentina. Había trabajado desde niño y es analfabeto. Cuando fue detenido tenía pareja y tres hijes, pero su familia se desintegró durante su detención y les niñes habían quedado sin nadie que los cuidara, por eso le urgía regresar. "Estuvo todo mal hecho desde las agencias del Estado" y se vulneraron los derechos de Cardozo Subia, sostuvo Galán. 

Por eso, tras sentencia absolutoria, la Defensoría General de la Nación presentó una denuncia internacional ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en la que señaló que "con motivo de ese proceso se violaron en perjuicio del asistido diferentes disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, así como las Recomendaciones Generales N° 1, N° 2 y N° 6 del Comité que monitorea su cumplimiento".

En ese marco de esta denuncia, la Defensoría General de la Nación y la República Argentina, firmaron el miércoles último un acuerdo de solución amistosa, "un reconocimiento al trabajo" de la Defensoría, en opinión de Galán. En el acuerdo el Estado se compromete a reparar a Cardozo Subia y a tomar medidas para evitar la vulneración de derechos de personas con discapacidad que caen en el sistema penal. 

La defensora pública oficial María Florencia Hegglin, que firmó el acuerdo en representacion de la Defensoría General de la Nación, explicó a Salta/12 que el caso de Cardozo Subia "expuso un contexto de vulnerabilidad de las personas con discapacidad en el sistema penal". Hegglin es además la coordinadora del equipo de trabajo conformado en junio de 2021 en la Defensoría General "para el desarrollo de un proyecto piloto en materia de discapacidad mental, intelectual y psicosocial de personas mayores de 18 años afectadas a procesos penales y privadas de libertad". 

El coordinador del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos de la Defensoria General de la Nación, Mariano Fernández Valle, destacó que este es el primer caso que la Defensoría General de la Nación remite al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las ONU, y está comprendida en "una práctica más general que tiene la Defensoría General de asistir a víctimas ante instancias internacionales de protección de derechos humanos". 

Tiene otra particularidad este caso: es el primero en que el Estado firma un acuerdo de solución amistosa en una situación denunciada ante ese Comité, que ahora evaluará "los términos de ese acuerdo y su compatibilidad con la Convención sobre las Personas con Discapacidad, para que pueda eventualmente ejecutarse". Y, "la tercera cuestión relevante", dijo Fernández Valle, es que este acuerdo"implica un reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado", que "reconoce los hechos y las violaciones de derechos que se denunciaron en el marco de ese proceso internacional" y "se compromete a adoptar medidas de reparación personal para la víctima y también de no repetición". 

Por eso "es un caso de muchísima trascendencia para la defensa pública argentina porque no es infrecuente que la discapacidad intelectual esté totalmente invisibilizada en los procesos judiciales y también en el sistema penitenciario, razón por la cual todos estos compromisos creemos que no solo son importantes para reparar lo que sucedió en este caso concreto, sino sobre todo para que este tipo de casos no vuelva a ocurrir". 

Invisibilizadas en el sistema 

Cuando personas que tienen discapacidad intelectual quedan inmersas en el sistema penal deben enfrentarse al trato con otros detenidos en un contexto que se suele caracterizar por la hostilidad; además, están invisibilizadas en su condición de discapacidad, lo cual se agrava si se tiene en cuenta que la participación plena de las personas con discapacidad intelectual "fundamentalmente depende de las barreras u obstáculos que va a tener en su experiencia", reseñó Hegglin. 

Precisamente, dijo, cuando ingresan al sistema penal estas personas se encuentran con una serie de barreras, como el lenguaje críptico de la práctica judicial, lo cual le dificulta comprender con exactitud la acusación, así como el desconocimiento o la falta de comprensión de los derechos que puede ejercer y la falta de comprensión de la verdadera implicancia de un juicio. "Cuando ingresa al sistema penitenciario se incrementa su estado de indefensión y de vulnerabilidad", y "si no hay apoyo, si no hay ajustes (al sistema) no hay manera de garantizar la participación plena de esas personas", sostuvo.  

En estas condiciones "se corre el riesgo de condenar o de mantener detenida a una persona por años, como pasó con Cardozo Subia". Incluso se dan casos en que estas personas terminan reconociendo culpas sin comprender realmente de qué se lo acusa y qué consecuencia le deparará ese reconocimiento. 

