Un nuevo hecho de violencia fue denunciado contra René Quintero un sujeto que acumula desde el año 2019 acusaciones por violencia de género y abuso sexual sin que la justicia actúe de manera preventiva. Esta vez, fueron dos empleados de la empresa de energía de Catamarca Ec Sapem, quienes aseguraron que el hombre los agredió por detrás y noqueó a uno de ellos mientras le quitaban el medidor por incumplimientos de pagos del servicio.

Desde la Ec Sapem, confirmaron a Catamarca/12 que el hecho violento se registró en la localidad de Bañado de Ovanta, cuando los operarios habían concurrido a un domicilio para quitarle el medido por incumplimiento de los pagos del servicio de energía eléctrica. Según explicaron, Quintero aprovechó cuando uno de los empleados estaba concentrado en su tarea para darle un golpe de puño en la cabeza. La fuerza habría sido tal que noqueó al trabajador y éste cayó al piso confundido.

La situación fue observada por su compañero de tareas quien reconoció al agresor y con esa información lo denunciaron en la Comisaría de la localidad. Al saber lo sucedido, la empresa de Energía puso a disposición su cuerpo de abogados a quienes les pidieron que el violento sea detenido para que la agresión no quede impune.

Paradoja

La historia de denuncias sin detenciones contra Quintero se remonta al año 2019 cuando, cansada de los abusos y los golpes, su ex esposa logró huir con sus hijos pequeños y acusarlo en la Justicia. La pericia psicológica que le realizaron en su momento estableció que era inimputable y desde entonces sus víctimas debieron atravesar una odisea que aún hoy, con él libre, no concluye.

Los primeros días de febrero, desde el Ministerio de Seguridad, responsables de la colocación de las pulseras duales rastreadoras, decidieron desistir de la colocación del aparato ya que por segunda vez se lo había quitado. Desde  ese momento, el miedo de su ex esposa y de sus hijos volvió a ponerlos en vilo y a merced de sus deseos.

“La opción de dejarlo libre no es opción si hay un riesgo permanente de que se haga daño a él o a terceros”, había asegurado la psicóloga Carolina Álvarez a Catamarca/12 tras cuando Quintero se había quitado la pulsera por primera vez.

“Me siento burlada y desamparada por la Justicia y el Estado”, dijo por su parte su ex esposa la segunda vez que Quintero se sacó la pulsera y la notificaron que no volverían a ponérsela.

Impune

Quintero, luego de ser denunciado por su ex esposa e incluso por su hijo por; violencia, agresiones sexuales, amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, desobediencia judicial, incumplimiento de restricciones, fue declarado inimputable por las profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). Tras esto, la Fiscalía Penal se acogió a la Ley de Salud Mental y adujo que nada podía hacerse por lo que fue liberado con restricciones, que incumplió de manera sistemática.

Esta situación, originó que su ex esposa debiera recluirse junto a sus hijos menores de edad en el Hogar para Mujeres Warmi durante 18 meses. Además tuvo que cambiar de localidad y domicilio ante el peligro que corría su vida. 

En agosto de 2021, y por orden judicial se le colocó una pulsera dual. Esto, que pareció una solución en ese momento, volvió a resurgir cuando Quintero decidió quitársela los primeros días de enero de este año porque “no podía usar short”.

En aquel momento, desde el Ministerio de Seguridad, responsable de la colocación del aparato, admitieron a Catamarca/12 que el sujeto “está acostumbrado” a incumplir las normas y previeron que los seguiría poniendo en vilo el resto del año.

Cumpliendo con este pronóstico, Quintero además de quitarse el aparato nuevamente lo rompió. La Justicia en turno por la feria judicial, decidió no colocarle más el aparato y ordenarle restricciones nuevamente.

Riesgo para terceros

En agosto del año pasado, la fiscal Miriam López, pidió el sobreseimiento de Quintero por las 11 imputaciones que tiene en el marco de la declaración de inimputabilidad. En el escrito, solicitó además que sea internado. Sin embargo y pese a que los Estados deben tratar los casos de violencias contra la mujer de manera urgente el Juzgado de Garantías aún no resolvió.

Por su parte, la abogada de la denunciante, la defensora oficial Astrid Acuña, había solicitado también su internación involuntaria, tal como marca el artículo 34 del Código Penal para estos casos. Así, recordó que el Informe de la Junta Médica del 2020 expresó que “el imputado pese a no comprender la criminalidad del acto reviste un “riesgo inminente para sí y para terceros” y por tal solicita internación involuntaria con custodia policial como medida para el caso”.

En tanto, contó que paralelamente ya se hizo un informe a la Corte de Justicia de la provincia para que establezca un protocolo para casos de agresores que representen un riesgo para ellos y para terceros, algo que hasta el momento no se resolvió.

El caso de Quintero, es solamente testigo de otros más que tiene la provincia y a los cuales no se les da solución. No existe un lugar adecuado para internarlos tal como hay en otras provincias y que están enmarcados en la Ley de Salud Mental y el propio Código Penal.

La licenciada Álvarez había advertido también apelando al artículo 34 del Codigo Penal “La opción de dejarlo libre no es opción, no tiene que ser para nada, ni desde salud, ni desde la justicia, ni para nadie. Por los riesgos de la mujer y los que corre él. Bastas demostraciones de agresiones tuvo para seguir libre. Ya delinquió y transgredió las veces que quiso y como quiso. Qué estamos esperando”.