En su última sesión, el Concejo aprobó un proyecto por el cual Rosario se convirtió en la primera ciudad del país en adherir al decreto del gobierno nacional que crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) y la emisión del Certificado de Vivienda Familiar. El registro le permitirá a miles de familias que viven en los 111 asentamientos irregulares de la ciudad acceder a todos los servicios y constituye un avance para una futura titularización de la tierra. "Es una conquista histórica en términos de este reconocimiento, a partir de un relevamiento que nunca existió, pero además el certificado de vivienda es un certificado de posesión para toda la familia. Ahora, cualquier vecino de la ciudad podrá ir a la EPE y pedir el servicio de luz", señaló a Rosario/12 el concejal Juan Monteverde, del bloque Ciudad Futura, autor de la iniciativa que fue acompañada por varios ediles. "El segundo paso es urbanizar e integrar a la ciudad todos los asentamientos, cambiando el paradigma: ya no es erradicar las villas si no todo lo contrario", agregó Monteverde.

Con la barra colmada por integrantes de organizaciones sociales, y tras un largo y fructífero debate, los ediles aprobaron el pasado jueves la adhesión al Registro de Barrios Populares. La iniciativa, que fue aprobada por amplia mayoría, fue acompañada por los concejales Eduardo Toniolli (PJ), María Eugenia Schmuck (Radicales Progresistas), Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario) y Celeste Lepratti (FSyP), y se sumó un proyecto similar del bloque de concejales del PRO.

El decreto encomienda al municipio a suscribir los convenios necesarios con la Agencia de Administración de Bienes del Estado u organismos pertinentes de los gobiernos provincial y nacional para cumplir con lo que establece el decreto nacional que creó el Renabap. Además, se requiere solicitar al gobierno provincial que suscriba los convenios de cooperación para lograr una implementación eficaz del decreto nacional.

Entre agosto de 2016 y mayo de 2017 diferentes organizaciones sociales realizaron en forma conjunta con la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional el relevamiento nacional de barrios populares -villas, asentamientos y urbanizaciones informales- con el objetivo de generar información precisa y fidedigna de la situación actual de los mismos y de los ciudadanos que allí viven. El relevamiento arrojó que en el país hay más de 4.000 barrios populares, 111 en Rosario.

La creación del Certificado de Vivienda Familiar, un documento público inédito en nuestro país, tendrá implicancias concretas para el acceso de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública de agua, electricidad y cloacas, además de permitir exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos. "No es un título de propiedad, pero lo que hace es vincular un lote de tierra con una familia, y en ese sentido es un certificado de posesión, es una herramienta legal que hasta ahora era impensada", consideró Monteverde. El texto aprobado reafirma esto como "una oportunidad para avanzar en mecanismos de integración urbana que aporten a disminuir desigualdades sociales".