Además, muchas veces la discapacidad se confunde, se cree que la persona es analfabeta o tiene dificultades en el manejo del idioma o se atribuye a los nervios sus dificultades para comunicarse, "y no necesariamente es así". 

Hegglin consideró que por esto "es fundamental este acuerdo" y "el compromiso del Estado argentino" que, entre otras obligaciones para intentar superar las barreras del sistema penal, se impuso el deber de establecer mecanismos de detección temprana; de confeccionar un protocolo, a que haya una comunicación accesible, y abrió la posibilidad de adaptar los planes de educación; asimismo, jueces, fiscales, defensores, integrantes del Cuerpo Médico Forense reconocen el problema y se comprometen a llevar adelante programas de capacitación. 

"Había señales de alarma"

La defensora oficial Clarisa Galán, que mantiene contacto semanal con su defendido, ya reubicado en Bermejo, y reencontrado con sus hijes, puso énfasis en que hubo "señales de alarma" que debieron haber provocado que el caso de Cardozo Subia se definiera mucho antes de llegar a juicio, 17 meses después de su detención. En cambio, "estuvo todo mal hecho desde las agencias del Estado".

"Lo que nosotros claramente nos dimos cuenta en el primer contacto es que no se habían ajustado los términos del proceso (...), pese a que había señales de alarma", aseguró. Recordó que los mismos agentes penitenciarios les pedían que hicieran algo por Cardozo Subia. El primer informe sobre su salud mental sostenía que tenía un retraso leve, luego se determinó que era moderado a serio. 

La defensora recordó que primero fueron a hacerle una serie de tests con la psicóloga Mónica Jarruz, de la Defensoría, que luego se hizo una junta médica y más tarde el Hospital Neuropsiquiátrio Miguel Ragone fue "bastante contundente" confirmando este diagnóstico. Y señaló que, a pesar de esos informes, la fiscalía "no se convenció hasta antes de llegar a juicio", y hubo que realizar un mes de juicio oral, sentar en la sala a una persona con retraso mental, y "todo lo que tardamos a pesar de todos los informes psiquiátricos que teníamos, por eso se sentó (en el acuerdo ante el Comité) a las agencias del Estado que fallaron". "Es muy notorio que a pesar de que veíamos lo que sufría Raúl Cardozo" se siguiera con el proceso, por eso es tan fuerte, insistió. 

Galán recordó que era "muy difícil explicarle" a Cardozo Subia el proceso que enfrentaba. El "changuero", como él se describió, no tiene capacidad de pensamiento abstracto, no puede hacer cuentas, ni aprender a leer y escribir, y le costaba mucho comprender las preguntas en el juicio. Con lo que se vió con mayor claridad todavía la necesidad de utilizar un lenguaje sencillo y claro en estos procesos, señaló la defensora oficial. 

Galán añadió que en Salta y Jujuy, con "índices de pobreza tan grande", donde hay personas con desnutrición o que la han padecido de niñes, "lamentablemente hay muchos casos (de personas con discapacidad intelectual) que el sistema atrapa". La defensora destacó que si bien el Estado argentino asumió un compromiso internacional de luchar contra el narcotráfico, esa persecución "no puede ir en contra o violando derechos comprometidos" en otros tratados internacionales, como los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, Galán advirtió que "La ayuda quizás llegó demasiado tarde porque a Cardozo Subia nadie le devuelve los 17 meses que estuvo detenido". La defensora mantuvo informado a Cardozo Subia de la presentación internacional y lo comprendió: "Si a mí me van a ayudar y no le va a pasar a otro, está bien", razonó. 

En el acuerdo de solución amistosa se establecieron diferentes medidas de reparación al daño provocado, entre ellas el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino y el compromiso de darle publicidad al acuerdo; una reparación pecuniaria a Cardozo Subia, a fijarse por la vía de un tribunal arbitral; medidas de no repetición, que incluyen la implementación en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal de un cuestionario para identificar posibles limitaciones o dificultades de carácter intelectual, la elaboración de un protocolo de actuación para personas privadas de libertad con discapacidad intelectual en el ámbito federal y capacitaciones para sus agentes.

Por el Estado nacional firmaron el acuerdo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Javier Salgado. Ahora el acuerdo tiene que ser aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional y evaluado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para su posterior seguimiento.